"El 99% de las reivindicaciones agrícolas van dirigidas al Gobierno central"

Si para sus delegaciones en Granada la Junta ha querido buscar un equilibrio entre responsables de perfil técnico y otros con un sesgo más político, no cabe duda de que María José Martín esté en el segundo grupo. Ha vivido la política local como concejal en Baza, ha estado en la nacional como senadora por el Partido Popular y ahora le toca trabajar en la administración autonómica. Dice que se siente a gusto y que su trabajo le ilusiona, sobre todo porque empieza a ver los frutos.

Pregunta: ¿Qué balance hace de su primer año de gestión?

Respuesta: Intenso y positivo, gratificante en el sentido de que ves que bastantes de los objetivos que hay que cumplir en este mandato ya se han puesto en marcha. Por ejemplo en depuración, una asignatura pendiente. Ya están ejecutándose, en licitación o en otras fases un total 46 proyectos que estaban pendientes. Arreglar eso está siendo una prioridad.

P: ¿Ha encontrado muchos asuntos que estaban pendientes desde hace años?

R: En depuración desde luego que sí. En este año he atendido a más de cien alcaldes, aparte de organizaciones agrarias, empresas, cooperativas o ciudadanos de a pie, y cuando hemos hablado con ellos, casi todos venían preguntando qué pasa con la depuradora de mi pueblo. Faltaban muchos deberes por hacer y los estamos haciendo. Estamos hablando de 120 millones de euros que tenemos ya puestos para los proyectos en marcha. Además, vamos a aprovechar para revisar y mejorar depuradoras que ya están en funcionamiento.

P: Los agricultores y los ganaderos de la provincia han protagonizado una masiva manifestación en Granada. ¿Cómo valora su situación y qué está haciendo la Junta por ellos?

R: El primer objetivo de este gobierno y de esta delegación ha sido el contacto continuo con todas las organizaciones, para conocer de primera mano sus demandas y para atajar la situación en la que se encuentran. La mayoría de sus reivindicaciones dependen del Gobierno central, pero desde luego nuestro apoyo lo tienen. Tenemos mesas sectoriales del sector del olivar, del hortofrutícola… Eso es para saber qué podemos hacer como Junta y qué podemos pedir al Gobierno. Hay 60.000 familias detrás de esto y hay que garantizar un precio justo para quienes se dejan la vida día a día y para un sector que es la despensa de Europa. Pero para cosas como una nueva Ley de Calidad Alimentaria o para fijar una política agraria común se debe contar con un Gobierno central fuerte, al que estamos trasladando nuestra colaboración. Estamos aprobando medidas para favorecer a explotaciones agrarias con dificultades, préstamos a interés cero para agricultores, anticipamos 800 millones de la política agraria común, hemos activado unas ayudas paralizadas desde 2017 para arreglar caminos rurales en la provincia en 65 municipios, por un importe de 4,7 millones. Se han aprobado también ayudas para jóvenes agricultores, que en Granada han tenido a 273 beneficiarios. Las comarcas con más solicitudes de subvención han sido las de Huéscar, Baza y Guadix.

P: Que son las que tienen más municipios con riesgo claro de despoblarse...

R: Sí, eso dice algo. Dice que si a los jóvenes les damos la oportunidad, quieren quedarse en su territorio. No se nos llena la boca con medidas que no cumplimos, las llevamos a la práctica. Eran ayudas que no se desembolsaban hasta ejecutarlas y ahora se les está anticipando el 25 por ciento. Y todas las propuestas de resolución que cumplían los requisitos han tenido financiación, mientras que antes algunas quedaban fuera por falta de presupuesto. Eso indica que hay una apuesta clara de este gobierno para que el valor añadido de esos productos se quede en el territorio, y para eso es imprescindible que los agricultores reciban un precio justo.

P: Todos los partidos coinciden en eso, en que los agricultores necesitan precios justos y en que sus reivindicaciones son justas. Entonces,¿quién no está haciendo los deberes?

R: No lo decimos nosotros, son los agricultores los que dicen que el 99% de sus reivindicaciones van dirigidas al Gobierno central, que es quien tiene las competencias, quien tiene que hacer las reformas legislativas es el Gobierno. Nuestro apoyo lo va a tener, pero no podemos suplir sus funciones.

P: ¿Cómo marcha el proyecto de las canalizaciones de Rules, una demanda de mucho tiempo atrás?

R: Es otro proyecto del Gobierno de la nación, que impulsó el Partido Popular. Nuestro compromiso es total. Hemos tenido varias reuniones con el secretario de Estado para que esa infraestructura salga adelante. Antes la excusa era que el gobierno estaba en funciones, pero eso ya no existe.

P: ¿Se puede vislumbrar fecha para su puesta en funcionamiento?

R: Lo primero es que haya unos presupuestos generales del Estado y que haya en ellos una partida para ejecutar las obras. No basta con buenas intenciones. El proyecto lo redactó en su momento el Partido Popular y ahora hay que cuantificar la cantidad

P: ¿Qué futuro le espera a la Vega de Granada?

R: Estamos viendo en qué cosas podemos actuar, como por ejemplo mejorar la calidad del aire. Colaborar entre las instituciones es fundamental y por eso lo hacemos, aunque la competencia sea también en este caso del Gobierno central.

P: La situación de la Costa Tropical merece reflexión aparte. Hay protestas por la falta de infraestructuras para dar salida a los productos de allí. ¿Qué le parece prioritario: el Corredor del Mediterráneo, el tren con Granada, la ampliación del puerto?

R: Hablar de infraestructuras prioritarias es algo muy amplio, porque hay demandas en toda la provincia Por ejemplo, en la zona Norte hemos impulsado la línea de ferrocarril Guadix-Baza-Almendricos, que se paró con el anterior gobierno y estamos empujando para que se haga el estudio informativo, porque es una muy importante. La conexión ferroviaria de Motril también es prioritaria, e intensificar el tráfico del puerto asimismo lo es, porque eso beneficiará al sector agrícola y al ganadero, pero también hay otros. Pero si hay que priorizar, desde luego las conducciones de Rules hay que ejecutarlas sí o sí.

P: En su delegación hay un área menos conocida pero por supuesto importante, que es la de desarrollo sostenible. ¿Qué actuaciones lleva a cabo?

R: Es un área importantísima porque en Granada hay un tesoro medioambiental increíble. Están la Sierra de Castril, la de Baza, el Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada, el Parque Natural de Huétor, con más de 200.000 visitas al año, el de Alhama, Tejeda y Almijara, que compartimos con Málaga, 19 zonas de especial conservación, dos parques periurbanos, monumentos naturales, la Charca Suárez, la laguna del Padul… Tenemos esa riqueza y el reto del Gobierno andaluz es que todo eso sea compatible con el desarrollo sostenible. No podemos vivir de espaldas a ese entorno cuando podemos compaginar el respeto al medio ambiente con que haya gente que viva del turismo, la agricultura o la ganadería dentro de esos territorios. Es algo que nos están exigiendo.

P: ¿Se puede conseguir ese equilibrio en puntos como Sierra Nevada si se tiene un teleférico o si se amplía la superficie esquiable?

R: Si los informes técnicos dicen que eso es posible, el desarrollo sostenible consiste en eso. No se trata de entrar ahí como un elefante en una cacharrería. Los planes que se hagan deben demostrar ese equilibrio. La posible ampliación de la superficie esquiable afectaría al Parque Nacional, por ejemplo, y serán los técnicos los que digan si la actividad es compatible o no. Lo que sí es compatible es, como dicen nuestros ganaderos, mantener limpios los montes con una ganadería extensiva que casi ha desaparecido porque no se han hecho bien las cosas. Y eso afecta a todos nuestros parques naturales. En vez de invitarles a vivir de nuestros recursos, hemos invitado a que los abandonen. Recuperar esa ganadería extensiva es compatible y genera riqueza y empleo. Es como los refugios que se han abandonado. Eso no es sostenible, pero sí lo es la zona de acampada que hemos abierto en Baza, para el uso y disfrute de los ciudadanos. Aquí se han hecho normas para preservar el medio ambiente, pero no para lograr ese equilibrio y buscar el empleo y el desarrollo a través de la ganadería, la agricultura o el turismo.

P: Otro proyecto polémico es el de la construcción de macrogranjas. ¿Cuál es ahí el papel de la Junta?

R: El concepto de macrogranja no existe. Por otra parte, quien tiene competencias en granjas de menos de 2.500 cabezas, tanto en trámites ambientales como urbanísticos son los ayuntamientos. La Junta ahí no interfiere, son los plenos los que aprueban su instalación. La Junta sí interviene cuando son granjas de más de 2.500 cabezas, que también existen. Pero nuestra función es hacer el trámite medioambiental; el urbanístico sigue siendo del ayuntamiento. La autorización la damos si se reúnen los requisitos. Si no, no se da. Hay por lo demás una amplia normativa de control claramente definida a nivel europeo, estatal y autonómico.