Afectados por el IMV denuncian una vulneración de sus derechos: "Me exigen 12.000 euros que no puedo afrontar"

Una de las problemáticas sociales que más afectan al conjunto de la sociedad española es el riesgo de pobreza y exclusión social. Para ello, el Gobierno sacó una nueva ayuda en 2020 destinada a proteger a las personas más vulnerables que carecen de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas. Se trata del ingreso mínimo vital (IMV), una prestación que en 2024 asciende a los 604,21 euros y varía dependiendo de la situación familiar de la persona beneficiaria.

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Entre ellas se encuentran más de 550.000 familias de toda la geografía española, en concreto 1.669.361 personas cobran esta prestación en lo que va de año, según la estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en febrero de 2024.

Después de cuatro años desde su implantación son muchas las familias que denuncian una situación de vulnerabilidad frente a cobros indebidos por parte de la administración ligados al IMV. El Movimiento International ATD Cuarto Mundo, cuya sede está en Madrid, ha interpuesto una demanda colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales contra el Reino de España "por el incumplimiento de la Carta Social Europea y la vulneración de nuestros derechos fundamentales", destacan desde el movimiento. "Exigimos que se tomen medidas urgentes para corregir estos errores y que se respeten plenamente nuestros derechos", añaden.

Denuncian que "algunos beneficiarios se han visto privados por completo del cobro del IMV hasta que no hayan pagado deudas que ascienden a miles de euros". Y recalcan que estas deudas afectan a toda la unidad de convivencia, "incluso a los menores de edad", destacan. "La deuda no se paraliza ni aunque esté en proceso judicial, sino siguen subiendo las cuantías por los intereses generados. De hecho, a día de hoy, ya se están haciendo embargos, lo que agrava aún más la situación de estos hogares en estado de extrema vulnerabilidad", puntualizan.

En esta situación se encuentra Leyre, una madre divorciada que cuenta como los errores administrativos han dinamitado su tranquilidad familiar, "me exigen 12.000 euros que no puedo afrontar", destaca. Esta mamá coraje relata que fue a solicitar una ayuda por tener hijos a cargo cuando se divorció, entonces se la concedieron. Pero, un día, sin previo aviso, "en junio de 2020 me apareció un ingreso en la cuenta de alguna administración que yo no supe identificar", afirma.

"Después de ese ingreso, me llegó una comunicación del INSS, donde se me informaba que en función de los documentos que constan en mi expediente de ayuda por hijo a cargo y de la declaración de la renta del 2019, me correspondía el derecho a cobrar el IMV, por lo que se me hizo la reconversión de oficio de mi expediente de ayuda por hijo a cargo al Ingreso Mínimo Vital", añade.

Leyre: "Pensé, al fin un Gobierno que hace algo por la gente, pero me equivoqué"

La mujer destaca que ella no solicitó esa prestación, "pensé, al fin un Gobierno que hace algo por la gente, pero me equivoqué", reconoce angustiada. Después comenzó a recibir diferentes cartas donde la administración le reconocía que reunía los requisitos para percibirla, "me enviaron una en enero de 2021 donde ratificaba mi derecho a cobrar el IMV, después a principios de 2022 recibí otra firmada por el ministro Escrivá donde se reiteraba lo mismo", puntualiza. Durante esos meses no sabía lo que se le vendría encima: "En noviembre de 2022 me enviaron una notificación donde exponían que ya no iba a cobrar el IMV", detalla.

Tras varios intentos para contactar con los organismos públicos, Leyre reconoce que "existe un abandono institucional hacia la sociedad ante la imposibilidad de contactar con las administraciones". "Después de año y medio pidiendo explicaciones me dicen que han empezado a computar las pensiones de los menores y que, por ende, la cuantía iba a disminuir", señala.

En abril de 2024, al hogar de Leyre llega una primera notificación donde se le exige un pago indebido de 300 euros correspondiente al año 2020. Un mes más tarde, en mayo, recibe una segunda notificación donde le reclaman una cifra que asciende a los 12.000 euros , el motivo es "porque mis hijos cobraban una pensión alimentaria", señala.

Leyre denuncia que en toda la documentación que entregó y en el expediente familiar estaba expuesta toda esa información, además reitera que "es culpa de la administración que no hizo su trabajo, a mí me decían que todo era correcto, pero ahora sus errores los tenemos que pagar nosotros".

A estos cobros indebidos responde el conjunto de la unidad familiar, incluidos los menores de edad, lo que significa que la deuda que se genere pasará a cualquiera de los miembros que formen parte de la unidad familiar. "Los niños, sin capacidad legal de actuación, ya son deudores de una deuda que no prescribe nunca", detalla Leyre. Con la voz resquebrajada esta mamá cuenta angustiada cómo una "ayuda" que nunca pidió "me ha jodido la vida, no solo a mí, sino también a mis hijos".

Ante la desesperación, Leyre comenzó a buscar apoyo en redes sociales donde encontró, para su sorpresa, a más familias que les estaba ocurriendo lo mismo. "He creado un grupo de WhatsApp donde estamos más de 200 personas afectadas de toda España, la mayoría de casos son de Andalucía, es una vergüenza", reconoce.

A todo esto se unen los prejuicios sociales que alimentan el discurso de odio hacia los colectivos más vulnerables: "La gente tiene mucha vergüenza. Estamos muy estigmatizadas con lo de las 'paguitas' y sufrimos mucho juicio ajeno de gente ignorante", lamenta esta madre de familia.

María es otra de las afectadas por estas reclamaciones indebidas, en su caso solicitó la prestación porque reunía todos los requisitos y así lo dictaminó la Administración pertinente. Vive con su marido, quien tiene una discapacidad,  en una casa administrada por su familia. Perciben el Ingreso Mínimo Vital desde 2021, pero ahora solo cobran el 30% de la prestación que les corresponde, "nos quitan 550 euros por cobros indebidos, solo nos quedan 229 euros para pasar todo un mes", señala. "Es todo un despropósito, no es legal recibir una resolución final sin antes reclamarte por carta la deuda, no pueden quitarte el 70% del IMV, nos han dejado sin apenas poder vivir", denuncia. "Estoy en un programa de inserción laboral para intentar encontrar un trabajo", destaca esta mujer de 53 años. "Por suerte no tenemos hijos y vivimos en la casa de un familiar que nos deja vivir ahí sin pagar agua ni luz, si no nos veríamos en la calle", añade.

Como Leyre y María, también está Roberto, Elena, Ansiedad, Mariola, Ana, Cristina, Inma, Javier, Paula, Rocío, Noelia, entre otros tantos repartidos por toda la geografía española y que no eligieron ser personas vulnerables, pero que les ha tocado vivir una vida de oportunidades limitadas y sin un ápice de suerte en su camino. Al contrario de lo que algunos piensan, estas personas luchan cada día por el derecho de vivir dignamente, pese a las dificultades y obstáculos que la vida les ha presentado y bajo el estigma social de las "paguitas".