Andalucía atiende un 11% menos de dependientes que hace un año y lidera el descenso a nivel estatal

Son los datos que ofrece el Dictamen del Observatorio para la Ley de Dependencia de 2014, que alerta sobre la pérdida de cobertura en la región | Andalucía se sitúa la quinta a nivel nacional en la escala de valoración del Observatorio

Ley | dependencia
Los mayores son uno de los grupos de población que más demandan la aplicación de la ley
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La Ley de Dependencia no pasa por su mejor momento, por lo menos en Andalucía, donde el último informe del Observatorio para la aplicación de esta ley advierte un importante descenso en el número de dependientes atendidos. En concreto, entre junio de 2013 y mayo de 2014, la región ha dejado de atender un 11% de estas personas con necesidades especiales de atención y cuidados. En este sentido, desde diferentes asociaciones se denuncia que las ayudas tardan demasiado en llegar y plataformas como la andaluza para la defensa del sistema de dependencia ya se cuestionan el futuro de la ley.

EL EXAMEN DEL OBSERVATORIO

Andalucía no es la comunidad que peor parada sale en el informe del Observatorio, pero tampoco es la mejor. Según cuentan desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales -los responsables de elaborar el documento-, la región se enfrenta a un lento pero constante deterioro del sistema de dependencia que la ha hecho caer desde una valoración de 8 sobre 10 en el sistema del Observatorio en 2008, hasta el actual 5,5, un aprobado raspado que tiene perspectiva negativa para los próximos años.

Entre los culpables de esta tendencia se encuentran los retrasos en los pagos cuando no, directamente, las denominadas "personas con derechos pendientes de atención", un grupo de dependientes que tienen sus derechos reconocidos pero que no reciben ninguna prestación. En la región, este grupo alcanza el 26,6% y sitúa a Andalucía un tanto por encima de la media nacional. Por contextualizar, en los extremos se encuentran Canarias, que tiene un 51% de estas personas pendientes de atención y Castilla y León, donde este porcentaje es del 1%.

CASOS CONCRETOS EN GRANADA 

Una de la aristas que sostienen la ley de dependencia hace referencia a la figura del cuidador no profesional, una persona -generalmente un familiar- que se dedica a atender a un dependiente y que recibe por ello una prestación económica, puesto que la ley entiende el número de horas y carga de trabajo que esta tarea supone. En Granada y según se hizo público en el Parlamento andaluz, los cuidadores no profesionales que reciben una remuneración han pasado de 4.516 en 2011 a los 390 de este año. Este brusco descenso llega, en buena medida, tras el endurecimiento de las condiciones para acceder a la prestación, entre las cuales se obliga al cuidador a haber desarrollado la actividad con al menos un año de antelación a la solicitud de remuneración. Así lo apuntó en su día la consejera de Sanidad de la Junta, María José Sánchez Rubio, quien alertó del endurecimiento en los requisitos para acceder a ciertos beneficios de la ley.

EL PROBLEMA DE LA FINANCIACIÓN

Tanto para la Plataforma Andaluza para la Defensa del Sistema de Dependencia como para el PSOE andaluz, el origen de los problemas a la hora de aplicar la ley tiene como raíz el sistema de financiación y las trabas burocráticas que se han ido introduciendo en los últimos años. Para Elvira Ramón, parlamentaria socialista, "se ha producido un gran retroceso en la financiación estatal del sistema, ya que de soportar el 40% del coste del sistema en 2009, la administración general del Estado ha pasado a hacerse cargo del 19% en 2013, mientras que la aportación de las comunidades autónomas ha crecido del 50,8 al 62% y el copago de los usuarios casi se ha duplicado”.

Por su parte, la Plataforma denuncia que los Presupuestos Generales del Estado, recientemente presentados, "contemplan la congelación de todas las partidas de gasto en materia de servicios sociales y atención a la Dependencia, que habían sufrido fuertes recortes en el anterior ejercicio". En este sentido, los datos son claros: si en 2010 el Estado llegó a un gasto máximo de 1.803 millones en concepto de Dependencia, en 2013 fue de 1.207. Sin embargo, para este presente año los presupuestos contemplan una partida algo superior, de 1.317 millones, un dato que queda pendiente del cierre del año, según indica el Índice de Desarrollo de Servicios Sociales de 2014.