Alaya pregunta si el PSOE se financió con fondos de la Junta

La juez Mercedes Alaya ha preguntado este lunes a Teodoro Montes, antiguo jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta en Sevilla que denunció "graves" irregularidades en la concesión de cursos de formación, si a su juicio la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe) "era una fundación que financiaba al PSOE con cargo a los fondos que recibía de la Junta de Andalucía" para el desarrollo de acciones formativas.

Durante su sexta jornada ya de declaración como testigo, la juez Mercedes Alaya ha tomado la palabra nuevamente para preguntar al testigo lo anterior tomando como referencia el hecho de que la Faffe "se ha visto beneficiada con multitud" de subvenciones "en virtud" de un trato "claramente privilegiado" del que "ha debido obtener importantes rendimientos", ya que, según ha recordado la instructora, el propio Teodoro Montes dijo que "las acciones formativas estaban muy bien pagadas".

El testigo ha dicho que no puede contestar directamente porque en este momento le asaltan "numerosas dudas que no tienen respuesta", como por ejemplo por qué la fundación estaba integrada por personas que han desempeñado determinados cargos en el PSOE y sus familiares directos o dónde han ido a parar los "abundantes" fondos que percibía, y ha destacado que se trataba de una fundación que "acogía" a antiguos cargos socialistas, concejales, alcaldes o familiares directos de estos que, actualmente, trabajan en la Administración.

Al hilo de ello, Teodoro Montes ha considerado "interesante" analizar las nóminas que todos ellos cobraban y han cobrado estando integrados en el SAE y ha asegurado que, en la actualidad, cobran hasta tres y cuatro veces más que él.

A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN, SE "DOMINA" A LA SOCIEDAD ANDALUZA

La juez, a continuación, ha preguntado al testigo si le consta la existencia de alguna otra fundación, como la Faffe, "afín" al PSOE, a lo que ha respondido afirmativamente, precisando que la lista sería "larga" y que no sólo ha habido fundaciones sino también entidades privadas, como la Asociación de Estudios Sociales por la Igualdad de la Mujer (Aesim) o Emartv, una entidad ésta última que "nace de la nada" y que desarrolla la radiofonía y la televisión local en distintos municipios a la vez que participa de los cursos de formación.

Tras destacar que estas dos entidades han tenido una "larga" asignación de cursos de formación a lo largo de los años, Montes ha opinado que, a través de la formación, se "domina" a la sociedad andaluza, por ejemplo, en los medios de comunicación, el sector de la mujer y de los discapacitados y sus familias, la tercera edad y "no digamos" la Faffe, que "constituyó una administración paralela y es un medio para aleccionar y adoctrinar además de para dirigir la sociedad, teniendo en cuenta que la formación es un medio para la obtención de recursos generosos para financiar lo imposible".

Y es que, a su juicio, hay cursos que se pagan pero que no se hacen, por lo que el testigo se ha preguntado por el destino de esos fondos y ha recordado que, cuanto estuvo trabajando en el departamento de Inmigración, se adjudicaban "miles" de cursos que "nadie" controlaba, por lo que desconoce dónde iban esos fondos que supuestamente tenían como fin formar a las personas inmigrantes.

AUTOBUSES DE SINDICATOS FLETADOS CON DINERO PARA FORMAR A INMIGRANTES

En esta línea, el testigo ha recordado que, estando trabajando en Inmigración, se produjo la primera huelga general al gobierno de José María Aznar (PP), y ha aseverado que los autobuses de los sindicatos andaluces fletados para acudir a Madrid "se pagaron con dinero de los proyectos" de inmigración, en los que una parte era para formación, tal y como, según ha dicho, consta en las justificaciones pertinentes de los propios sindicatos.

Durante el interrogatorio, la juez instructora ha preguntado al testigo con qué fondos se financiaba la Faffe y el mismo ha respondido que, en mayo de 2011, le fue adjudicada una subvención para acción formativa por 16 millones de euros cuando la fundación ya se había extinguido --esto ocurrió el 5 de mayo de 2011--, condenando tras ello el TSJA al SAE, agencia que se subrogó, a devolver los 16 millones.

La juez ha planteado, al hilo, si no es una situación "absurda" y "poco creíble" que la Administración se devuelva a sí misma 16 millones, respondiendo el testigo que sí, y que también ve absurdo que se haya adjudicado una subvención para una acción formativa a una entidad que ya no existía.

En la jornada de este lunes también ha intervenido el abogado del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, único imputado en la causa junto al también exconsejero Ángel Ojeda, quien ha cuestionado a Teodoro Montes sobre el número de veces que ha interpuesto denuncias policiales o judiciales por las irregularidades vinculadas a los cursos de formación.

DOS DENUNCIAS JUDICIALES

Teodoro Montes ha respondido que ha interpuesto dos denuncias judiciales, una por el asunto del 'mobbing' y otra contra su jefe de servicio, Daniel Fito, por la "requisa" de los expedientes vinculados a la Faffe, una denuncia ésta última que fue archivada, y ha asegurado que interpuso las denuncias por razón de su condición de funcionario y su responsabilidad, pero no por animadversión o venganza.

El testigo ha asegurado, asimismo, que antes del procedimiento por el 'mobbing' también conoció hechos susceptibles de ser denunciados, pero que no los denunció porque no tenía fuerzas "para asumir ese desafío".

El letrado del exconsejero de Empleo ha cuestionado también al testigo sobre el hecho de que haya asegurado que, en su departamento, es notoria la existencia de un trato de favor a determinadas entidades singulares, y le ha instado a enumerar los nombres de las personas de su departamento que puedan ser citadas para refrendar esa supuesta notoriedad.

No obstante, la magistrada ha declarado la pregunta impertinente y ha puesto de manifiesto que "el testigo no tiene que demostrar nada", ya que eso forma parte de la investigación policial y judicial, "donde se respetará como siempre se ha hecho el principio de contradicción".

LA DECLARACIÓN CONTINÚA ESTE MARTES

El abogado del exalto cargo también ha preguntado a Teodoro Montes si es posible que todos los funcionarios y altos cargos responsables del proceso de concesión de las acciones formativas estén involucrados en ese supuesto trato de favor a ciertas entidades singulares, a lo que el testigo ha respondido que la respuesta no está en el funcionario o técnico sino en las órdenes que reciben de los superiores.

La declaración continuará este martes con el turno de preguntas del abogado del exconsejero de la Junta Ángel Ojeda.