Andalucía crea un Observatorio de las Agresiones para optimizar la protección de los sanitarios

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha anunciado este martes la constitución de un Observatorio de Agresiones, constituido por expertos, para “proponer medidas factibles, acordes y pertinentes contra las agresiones, así como para servir de instrumento de coordinación entre los distintos protocolos de agresiones y medidas que se vayan adoptando”.

García ha hecho este anuncio tras presidir, tras dos años de su entrada en vigor, la reunión de seguimiento y evaluación del grupo de trabajo que elaboró el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones a Profesionales del SSPA (Servicio Sanitario Público de Andalucía), como prevé el propio plan y del que forman parte los agentes sociales, asociaciones de pacientes, letrados de la Administración andaluza, la Asociación de Letrados de la Administración Sanitaria de Andalucía, la Asociación Andaluza de Derecho Sanitario y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de los miembros de la Consejería de Salud y Consumo y el Servicio Andaluz de Salud.

La titular de Salud y Consumo ha detallado que este Observatorio “evaluará los datos recabados por el Plan y elevará propuestas a las distintas mesas de trabajo, para, entre todos, frenar las agresiones a nuestros sanitarios”. Además, ha añadido, este órgano “servirá de conexión con otros observatorios ya implantados en otras comunidades autónomas”.

Junto a este Observatorio de las Agresiones, se está trabajando también en el establecimiento de un régimen sancionador de agresiones a partir de la modificación de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía. Así, ha explicado García, “se establecerá un régimen sancionador para los usuarios del SSPA que cometan una agresión con sanciones económicas proporcionadas al daño causado”. García ha explicado que “otras comunidades autónomas, como Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Navarra, ya tienen estipuladas estas sanciones”.

En definitiva, ha insistido, “esta reforma de los instrumentos jurídicos persigue conseguir que los profesionales de los centros asistenciales puedan desempeñar su actividad en un ambiente de máxima confianza, respeto y seguridad”.

La consejera ha explicado que el Plan contempla nuevas medidas para “seguir avanzando en la prevención y protección de los trabajadores del SAS y combatir así la violencia que sufren”. Entre estas medidas, ha citado: equilibrar los derechos y deberes de los ciudadanos; realizar una campaña de concienciación dirigida a la población destacando la labor del profesional y recordando que la agresión es un delito recogido en el código penal; informar a la ciudadanía de la existencia del Interlocutor Policial Sanitario; y continuar asegurando la celebración trimestral de las reuniones de las Comisiones Provinciales contra Agresiones a Profesionales Sanitarios del SSPA.

Asimismo, García ha propuesto también “mejorar la información contenida en las tarjetas identificativas del profesional, con el objeto de encontrar el punto medio entre el derecho de los pacientes a conocer el profesional que los atiende y la protección del profesional”.

La titular del ramo ha incidido en que estas medidas vienen a “reforzar” las que ya se han ido adoptando, a propuesta de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, en los dos años de vigencia del Plan. Si bien, ha puntualizado, “muchas de estas medidas, que siguen vigentes, necesitamos seguir implementándolas y reforzándolas”.

Reforzar la seguridad

En este sentido, García se ha referido a la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, particularmente de la Guardia Civil, Policía Local y la Policía Nacional, para que, “tras conocer la incidencia real de agresiones y denuncias realizadas en cada centro, desarrollar las acciones concretas encaminadas a su prevención y disminución, prestando especial atención a las cometidas por personas reincidentes”.

La titular de Salud y Consumo ha explicado que “también continuaremos con la formación en materia de prevención de agresiones dirigida a los trabajadores que se incorporan al SAS” (curso de control de situaciones conflictivas, curso sobre el Plan de Agresiones, formación práctica presencial específica para minimizar las consecuencias de las agresiones del que se han realizado 5 ediciones en 2022 y ya se había impartido en otros 18 centros del SAS, talleres y jornadas impartidas por Policía Nacional y Guardia Civil en todas las provincias); la implantación del profesional Guía, para la mejora en el acompañamiento al personal agredido en todos los trámites desde que se produce la agresión hasta el final del proceso; el ofrecimiento inmediato de asistencia jurídica al trabajador agredido; el alejamiento del agresor y medidas de seguridad prevención implantadas en los centros de trabajo (cámaras de seguridad, timbres en consulta, consultas comunicadas con interfonos, etc.) y campañas de información a la ciudadanía sobre el estatus de autoridad que tienen los profesionales sanitarios ante agresiones.

Actualmente, ha recordado la consejera, los centros sanitarios andaluces cuentan con más de 45.000 elementos de seguridad de distinto tipo, entre los que destacan: 3.973 cámaras de seguridad, 5.489 timbres en consulta, 1.142 consultas comunicadas con interfonos, 14.396 teléfonos en consultas, 3.744 salidas alternativas o 14.425 terminales en puestos de trabajo en consultas con el software antipánico instalado.

En cuanto a la asesoría jurídica de los profesionales que deciden denunciar, ha señalado García, hasta octubre de 2022, los letrados del SAS han realizado un total de 215 asistencias. Además, se han logrado 53 sentencias condenatorias y la tipificación en 45 casos de delitos de atentado.

Balance de agresiones

El grupo de trabajo del Plan, que entró en vigor el 10 de octubre de 2020, ha valorado la disminución en dos puntos de la tasa andaluzas de agresiones entre 2022 y 2019, año anterior a la pandemia, así como el descenso en los valores absolutos.

Así, en 2022 se produjeron 1.494 agresiones en la comunidad autónoma mientras que en 2019 se registraron 1.507; y la tasa, debido al incremento de profesionales contratados, pasó de 14,3 por mil profesionales en 2019 a 12,3 por mil profesionales en 2022. En este último año, también ha disminuido el porcentaje de las agresiones físicas en un 10,4% con respecto a las registradas en 2019 (259 frente a 289).