Los acusados de establecer una red de prostitución aseguran que las víctimas ejercían de "forma voluntaria"

Los ocho acusados de establecer una red de prostitución en dos viviendas de Granada capital y Cúllar Vega han declarado este martes ante la Audiencia de Granada que las presuntas víctimas ejercían la prostitución de "forma voluntaria y no emprendieron contra ellas medida "coercitiva" alguna para que ofrecieran sus servicios sexuales.

Estas ocho personas se enfrentan a una petición fiscal de doce años de prisión por unos hechos que presuntamente habrían ocurrido entre 2019 y 2021. El Ministerio Fiscal les acusa de delitos agravados de explotación de la prostitución y también contra la salud pública: este último porque supuestamente también usaban las viviendas como centros de distribución de droga.

Los acusados han negado también este extremo, afirmando que tanto los clientes de las chicas como ellas mismas consumían sustancias estupefacientes de manera voluntaria sin que ellos mediaran en este asunto. De hecho las defensas piden la libre absolución respecto a ambos delitos, según han detallado a Europa Press fuentes del caso.

La Fiscalía les acusa a todos ellos -algunos tienen vínculos familiares- de formar una agrupación delictiva dedicada al uso de estas viviendas como prostíbulos y como centros de distribución de droga a fin de obtener beneficios presuntamente tanto de los servicios sexuales realizados por las mujeres como de la venta de los estupefacientes que ellas mismas ofertaban a los clientes.

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Supuestamente también las obligaban a captar clientela en dos pubs a las que eran trasladadas con este propósito, según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se afirma que para conseguir que las mujeres cooperasen se aprovechaban supuestamente de su situación personal, dado que no tenían permiso de residencia en España y ello les impedía obtener de otro modo la manutención de los familiares que tenían a su cargo.

Presuntamente también les prohibían salir solas de las casas, les retiraban la documentación que tuviesen y el móvil, sometiéndolas a trabajos continuos sin respetar su descanso aplicándoles sanciones económicas y ejerciendo un control constante, llegando a usar la violencia. Los acusados han negado estas acusaciones afirmando que las mujeres actuaban libremente.

En la causa constan al menos ocho víctimas que se encuentran en calidad de testigos protegidos tras haber declarado sobre todos estos extremos y que se prevé que este miércoles declaren ante la Audiencia de Granada, en un juicio que está señalado hasta el viernes, según han detallado las mismas fuentes.