Abren juicio oral contra el alcalde de Algarinejo por revelar secretos y posible soborno
La Fiscalía pide el sobreseimiento de las actuaciones, pero la acusación particular solicita tres años y medio de prisión e inhabilitación
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Loja (Loja) ha ordenado la apertura de juicio oral contra el alcalde de Algarinejo, Jorge Sánchez (PP), por un posible delito de revelación de secretos al difundir una carta remitida al representante de la oposición en el Ayuntamiento por el anterior regidor, Óscar Fernández, que lo denunció por ello, y posible soborno a un testigo.
La Fiscalía pide el sobreseimiento de las actuaciones, pero la acusación particular solicita para Sánchez y uno de sus concejales, Ignacio Cáliz, un total de tres años y medio de prisión e inhabilitación, y 5.400 euros de multa por el supuesto delito de revelación de secretos, y cuatro años de prisión, once de inhabilitación y otros 5.400 euros de multa por la presunta comisión del delito de cohecho, según consta en el auto de apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso Europa Press.
A estos siete años y medio de prisión, multas e inhabilitación, la acusación particular suma la solicitud para ellos de 12.000 euros por "daño moral a la víctima" en concepto de responsabilidad civil. En este sentido, el juez requiere a cada uno de los acusados fianza de 16.000 euros "para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponérsele".
Óscar Fernández, que fue alcalde con el PP, denunció al actual regidor y a su concejal de Urbanismo por la difusión del contenido de una carta enviada por él, tras su dimisión en 2013, al portavoz municipal del PSOE. En 2015, el Juzgado de Loja no consideró que este documento contuviera información secreta, o que se hubiera cometido delito de tráfico de influencias según se desprendía de una grabación incorporada a la causa --en la que presuntamente el alcalde intenta extorsionar a un testigo para que declarara contra el denunciante--.
Sin embargo, los magistrados de la Audiencia consideraron, posteriormente, en un auto de 2016, que la carta, en la que Fernández daba la noticia de su renuncia a su condición de alcalde, contenía además dos párrafos en las que hacía valoraciones personales de la labor del portavoz socialista, y, por tanto, de un partido diferente al suyo, extremos que, para el querellante, "debían de quedar en el ámbito reservado".
De hecho, consideraba que, de ser sus valoraciones conocidas por personas de su propio partido, ello "podría causarle perjuicios en el ámbito personal o político". Por ello, "tuvo la precaución de cerrar la carta y de depositarla en poder del secretario del Ayuntamiento, en la confianza de que su contenido, dirigido exclusivamente al destinatario de la misma, quedaría fuera del conocimiento de terceros, esto es, que era secreto para cualquier persona ajena a ambos".
Además, los jueces recordaron que un testigo --el que puede oírse en las conversaciones grabadas-- ratificó, a presencia judicial, que recibió "presiones" por parte del alcalde y el concejal y que le llegaron a ofrecer a él y a su hijo sendos trabajos en el Ayuntamiento, e incluso dinero, a cambio de declarar contra el exalcalde.
También el testigo aseguró que los querellados "le hicieron saber que habían paralizado una denuncia cursada por la Policía Local de Algarinejo relacionada con su hijo con el fin de hacerle notar la influencia que tenían en la vida municipal".
Después de que la Audiencia Provincial de Granada, que enjuiciará el caso, ordenara la reapertura del caso, el Juzgado dictó auto de procedimiento abreviado, dando traslado a las partes para que formularan sus escritos de acusación o solicitaran el sobreseimiento de la causa, que ahora, tras ordenar apertura de juicio oral, queda ya pendiente de la fecha de la vista.
