El 71% de los andaluces sufre problemas legales vinculados al ámbito laboral
Para intentar solucionar estos problemas, un 30% de los andaluces encuestados recurrió a los servicios de un abogado
Un 71 por ciento de los andaluces afirma haber sufrido directamente o en alguien cercano problemas legales relacionados con el ámbito laboral, ya sea las condiciones laborales --salario y características del contrato-- o prestaciones --paro, ayuda social y renta mínima--, según un estudio de CPP España.
Dentro del conjunto nacional, Andalucía acumula el segundo porcentaje más alto, solo superada por la Comunidad Valenciana (79%) y seguida de Cataluña (70%), Castilla y León (69%), Madrid (61%) y Galicia (53%).
Para intentar solucionar estos problemas, un 30 por ciento de los andaluces encuestados recurrió a los servicios de un abogado (frente a un 41% de media en el conjunto nacional), un 29 por ciento acudió al asesoramiento en sindicatos, un 15 por ciento al asesoramiento en organismos públicos, un doce por ciento se informó a través de familiares o amigos y un diez por ciento lo hizo a través del comité de trabajadores de la empresa.
La conclusión de partida del estudio es que un 88 por ciento de los encuestados se muestra preocupado o muy preocupado por los temas laborales. Si se segmenta esta información por generaciones, los Millenials y la Generación Y (con edades que oscilan entre los 18 y los 34 años) expresan una clara inquietud respecto a estos temas (83% preocupados o muy preocupados); una tendencia que aumenta paulatinamente.
Así, en el tramo de edad que oscila entre los 35 y los 44 años, se alcanza un 85 por ciento de máxima preocupación, un porcentaje que se dispara hasta el 93 por ciento en los dos tramos --45-54 años y 55-64 años-- que viven las últimas etapas de su actividad laboral. Por ocupación, 20 puntos separan a parados (un 96% se muestra preocupado) y estudiantes (un 76% expresa esa inquietud).
Entre los asuntos legales que generan mayor preocupación en el entorno laboral encabezan la clasificación las condiciones laborales, con un 73 por ciento, seguidas a cierta distancia por las situaciones de despido o la extinción de contrataciones (64%), las prestaciones de las que el trabajador podría ser beneficiario (paro, ayuda social, renta mínima), con un 62 por ciento; los cambios en las condiciones de trabajo (movilidad geográfica, horarios), con un 47 por ciento; o las reclamaciones frente a la seguridad social, con un 41 por ciento. Un panel que también desprende algunas diferencias según la edad.
Aunque las condiciones laborales preocupan a jóvenes y mayores, se trata de un asunto que alcanza el máximo nivel de inquietud entre los encuestados de 25-34 años, con un 80 por ciento, mientras que desciende al 75 por ciento entre los de 45-54 años y hasta el 64 por ciento (el menos ratio de la muestra) entre los de 55-64 años. Los más jóvenes -18-24 años- comparte la preocupación por las condiciones laborales (74%) con lo que afecta a las prestaciones laborales (72%).
Y entre las consecuencias más importantes que acarrean estos problemas, un 81 por ciento realza los aspectos económicos, seguidos por los problemas psicológicos (58%) y las relaciones personales/familiares (45%).
VÍAS DE SOLUCIÓN
Según el estudio, un 68 por ciento de los encuestados afirma haber sufrido algún problema en el marco laboral. Este porcentaje es mayor entre los más jóvenes, con un 74 por ciento.
Si en el tramo de edad que oscila entre los 55 y los 64 años no hay dudas sobre que la mejor solución en estas situaciones es acudir a un abogado, la franja 25-54 año prefiere como primera opción el contacto con el comité de empresa o los sindicatos mientras que los más jóvenes recurren con mayor asiduidad a redes sociales y blogs para informase sobre los pasos a seguir.
Un 38 por ciento de los encuestados desconocía productos de asesoramiento legal para temas laborales, una cifra que se incrementa ostensiblemente entre la población más jóvenes, donde un 92 por ciento ignora la existencia de estas soluciones.
Un 76 por ciento del total de encuestados destaca la asistencia y la defensa jurídica como las coberturas básicas que debe incorporar un producto de este tipo. Un 55 por ciento se decanta por la importancia de las negociaciones con la parte contraria; un 48 por ciento por el asesoramiento familiar en temas laborales y un 41 por ciento por la gestión documental.