A juicio este miércoles dos promotores acusados de ofertar casas sin suministro eléctrico
La Fiscalía ha pedido penas de dos años y nueve meses de prisión para cada uno de ellos, según el escrito de conclusiones provisionales de la acusación pública
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada juzga este miércoles a dos acusados de supuesta estafa por ofertar viviendas de una promoción en Polopos, en la costa de Granada, pese a que no habían finalizado "las obras de la línea de baja tensión necesaria" para el suministro del edificio.
La Fiscalía ha pedido penas de dos años y nueve meses de prisión para cada uno de ellos, según el escrito de conclusiones provisionales de la acusación pública, al que ha tenido acceso Europa Press, que señala que el Ayuntamiento de Polopos-La Mamola acordó el 21 de mayo de 2008 conceder la licencia de primera ocupación para las viviendas de la sociedad mercantil de los que eran administradores mancomunados los acusados.
Hubo entonces informe arquitectónico en que se hacía constar "la adecuación al uso proyectado y la finalización de las obras conforme a las normas subsidiarias de aplicación".
Sin embargo, unos dos años después, tras "recibir quejas de varios adquirentes de las viviendas y girar oportuna visita de inspección por técnicos municipales", se acordó no ratificar la licencia otorgada, al constatarse que se "impedía el normal acceso a suministro eléctrico, pese a estar realizadas las acometidas eléctricas, por causa de no haber ejecutado la mercantil la línea de baja tensión desde la línea de baja tensión desde el transformador a las viviendas".
"Con carácter previo a su declaración en concurso de acreedores en el año 2009", los acusados habrían concretado las operaciones de transmisión de los inmuebles, "conscientes de que la falta de ejecución impedía el alta de suministro eléctrico a los adquirentes de las viviendas", según el fiscal.
Los querellantes formalizaron el 20 de junio de 2008 la compraventa de dos viviendas por importes de 110.803 y 79.000 euros, reclamando el "perjuicio económico derivado de la imposibilidad de uso y disfrute" de las casas, concretado "en el valor de ejecución de la conexión mediante trazado de línea de baja tensión desde el transformador existente a las viviendas", que supera los 82.000 euros.
