El alcalde de Maracena descarta "alarma social" tras la libertad provisional del presunto secuestrador

El alcalde de Maracena, Julio Pérez (PP), ha mostrado su respeto a las decisiones judiciales en el caso del secuestro de la exconcejala socialista Vanessa Romero en este municipio del Cinturón de Granada a finales del pasado febrero, incluida la puesta en libertad provisional para el investigado como supuesto autor material de los hechos, y ha descartado que haya "alarma social" tras su salida de la cárcel.

"Ya no está la alarma social que se generó en el momento del secuestro", ha valorado Pérez, en unas declaraciones a Europa Press en las que ha indicado que precisamente éste puede ser "uno de los motivos" que hayan podido estimarse para esta decisión judicial.

Han pasado "concretamente seis meses y se han enfriado bastante las cosas y parece ser que ahora mismo no existe esa alarma social", ha señalado el alcalde de Maracena preguntado por si la decisión del juez podía haberla suscitado en el municipio.

Pérez ha explicado, tras el auto dictado a finales de julio, que contempla entre las obligaciones a cumplir por el investigado una orden de alejamiento de la víctima y la prohibición de entrada al municipio granadino, que el objetivo de la prisión provisional es "evitar que se evada" la "acción de la justicia". Una vez que "esas circunstancias no son tales dentro del procedimiento", es "obligación" de la autoridad judicial decretar la libertad provisional "hasta que se juzgue la causa", ha detallado.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Granada, que instruye el caso, acordaba también, con el decreto de libertad provisional, que el investigado, que reside con su familia en la provincia de Málaga, se persone todos los lunes a firmar en sede judicial sin que debiera de abonar fianza para acceder a esta medida, que fue solicitada por su defensa, indicaron fuentes del caso a Europa Press.

En un primer momento, juez acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de este hombre al que se investiga por la presunta comisión de un delito de detención ilegal el pasado 24 de febrero, tres días después de los hechos. En julio, declararon la anterior alcaldesa de Maracena, Berta Linares (PSOE), que era la pareja del supuesto autor material de los hechos, y al concejal Antonio García, como presuntos inductores.

Lo hacían después de que el juez dejara sin efecto la pieza separada que abrió en su momento para investigarlos como presuntos inductores, de modo que pasaba a hacerlo dentro de la misma causa que el supuesto autor material de los hechos.

Todo ello después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía devolviera al Juzgado de Instrucción número 5 de Granada la causa sin incoar diligencias previas de investigación penal contra el diputado autonómico del PSOE y aforado Noel López, también señalado inicialmente, al entender que no se habían agotado las necesarias diligencias de investigación.

El secuestro se produjo el 21 de febrero por la mañana, después de que la concejal, que llevaba las competencias de Agenda 2030, dejara a sus hijos en el colegio y se encontrara con el secuestrador, al que conocía porque hasta ese momento era la pareja de la alcaldesa de Maracena. El acusado supuestamente le puso como excusa para subir a su coche que se había quedado sin gasolina y ya dentro del vehículo la amenazó con un pistola que la Guardia Civil ha confirmado que era simulada.

En un momento dado, supuestamente ató a la edil con bridas de pies y manos, le tapó la cabeza y la obligó a meterse en el maletero de su vehículo, el cual estacionó en un local de Armilla, también en el cinturón de Granada, antes de marcharse. Ella logró escapar y pedir ayuda, tras lo que denunció los hechos ante la Guardia Civil.

Ante el juez, la exalcaldesa de Maracena, que dimitía tras las elecciones del pasado mayo --al hilo de las que el PSOE pasó a la oposición tras acceder al gobierno local el PP con un cuatripartito en el que está incluido Vox--, defendió su "inocencia" a principios de julio ante el juez y negó la existencia de irregularidades urbanísticas que pudieran motivar el secuestro, confiando en el archivo de la causa.