A juicio once acusados de extorsión, estafa, falsedad o cohecho

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada acoge desde este martes y hasta el próximo 19 de mayo, a lo largo de nueve sesiones, el juicio contra once acusados, entre los que se encuentran promotores inmobiliarios, el director de un banco, o un arquitecto municipal, por su presunta implicación en operaciones de extorsión, estafa, cohecho o falsedad documental.

El principal acusado es el empresario de la construcción Pablo Chinchilla, para el que la Fiscalía reclama un total de ocho años y medio de prisión, además de 600 euros de multa, por los delitos de tenencia ilícita de armas, continuado de extorsión, continuado de estafa y falsedad en documento privado y una falta de lesiones.

El resto de procesados son el promotor Francisco A.H.G; Juan C.C.; Mario C.C.; el empresario Pedro R.R.; Víctor B.L.R., arquitecto municipal en La Zubia; Antonio D.M.B, constructor; Vicente G.C.; José J.F.A.G., director de una sucursal bancaria; Concepción C.R., prima de Chinchilla y ; Francisco J.M.A, también promotor. El fiscal reclama para ellos penas de entre un año y cinco años y medio de prisión, por los mismos delitos que Chinchilla, además de cohecho pasivo y activo.

El Ministerio Público describe en su escrito provisional de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, un total de cinco episodios delictivos: el primero, relacionado con el transporte de un arma sin licencia; el segundo, relacionado con el intento de extorsión a un empresario; el tercero, con una estafa inmobiliaria; y el cuarto, con la falsificación del estado económico de una empresa para lograr un préstamo; y el quinto, con la redacción de un informe favorable de un arquitecto municipal a cambio de 60.000 euros.

El primero de los episodios se remonta al 5 de junio de 2007, sobre las 12,15 horas, cuando el acusado Juan C.C. fue sorprendido por funcionarios de la Policía Local de Granada cuando circulaba por la Avenida de Andalucía a bordo de un Porsche propiedad de Chinchilla portando en su interior una pistola semiatumática marca Glock sin número de serie visible al haber sido eliminado mediante fresado de la parte derecha de la corredera y borrado de la recámara del cañón en la zona de la ventana de expulsión, y en perfecto estado de conservación y funcionamiento. Se trataba de un arma, según el fiscal, propiedad del también procesado Mario C.C. y que estaba a disposición de Pablo Chinchilla. Junto a la pistola, se encontró además trece cartuchos metálicos troquelados idóneos para su utilización en ese arma.

En segundo lugar, la Fiscalía refiere otro capítulo en el que interviene Pablo Chinchilla, como promotor inmobiliario y empresario de la construcción y el también inculpado Pedro R.R., empresario del mismo ramo con el que mantenía relaciones comerciales. Sin embargo, en el transcurso de esa relación empresarial, surgieron entre ambos desavenencias "motivadas por la pésima gestión financiera" que Chinchilla hacía de las empresas en las que era socio y administrador (entre otras, Liceras y Chinchilla S.L.; Promociones Yaraví S.L.; Promotora PC Chinchilla S.L.; Chinar S.L.; o Inmocapital Chinchilla S.L.) con "graves pérdidas económicas y deudas relevantes frente a proveedores, administraciones públicas, entidades bancarias, o adquirientes de viviendas.

Todo ello derivó en una situación económica acuciante que hizo que, llegado el día 26 de octubre de 2006, sobre las 12,45 horas, un día después del vencimiento de un pagaré por importe de 4,15 millones de euros emitido supuestamente por Pedro R.R., Chinchilla decidiera enviar a dos personas de su confianza a la puerta de una cafetería, donde se encontraba el empresario. Estas dos personas le conminaron allí, "en tono de gran agresividad", a que solucionara sus problemas con su socio, Pablo Chinchilla.

Del mismo modo, el 14 de noviembre de 2006, sobre las 11,50 horas, Chinchilla envió a cinco personas de su confianza a la sede de la inmobiliaria Ardisa, empresa de Pedro R.R., quienes dirigiéndose a una de sus empleadas le manifestaron que "o paga antes del viernes o pagáis vosotros", y arrojaron sobre la mesa el pagaré de 4,15 millones a nombre de Chinchilla y supuestamente firmado por Pedro R.R. Además le dijeron: "porque eres una mujer, si no, te rajo, te corto una oreja y luego un dedo", y dieron un fuerte golpe en la mesa para que llamara a su jefe.

Tras llamarlo y ponerse al teléfono el hijo del empresario le manifestaron: "somos prestamistas de Pablo Chinchilla, o paga él o pagáis vosotros, hijo de la gran puta, si no pagas antes del viernes te rajo, sé dónde vives y dónde encontrarte". Seguidamente, se dirigieron a la casa del empresario y llamando al teléfono de la puerta de entrada, señalaron: "baja, que te vamos a matar, hijo de puta".

Por otra parte, el 21 de noviembre del mismo año, Chinchilla recibió la visita en su empresa Chinar S.L. de una persona a quien adeudaba 60.000 euros por un trabajo de carpintería en una promoción inmobiliaria, pero otro de los acusados Francisco A.H.G., junto a otra persona ya fallecida, le impidieron entrar y le dieron una paliza.

El tercero de los episodios que recoge la Fiscalía en su acusación se refiere a una promoción de viviendas que iniciaron tanto Chinchilla como Pedro R.R., como administradores de Promotora Chinar S.L., en Las Gabias, ocultando que la vendedora no era la titular de los terrenos y que carecían de licencia de obras a los compradores de las viviendas, a los que les reclamaban dinero como garantía o avala. Pero, el 15 de diciembre de 2006 el Ayuntamiento de Las Gabias paralizó la obra, por lo que los compradores instaron la devolución del dinero entregado --de entre 3.000 y 18.000 euros por afectado--, a lo que los acusados no accedieron.

El cuarto de los capítulos delictivos que atribuye el fiscal a Chinchilla tiene que ver con una operación bancaria. Así, Chinchilla, "necesitado de urgente financiación al haber emitido numerosos pagarés" y letras de las denominadas de 'peloteo' de inminente vencimiento en el Banco Pastor y, puesto previamente con el director de la sucursal de Avenida de la Constitución, el también procesado José J.F.A.G., así como los también acusados Francisco A.H.G., y Vicente G.C., intermediario en la operación, con la finalidad de conseguir una póliza de préstamo de la entidad, conminó a su prima y secretaria en sus oficinas, la inculpada Concepción C.R., para que confeccionara un documento que simulara los balances contables de la mercantil sin actividad Promociones Yaraví de la que era administrador mancomunado su padre.

Así, consiguieron una póliza de crédito de 120.000 euros, operación de que la percibieron el 10 por ciento de comisiones tanto Vicente G.C. como el director de la entidad, que fue cesado después de su cargo.

Finalmente, el quinto de los episodios afecta a los acusados Francisco A.H.G. y Francisco J.M.A., administradores mancomunados de Trivalchin, una empresa promotora que se iba a encargar de la demolición de un edificio y la construcción de 69 viviendas y aparcamientos en la localidad de La Zubia. Para obtener las licencias, acudieron al constructor, y también procesado, Antonio D.M.B., persona que hizo los trámites correspondientes con el Ayuntamiento de la localidad y que entabló relación con el arquitecto municipal, que también era arquitecto particular y había trabajado con Francisco A.H.G. en otras ocasiones.

Entonces, el arquitecto municipal, el procesado Víctor B.L.R., tras diversas conversaciones con los inculpados, y a cambio de 60.000 euros, emitió un informe favorable a la concesión de la licencia solicitada, agilizando la tramitación y la obtención de la licencia municipal de obra.

El juicio por estos hechos tendrá lugar los días 3, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 y 19 de mayo en la Sección Primera de la Audiencia de Granada.