Abierta la convocatoria a pymes y autónomos para ayudas a la seguridad laboral, que prevé 500.000 euros en Granada
Los incentivos, de entre 1.200 y 15.000 euros, cubren hasta el 75% de compra de maquinaria, equipos de seguridad o sistemas de protección
Gabinete
El delegado territorial de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Granada, Javier Martín, junto al director del Centro de Prevención de Riesgos Laborales, Fernando Lazuén, y el vicepresidente de la Confederación Granadina de Empresarios, Francisco Javier Cervilla, han participado este jueves en una jornada informativa en la sede empresarial para explicar los trámites, normativa y requisitos de la convocatoria de subvenciones 2023 para que las pymes andaluzas -empresas con hasta 250 trabajadores- y autónomos puedan solicitar ayudas para la realización de proyectos e inversiones en materia de prevención de riesgos laborales, tras la publicación en BOJA (https://juntadeandalucia.es/eboja/2023/97/index.html) de dicha convocatoria.
En esta nueva edición del programa, la Consejería de Empleo destina 3,96 millones de euros para subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, lo que permitirá beneficiar a más de 400 empresas y autónomos con al menos un empleado a su cargo. Para la provincia de Granada el importe asignado es de 500.000 euros.
El plazo de solicitud de estas ayudas se prolongará hasta este 26 de junio, y las solicitudes deberán registrarse necesariamente de manera telemática, a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo disponible en http://lajunta.es/3gx20 .
Los incentivos, de entre 1.200 y 15.000 euros, podrán cubrir hasta el 75% de las inversiones que realicen las empresas e irán destinados a financiar dos líneas de ayudas. Por un lado, se establecen ayudas de 1.500 a 15.000 euros para financiar actividades y proyectos que contemplen inversiones dirigidas a la incorporación en las empresas de medidas de mejora preventiva, como la sustitución de maquinaria antigua existente en los centros de trabajo; la incorporación de instalaciones específicas para el control de contaminantes de naturaleza química, física o biológica; las adaptaciones de seguridad de equipos de trabajo y maquinaria; o la adquisición de sistemas inteligentes para el control activo de la protección de las personas trabajadoras, entre otras.
Por otro lado, se establece una segunda ayuda de 1.200 a 12.000 euros para las iniciativas y proyectos de mejora de la integración de la prevención en las empresas, que faciliten el cumplimiento de la normativa, así como la realización de proyectos innovadores y buenas prácticas preventivas. Se incluyen en este apartado planes de formación, estudios ergonómicos y psicosociales, proyectos de I+D+i dirigidos a la mejora de las condiciones de trabajo, diagnósticos preventivos sobre riesgos emergentes y primeras implantaciones de sistemas de gestión de seguridad y salud laboral.
Para esta convocatoria, serán prioritarios para su concesión los proyectos o iniciativas destinadas a: la implantación por primera vez de una modalidad preventiva con recursos propios en PRL; la implantación de medidas colectivas para la protección del riesgo de caídas en altura para tranajos en superficies frágiles, incluidos invernaderos permanentes; proyectos de implantación de medidas de protección del riesgo de exposición a sílice y otros agentes carcinógenos, mutágenos y teratógenos.
También se destina a proyectos para la implementación de medidas para la eliminación y/o reducción de riesgos vinculados al asma profesional; proyectos de mejora de la ventilación y/o extracción localizada en talleres o zonas de repostaje con riesgo de exposición a vapores de diésel; proyectos para la implantación de medidas para la eliminación o reducción del riesgo por exposición a ruido en actividades de carpintería metálica y fabricación de estructuras metálicas; o formación preventiva específica adicional o complementario a lo exigido en la norma.
Pueden solicitar estas ayudas las pymes, incluidos aquellos autónomos, que habiendo tenido en el año anterior una plantilla media de personas trabajadoras por cuenta ajena superior a una, realicen proyectos e inversiones en materia de prevención de riesgos laborales en centros de trabajo radicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
