Los alcaldes del PSOE exigen una Zona de Bajas Emisiones equitativa

Granada se encuentra en el centro de una controversia por la implementación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), con alcaldes y portavoces socialistas reclamando al Ayuntamiento que recapacite y consensue un modelo más equitativo. Encabezados por el alcalde de Maracena, Carlos Porcel, y la alcaldesa de La Zubia, Puri López, los dirigentes municipales han denunciado, a las puertas del consistorio de la capital, que la medida "discrimina a miles de ciudadanos que residen fuera de la capital".

Los socialistas sostienen que el diseño actual de la ZBE permite a los 250.000 residentes en Granada circular sin restricciones mientras que vecinos de municipios como Maracena, Atarfe o Pulianas se enfrentan a dificultades para acceder a hospitales, centros educativos y administrativos. "No es justo que haya granadinos de primera y de segunda según su código postal", ha declarado Porcel.

Críticas al modelo recaudatorio y falta de alternativas

Uno de los puntos más criticados es el supuesto carácter recaudatorio de la ZBE. Los socialistas señalan que penaliza a quienes no tienen su vehículo empadronado en Granada, obligándolos a pagar multas, mientras que los residentes en la capital pueden seguir contaminando solo por abonar el impuesto municipal de circulación. "El aire no entiende de fronteras", han afirmado, instando a una regulación justa que haga que "quien contamine, pague", pero con igualdad de condiciones para todos.

También han criticado la falta de medidas complementarias, como el refuerzo del transporte público. López ha advertido que el actual sistema de transporte ya presenta problemas de saturación, especialmente en horas punta, y que sin mejoras la ZBE afectará gravemente a los ciudadanos que dependen del coche para desplazarse. "Necesitamos una mesa de diálogo, los alcaldes y alcaldesas del Área Metropolitana estamos dispuestos a trabajar, pero el Ayuntamiento de Granada y su alcaldesa tienen que querer trabajar y sentarse con todas y todos nosotros", ha subrayado López.

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El Ayuntamiento de Granada defiende la obligación de la ZBE

Desde el Ayuntamiento de Granada, la alcaldesa Marifrán Carazo ha defendido la medida, argumentando que responde a una obligación legal impuesta por la Unión Europea para reducir la contaminación en las ciudades. Según el consistorio, la ZBE busca mejorar la calidad del aire en la capital y está diseñada para adaptarse progresivamente a las necesidades de movilidad de la ciudad y su entorno.

El equipo de gobierno también ha recordado que se han habilitado aparcamientos disuasorios en las afueras de Granada para facilitar el acceso al centro, aunque los alcaldes del Área Metropolitana han criticado que estos espacios no cuentan con conexiones de transporte adecuadas.

Ante las protestas, el Ayuntamiento ha reiterado su disposición al diálogo, aunque insiste en que la regulación de la ZBE se enmarca en la estrategia de movilidad sostenible y en los compromisos ambientales adquiridos por la ciudad. Sin embargo, los municipios afectados siguen exigiendo una revisión del proyecto para evitar desigualdades y garantizar un trato equitativo para todos los ciudadanos del área metropolitana.

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