Abren diligencias contra un hombre por 'grafitear' carocas para denunciar conductas incívicas en el Albayzín

El de las carocas es un noble arte con abolengo en Granada, que en cada Feria del Corpus saca a pasear su ingenio y 'malafollá' por la Plaza Bib-Rambla. Pero hay que saber cuándo se hace, dónde y cómo. Desde luego las fachadas del barrio del Albayzín, Patrimonio de la Humanidad, no son el mejor sitio para dar rienda suelta al verso quintillesco, por más que la indignación embargue a su creador. Esa falta de acierto en el dónde podría salirle cara a un hombre de 60 años al que la Policía Local ha abierto una investigación, que pondrá a disposición del juez, por denunciar la no recogida de excrementos por parte de sus vecinos mediante grafitis en los muros del barrio.

El inicio de las pesquisas se remonta al pasado 30 de junio, cuando la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local de Granada puso en conocimiento del Juzgado de Guardia la investigación efectuada a lo largo de varios meses en relación a la aparición de unas pintadas en numerosas fachadas de edificios del barrio del Albayzín. Muchas de ellas en espacios especialmente protegidos por tratarse de inmuebles catalogados como Bienes de Interés Cultural, tales como la Iglesia de San José, el Aljibe del Rey o la Casa Morisca de la calle Horno del Oro. Algo que atenta contra la imagen del entorno y pone en riesgo la continuidad de la inscripción del barrio en la lista de Bienes Patrimonio de la Humanidad por la Unesco (desde el 17 de noviembre de 1994).

Las pintadas consisten en textos rimados que inducen a pensar que su autor pudiera ser una persona con cierta formación en literatura y dominio del lenguaje.

El pasado 18 de mayo se recibe llamada telefónica a la Sala de Coordinación del 092 informando que una mujer vecina del barrio había sorprendido a un hombre mayor de sesenta años realizando una pintada en su fachada haciendo alusión a las conductas de propietarios de perros que no recogen los excrementos de sus animales. Al lugar se desplazó una patrulla de la unidad de Medio Ambiente para recabar más información que pudiese orientar la investigación, si bien las sospechas pesaban sobre un individuo que ya en 2009 fue acusado por acciones similares.
Se da la circunstancia que el propio sospechoso ha sido denunciado por los hechos que ahora recrimina mediante los grafitos en las paredes conductas incívicas de otros ciudadanos, fue denunciado por agentes policiales hasta en cinco ocasiones en el año 2014 por negligencias similares con su propio animal.

A partir de la citada llamada, se retomó la investigación realizando visionados de cámaras de seguridad de edificios, así como una intensificación de la vigilancia policial, resultando en principio infructuoso, posiblemente por un conocimiento de la orografía del barrio por parte del presunto autor toda vez que es vecino del mismo.

El pasado 17 de junio se contacta con un testigo que manifiesta haber observado a una persona mayor realizando unas pintadas en una fachada, no pudiendo facilitar el nombre del presunto autor, pero si ubicar su lugar de residencia en una de las calles del barrio.

Posteriormente, el 28 de junio una patrulla contacta con otro vecino del barrio que igualmente manifiesta mediante declaración ante el órgano investigador cómo pudo observar a un señor de edad avanzada acompañado de un perro (indicando la raza del mismo) realizando unos

grafitos en la calle Frailes de la Victoria, habiendo sido grabado mientras llevaba a cabo tal acción. La descripción del sujeto coincide plenamente con la de la persona sobre la que recaen las sospechas de los agentes que efectúan las diligencias.

Con la información recopilada, los agentes se personan en el domicilio del investigado que en un primer momento no se encontraba en su interior, apareciendo a los pocos minutos acompañado del perro descrito por los testigos y que aparece en la grabación de vídeo.

Esta persona es instada a que cese en las acciones que viene llevando a cabo desde hace ya bastante tiempo, siendo informada sobre la instrucción de diligencias para poner en conocimiento de la autoridad judicial los hechos, pudiendo estos constituir un delito de daños contra el patrimonio histórico castigado con pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses, además de poder ordenar los jueces o tribunales la adopción de medidas encaminadas a restaurar en lo posible el bien dañado, con cargo al autor del daño.