El alcalde de Lanjarón niega delito y achaca su juicio a una "venganza" del exjefe de Policía

Ante la decisión del Juzgado número 2 de Órgiva de abrir juicio oral contra el alcalde de Lanjarón, Eric Escobedo (PP), por presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos; el primer edil ha alegado que la Fiscalía ha solicitado dos veces archivar la causa al no apreciar delito y ha encuadrado el asunto en una "venganza personal" del exjefe de la Policía Local y denunciante del caso.

En un comunicado, el alcalde de Lanjarón avisa de que en esta causa judicial, derivada de una denuncia del que fuera jefe de la Policía Local del municipio, que le acusa de omitir, presuntamente de manera intencionada, la tramitación de expedientes sancionadores por denuncias de tráfico provocando con ello que "caducaran"; la Fiscalía "descartó la existencia de cualquier delito y ha solicitado hasta en dos ocasiones el sobreseimiento" del caso, en el que persiste como acusación popular el funcionario denunciante.

Mientras el juez instructor entiende que existen indicios de que el alcalde de Lanjarón "omitió" la tramitación de diversos expedientes "provocando la caducidad y archivo de los mismos"; el regidor alega que todo es fruto de una "venganza personal" a raíz de las "discrepancias" surgidas con el que fuese jefe de la Policía Local de Lanjarón, Antonio Javier Gutiérrez, tras su salida del cargo, "perdiendo el complemento específico que cobraba por tramitar los expedientes sancionadores de tráfico y por un desacuerdo en los días de vacaciones".

"En ningún momento hemos omitido la tramitación de expedientes, ya que esto debía llevarlo a cabo el jefe de la Policía Local, una función por la que cobraba un suplemento específico de 800 euros en su sueldo", ha señalado, toda vez que el juez instructor encuadra los hechos indagados en momentos en los que el alcalde "tuvo las competencias para resolver estos actos administrativos".

"Claramente, estamos ante una venganza de índole personal por una persona que lleva sin trabajar más de 60 meses, acumulando bajas hasta alcanzar la baja definitiva. La competencia de tramitar los expedientes era su responsabilidad", ha aseverado.

Finalmente, Escobedo ha indicado que no espera "otra sentencia que no sea la condena a afrontar el pago de las costas al responsable de la Policía Local, único responsable e instigador de esta situación".