Afectados por la asociación Infancia Libre denuncian haber recibido amenazas en su buzón

Miguel Carrillo, portavoz de la plataforma organizada en Granada para emprender acciones conjuntas por la posible conexión de sus casos con los que se investigan vinculados a la asociación Infancia Libre, ha denunciado ante la Policía Nacional la supuesta recepción de un folio con amenazas de muerte en el buzón de su casa de Atarfe, en el área metropolitana granadina.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, hace constar que los hechos habrían tenido lugar entre las 8,00 horas del pasado 4 de julio y las 8,30 horas del día siguiente cuando "persona/s desconocida/s" habrían dejado allí un folio en que se puede leer "al final si sigues por ese camino va a ser verdad que vas a terminar en una cuneta".

Según Carrillo, estas amenazas "son una reiteración" de otras recibidas por correo electrónico, que están siendo investigadas por un juzgado de Granada, y que tendrían un contenido similar, por lo que la aparición de esta cuartilla se ha "integrado" en dichas diligencias.

El citado folio fue descubierto por este portavoz de la plataforma de afectados por Infancia Libre, en el buzón de su casa, a las 8,30 horas del cinco de julio, día en que presentó la denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional en la zona norte de la capital granadina.

La denuncia hace constar que "no tiene cámaras de seguridad que pudiesen haber grabado este hecho". El pasado 19 de junio, Carrillo explicó a Europa Press que el colectivo de afectados por Infancia Libre en Granada, reunido para emprender acciones legales conjuntas, estaba compuesto por ocho padres y dos abuelas cuyos casos se están investigando por separado en diferentes juzgados.

En todos ellos, hay "incumplimientos reiterados del régimen de visitas y desobediencia", con informes respecto a los menores "muy parecidos" en los que se repiten incluso el nombre de profesionales, como psicólogos o pediatras, detalló Carrillo.

Los afectados contrataron al bufete In Diem Abogados con la pretensión de presentar "una denuncia colectiva" pues sospechan que hay "una vinculación" en sus casos con los que se investigan en torno a la asociación Infancia Libre.

Este despacho recopila toda la documentación de los padres granadinos y de otros de Madrid con el objetivo de coordinar acciones legales conjuntas, según informó entonces el letrado Ángel del Pino, de In Diem Abogados.

ORGANIZACIÓN CRIMINAL

A finales de julio, la Unidad Adscrita de la Policía Nacional en los Juzgados de Plaza Castilla (Madrid) remitió a la Fiscalía un informe que apuntaba a que Infancia Libre, la organización que se dedicaba supuestamente a la protección de los niños, operaba como una organización criminal, según confirmaron a Europa Press fuentes de la investigación.

Desde el 1 de abril han sido detenidas María Sevilla, presidenta de Infancia Libre, y otras tres mujeres vinculadas a esta organización. Fue ella la que en 2017 participó en una comisión en el Congreso de los Diputados invitada por Podemos donde denunció varios casos de abusos sexuales de los "más de 170" que, según decía, habían sido contabilizados por esta organización.

Los investigadores de la Policía apuntan a que la asociación actuaba como una red criminal para tramitar denunciar falsas al objeto de perjudicar a los padres retirando la custodia de los menores.

Para ello, las madres denunciantes fundadoras de Infancia Libre o vinculadas a esta organización se apoyaban presuntamente en profesionales de la medicina y la abogacía, que eran los encargados de tramitar denuncias con un mismo patrón. En concreto, se han recabado indicios de que Infancia Libre dirigía a las madres al psiquiatra Antonio Escudero y a la abogada Carmen Simón. Desde Granada actuaban psicólogas en connivencia con la asociación.

Los agentes de la Policía Judicial han tomado declaración a unos 50 padres desde que el pasado mes de abril fuera detenida por retención de su hijo María Sevilla, presidenta de Infancia Libre. La Policía ha elevado a Fiscalía una veintena de casos por posibles delitos de sustracción de menores y desobediencia judicial vinculados a la asociación.