Abren un juicio oral contra la exdirectora de la Alhambra por el caso audioguías
Se han investigado supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio de audioguías en el monumento nazarí
Europa Press
El Juzgado de Instrucción 4 de Granada ha decretado la apertura de juicio oral contra la que fuera directora de la Alhambra, María del Mar Villafranca, y otras tres personas más en el llamado caso audioguías, en el que se han investigado supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio de audioguías en el monumento nazarí.
En un reciente auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez instructor ha decretado la apertura de juicio oral por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, entre otros, en un caso que será juzgado en la Audiencia de Granada.
Además de Villafranca, que dimitió en 2015 por este asunto, se sentarán en el banquillo de los acusados la exsecretaria general de la Alhambra, Victoria Eugenia Chamorro; el administrador único de la empresa a la que se adjudicó el servicio de audioguías y el exjefe de la Sección Económica y Contabilidad de Ingresos en el monumento, José M.V.
La Fiscalía de Granada ha solicitado cinco años de prisión para Villafranca y la exsecretaria general del monumento. Para el empresario al que se adjudicó el servicio de audioguías pide diez años de cárcel y multa de un millón de euros y para la empresa o persona jurídica Stendhall Museum Solutions, multa de 21.900 euros y su disolución.
El fiscal también solicita que los acusados indemnicen de manera conjunta y solidaria al monumento en 1.255.816 euros por los perjuicios económicos causados al Patronato de la Alhambra y Generalife. Esta cifra se elevaría en 258.169 euros más por los intereses devengados y no satisfechos hasta noviembre de 2018.
Este perjuicio económico causado por la empresa Stendal Museum al Patronato sería consecuencia de los incumplimientos detectados en la ejecución del contrato de audioguías con la anuencia y convivencia de las dos investigadas, señala la Fiscalía en su escrito de acusación provisional.
El PP, que ejerce la acusación popular, ha solicitado las mismas penas que la Fiscalía según refleja la resolución, y tras la que ahora deberán presentarse los escritos de defensa en un plazo de diez días. La Junta de Andalucía está personada como acusación particular debido a los supuestos perjuicios ocasionados al monumento por este asunto entre 2004 y 2015, bajo la gestión de la anterior cúpula directiva.
