AEPD espera la resolución del caso de los funcionarios acusados de espiar nóminas para acordar posible sanción
Los dos funcionarios fueron denunciados por la Fiscalía, que les atribuyó un delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público y otro en su modalidad de acceso y mantenimiento inconsentido en un sistema de información
Román Callejón
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que suspendió el proceso sancionador abierto contra los dos funcionarios del Ayuntamiento de Granada acusados de espiar nóminas de políticos, entre ellos las del alcalde, José Torres Hurtado, prevé reanudar el trámite una vez que recaiga sobre este asunto una resolución judicial.
De hecho, y pese a que la AEPD abrió un incidente de seguridad en junio de 2013, el proceso quedó suspendido cuando el Juzgado de Instrucción 1 de Granada abrió diligencias por este asunto, conforme establece la Ley de Procedimiento Administrativo.
"La existencia de un procedimiento judicial abierto obliga a la AEPD a suspender la tramitación de su procedimiento sancionador hasta que recaiga resolución judicial, momento en el que la Agencia Española de Protección de Datos lo reanudará", han indicado a Europa Press fuentes de este organismo.
Una vez que se retome el proceso, los dos funcionarios, el exdirector de Informática y el subdirector de Soporte del Ayuntamiento de Granada, se podrían enfrentar a una multa de entre 40.001 y 300.000 euros.
Según un informe de la Agencia Española de Protección de Datos, los dos trabajadores accedieron de forma irregular a 117 nóminas de trabajadores y políticos, como la del alcalde de Granada, José Torres hurtado, y otros ediles.
Estos documentos contenían datos "confidenciales" como cuentas bancarias, la dirección del domicilio y los NIF. Con el mismo procedimiento, según la AEPD, accedieron a varios certificados de retenciones de trabajadores que contenían también datos personales y a otros 130 documentos de empleados sin que tuvieran "privilegio para hacerlo".
La Agencia Española de Protección de Datos entiende que estos accesos --realizados entre el 31 de mayo y el 4 de junio de 2012-- pueden suponer una infracción recogida en la normativa, ya que no contaban con la autorización expresa de los afectados, conducta que puede ser sancionada con una multa de hasta 300.000 euros.
Los dos funcionarios fueron denunciados por la Fiscalía, que les atribuyó un delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público y otro en su modalidad de acceso y mantenimiento inconsentido en un sistema de información, lo que motivó la apertura de una investigación en el Juzgado de Instrucción 1 de Granada.
Ahora este Juzgado, del que es titular el magistrado Basilio Miguel García, está a punto de concluir la instrucción del caso, y prevé dictar auto de procedimiento abreviado en próximas fechas, lo que dejaría a los imputados a un paso de ser juzgados.
