Más de 10.000 euros de deuda y tres desahucios paralizados: la cruda realidad de un granadino con su vivienda okupada

"Morosos de profesión", así define un granadino a quienes fueron sus inquilinos por un tiempo y que ahora se han convertido en okupas. Desde la pandemia del coronavirus, en 2020, se ha producido un "aumento significativo" de los 'inquiokupas' tal y como señala la Plataforma de Afectados por la Okupación a este medió. Este término ha sido creado por los mismos propietarios que han visto como aquellas personas a las que habían dado las llaves de su vivienda a cambio de un alquiler, con el paso de los meses se han convertido en okupas, haciendo que todos los gastos de suministros, comunidad, más aquellos derivados de una guerra legal interminable, recaigan sobre quienes poseen la vivienda, pero no pueden disfrutar de ella.

Este es el caso de Pedro (nombre inventado para preservar el anonimato del denunciante), un granadino que hace 22 años decidió adquirir dos viviendas contiguas en un bloque de pisos ubicado en Calle Nécora para residir junto a su mujer y sus tres hijas. Con el paso de los años, las tres descendientes hicieron sus vidas lejos de la vivienda familiar haciendo que el piso, que en un origen eran dos viviendas separadas pero se unieron para hacer una única estancia, se quedase muy grande para el matrimonio. Esta pareja decidió volver a levantar el muro que separaba anteriormente ambas casas, dejando una parte más pequeña para ellos y la grande poder alquilarla. Con todo esto se llega a la actualidad, una realidad en la que Pedro convive puerta con puerta con sus okupas.

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Pedro cuenta para este medio que en los primeros meses la relación con sus arrendatarios era buena, "pagaban las mensualidades", eso sí, recalca que "nunca llegaron a pagar los suministros". Este hombre trató con cierta mano izquierda la situación de impago tratando de hablar con sus inquilinas, una mujer mayor, su hija y su nieta, para que le abonasen lo adeudado. Con el paso del tiempo, a la ausencia de abono de los suministros se sumó la del alquiler. "Nosotros esperamos muchos meses, hemos sido muy buena gente, les insistíamos en que pagasen, pero ya llegó un punto en el que tuvimos que denunciar, aunque ahora veo que teníamos que haber ido al juzgado desde el primer día".

Actualmente, la deuda de sus inquilinas asciende a "entre 10 y 11 mil euros", un dinero que aunque en varias ocasiones le han asegurado que abonarán, por el momento no lo han hecho. Lo llamativo de este caso es la historia de la familia que ha okupado la vivienda. Por la vía legal se han producido hasta tres intentos de desahucio, pero en todas las ocasiones se ha paralizado el lanzamiento por un "informe de especial vulnerabilidad que es falso", señala el granadino.

La ley de antidesahucios indica que un núcleo familiar se encuentra en situación de vulnerabilidad si perciben menos de 1.800 euros mensuales, un aspecto en el que se ampara este informe elaborado por los servicios sociales y que Pedro señala como "irreal" tanto así que ya se plantea la demanda por falsedad en documento público. El afectado por esta 'inquiokupación' asegura haber investigado a la familia que actualmente le usurpa la vivienda y afirma que sus ingresos son muy superiores.

"La mujer mayor percibe dos pensiones, una de viudedad y otra porque cotizaría. La hija cuenta con el salario mínimo vital, con estos ingresos se supone, según el asistente social que se quedan en 1.700 euros, pero no es así. Obvia en el informe que la nieta está cobrando una pensión de orfandad. Con lo poco que ingrese ya sube ese dinero. No tendrán la mejor situación del mundo, no digo que no, pero que no vengan con trabas legales. Además, ellas tienen una solución habitacional ya que pueden irse a vivir al chalet de su hermano, por cierto, padre de los dos menores que también han metido en la casa como escudo social. Hermano que, por cierto cuenta con una empresa de la que recibe un buen dinero".

Pedro muestra su más absoluto descontento por la gestión de su caso y por cómo en el informe de vulnerabilidad "tampoco se identifican a los dos menores. El asistente social debe indicar quienes son esas personas, de dónde salen esos dos menores. Si se indica que son hijos de este hombre que percibe su buen sueldo ya estamos hablando de que lo que ingresa esta familia supera el mínimo por lo que no estaría en situación de vulnerabilidad". Entre dimes y diretes, este granadino sigue peleando por recuperar una vivienda que jamás debió perder, pero que por el momento no tiene el más mínimo atisbo de que vuelva a ser suya en un corto plazo de tiempo.