A juicio el acusado de agredir a una juez y una fiscal en un juzgado de Almuñécar
La fiscal "rápidamente se colocó entre el acusado y la magistrada" y mantuvo "un forcejeo" con el primero
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada juzga este miércoles al hombre de 61 años al que la Fiscalía pide un total de ocho años y once meses de prisión por supuestamente agredir a una juez y una fiscal en el inicio de un juicio de faltas en el Juzgado de Instrucción 1 de Almuñécar en el que intervenía como denunciante.
Según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos sucedieron en la mañana del 23 de abril de 2013 cuando "nada más iniciarse" el juicio de faltas, el acusado "se levantó de su asiento y, sin mediar palabra alguna, se dirigió hacia la magistrada" y "portando en su mano un punzón de madera bien afilado, subió a los estrados y se lo puso a la altura del cuello, sin llegar a causarle graves lesiones" gracias a la "rápida actuación" de los presentes.
La fiscal "rápidamente se colocó entre el acusado y la magistrada" y mantuvo "un forcejeo" con el primero que "la agredió" en lo que el Ministerio Público califica como un "absoluto desprecio por el principio de autoridad".
En el caso de la juez, las lesiones no precisaron de tratamiento médico, mientras que la erosión y el arañazo que, en mano y rodilla derechas, sufrió la fiscal, supusieron "la activación del protocolo de riesgo biológico con extracción sanguínea para pruebas serológicas".
El médico forense descartó contagio de enfermedades infecciosas, sanando las lesiones "en tres días, ninguno de ellos impeditivo y sin secuelas". La "grave perturbación" que los hechos supusieron en la sala de vistas del juzgado de Almuñécar conllevaron la suspensión del juicio de faltas e impidieron "el normal funcionamiento del orden del día".
Los hechos son constitutivos para el Ministerio Público de supuestos delitos de atentado a la autoridad, lesiones y desórdenes públicos, y de una falta de lesiones. Por todo ello se pide un total de ocho años y once meses de prisión, multas por 1.980 euros, y órdenes de alejamiento a un mínimo de 200 metros y de comunicación por cualquier medio por un periodo de seis meses en el caso de la magistrada, y de siete años en el caso de la fiscal.
El acusado padece una psicosis esquizofrénica "que no consta le disminuya su capacidad de entender y querer" y ha estado privado de libertad por esta causa entre el 23 de abril y el 13 de septiembre de 2013.
