Alcalde de Alhama, investigado por prevaricación, rechaza que se otorguen licencias con informes contrarios

El alcalde de Alhama de Granada, el 'popular' Jesús Ubiña, investigado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Loja (Granada) por los posibles delitos de prevaricación urbanística, contra la ordenación del territorio y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos por supuestamente dar cobertura legal a construcciones que no lo eran por estar vinculadas a proyectos de su estudio de arquitectura en su etapa de concejal de Hacienda en la localidad, ha rechazado que se otorguen licencias contrarios al ordenamiento jurídico y la ordenación urbanística.

Así responde el Ayuntamiento en un comunicado después de que este domingo se conociera el decreto de denuncia que interpuso la Fiscalía de Granada contra Ubiña, y el actual concejal de Urbanismo, Pablo Ariza, un documento que firma la fiscal delegada de la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo, Sara Muñoz-Cobo y al que ha tenido acceso Europa Press.

El Ministerio Público abrió diligencias de investigación por este asunto tras recibir la denuncia de un particular el 1 de junio de 2015 en la que se relataban una serie de irregularidades urbanísticas que se estarían perpetrando en el Ayuntamiento de Alhama de Granada, incluyendo una instrucción aprobada por el Pleno Municipal el 28 de septiembre de 2014, supuestamente con la finalidad de dar cobertura legal a construcciones ilegales que contravenían el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), por estar vinculadas sus licencias de obras y proyectos al estudio de arquitectura de los concejales de Urbanismo y de Hacienda en la localidad.

En la denuncia se destacaba asimismo el supuesto de la tramitación de un proyecto de actuación tramitado por la sociedad Agro Ingeniería Guerrero SL en relación a la construcción de una nave industrial situada en las parcelas 165 y 298 del polígono 17 del término municipal de Alhama de Granada, conforme al proyecto redactado por el concejal Delegado de Hacienda, Jesús Ubiña, quien compartía el estudio de arquitectura con el concejal delegado de Urbanismo, Pablo Ariza.

Tras haber sido denunciado en el Ayuntamiento el proyecto, al entender el denunciante que se vulneraba la legalidad urbanística y ser contrario el PGOU y al haber caducado la licencia de obras, ésta se volvió a solicitar el 29 de julio de 2014.

Así, se incoó entonces un expediente para la construcción de una nave agrícola e invernadero en la parcela 168 del polígono 17 con un proyecto redactado por el promotor, evitando, "según se dice en la denuncia", que apareciera el nombre del concejal de Hacienda. Constaba entonces la parcela 168, a pesar de que las obras se estaban realizando en las parcelas 165 y 298, ya que "éstas son de secano y no cumplen con la unidad mínima de cultivo".

A pesar de que la parcela tenía informes desfavorables del arquitecto técnico municipal y del secretario del Ayuntamiento se concedió licencia de obras en fecha 30 de septiembre de 2014.

Por todo, la fiscal delegada de Medio Ambiente, Sara Muñoz-Cobo, acordó la práctica de diligencias encaminadas al esclarecimiento de los hechos y ofició al equipo de delitos urbanísticos de la Guardia Civil para que elaborara un informe acerca de la posible relevancia penal en relación con los hechos denunciados, e incluso reclamó información al Ayuntamiento de Alhama y a la Gerencia Territorial del Catastro.

Para el Ministerio Público, existen en este caso indicios de un posible delito de prevaricación, prevaricación urbanística, delito contra la ordenación del territorio, delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, por lo que resolvió interponer denuncia contra Jesús Ubiña y Pablo Ariza, que ahora están siendo investigados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Loja.

Ante esta información, el alcalde de Alhama y el concejal de Urbanismo han señalado en el comunicado que la investigación parte de la denuncia particular de un ciudadano realizada ante la Fiscalía pocos días después de la celebración de las pasadas elecciones locales; "sin embargo, en la misma se describen hechos presuntamente cometidos un año antes e incluso varios años antes de la denuncia".

En la denuncia, según aclaran, figuran nominativamente los dos miembros de la Corporación aludidos, "cuando ni siquiera las tareas municipales que tenían en parte encomendadas afectaban a los asuntos denunciados". Así, han precisado en el comunicado que uno de los denunciados, actualmente alcalde-presidente, en el anterior mandato era Concejal de Hacienda, "sin facultad de dictar decretos que quedaban reservados a la Alcaldía", y sin embargo figura en la denuncia por hechos de índole urbanística.

"No aparecen otros miembros de la Corporación que ostentaban tareas en sus respectivas competencias, lo que puede hacer entrever una animadversión hacia los dos concejales denunciados, cuando no persecución política", han advertido.

No obstante, el Ayuntamiento ha apuntado en el comunicado que, desde el inicio de la investigación y a fin de esclarecer la verdad, está colaborando con la Fiscalía y Juzgado.

"No es cierto que se otorguen licencias con informes contrarios al ordenamiento jurídico y la ordenación urbanística, como está teniendo ocasión de demostrar el Ayuntamiento ante la Justicia, encontrándose las actuaciones municipales amparadas y propuestas por los servicios municipales", ha explicado.

Desde el actual equipo de gobierno local de Alhama de Granada "no tenemos otro objetivo que el interés general del municipio, mandato que recibimos en las pasadas elecciones locales, bajo el estricto cumplimiento de la ley, y en modo alguno, ni a modo individual ni colectivo, nos vamos a ver mermados en nuestra voluntad de servicio, aun a pesar de que se persista en el pretendido desprestigio personal o político por motivos interesados, mediante la interposición de denuncias o cualesquiera otros actos de minoración de nuestro crédito político", ha criticado.

Una vez finalizadas las diligencias, el primer edil y concejal han anunciado que se reservan la posibilidad de emprender las acciones oportunas contra el denunciante y otros posibles colaboradores por denuncias falsas.