El alcalde participa este martes en un encuentro municipal contra el decreto de remanentes

El alcalde de Granada, Luis Salvador, mantiene este martes un encuentro telemático con los responsables municipales de las ciudades españolas que se oponen al modelo de ayudas contra el Covid-19 acordado por el Gobierno central y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) al considerarlo "injusto" para el municipalismo.

Así lo ha manifestado el alcalde ante los medios de comunicación, a los que ha informado de que participará como portavoz de unos de los grupos constituidos por los 27 municipios que hasta ahora se han adherido al manifiesto firmado el pasado 7 de agosto contra el acuerdo alcanzado entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda al entender que "vulnera la autonomía financiera" de las entidades locales y genera "una discriminación" al excluir a los municipios con remanentes del reparto de un fondo de 5.000 millones, a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, que "repartirá exclusivamente a quienes le den sus ahorros".

De ahí que Salvador haya vuelto a insistir, este lunes en una nota informativa, en la necesidad de que el Gobierno central rectifique y respete "el acuerdo inicial aprobado por unanimidad de destinar 7.500 millones de euros de apoyo al municipalismo", a la vez que ha considerado que la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de destinar 5.000 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado sólo a los municipios que le cedan "de forma voluntaria" el remanente es en la práctica una "financiación legal pero inmoral a los municipios gobernados por el PSOE".

En este sentido, ha explicado que, entre las peticiones realizadas al Gobierno central, "los alcaldes solicitamos que la cesión de los remanentes por parte de los municipios al Gobierno sea voluntaria y que no esté relacionada con los fondos directos que se destinen a los ayuntamientos".

Asimismo, Salvador también ha reivindicado la importancia de que, tras un nuevo acuerdo, que "incluya nuevamente a todo el municipalismo", el Gobierno permita que los fondos que reciban los ayuntamientos puedan servir para "potenciar el turismo, el empleo y el comercio, que son los sectores gravemente dañados por las consecuencias de esta pandemia y los que más necesitan de impulso para la reactivación económica".

Ha mantenido que el acuerdo alcanzado finalmente por el Gobierno central con la FEMP no corresponde al inicialmente aprobado por unanimidad por todos los grupos políticos, "sino que salió adelante con el voto de calidad del presidente y del PSOE", por lo que a partir de ese momento "reaccionamos las principales ciudades de este país".

En el encuentro telemático, previsto a las 09,00 horas, participarán, además de los alcaldes de Alicante, Almería, Badalona, Cádiz, Córdoba, Granada, Lleida, Madrid, Málaga, Marbella, Murcia, Orense, Oviedo, Palencia, Pamplona, Pontevedra, Pozuelo de Alarcón, Reus, Salamanca, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Teide, Terrasa, Teruel, Valencia y Zaragoza, los responsables municipales de Barcelona y Torrelavega, como ciudades invitadas a la reunión.

De las 29 ciudades contrarias al acuerdo, 22 son capitales de provincias, de las que seis pertenecen a las diez ciudades más grandes de España. En total, suman una población de más de once millones de personas y en relación a los alcaldes participantes, pertenecen a trece formaciones políticas distintas.

La reunión telemática da continuidad al encuentro de alcaldes del pasado 7 de agosto del que surgió una declaración conjunta suscrita por los regidores de Cádiz, Granada, Lleida, Madrid, Murcia, Pontevedra, Reus, Santa Cruz de Tenerife, Valencia y Zaragoza. En la actualidad, un total de 27 municipios se han sumado a este documento.

En el manifiesto se pidió además una reunión "inmediata" con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para solicitarle un nuevo planteamiento sobre las ayudas estatales a los municipios, una reducción de las limitaciones financieras, eliminando la regla de gasto, el concepto de déficit y de estabilidad, al menos para el año 2021, así como avanzar en un nuevo sistema de financiación de las entidades locales y definir el acceso de los ayuntamientos a la financiación europea respecto a los fondos asignados a España por importe de 140.000 millones de euros.