VÍDEO | Andalucía recupera en 2021 los niveles de litigiosidad previos a la pandemia con un 12% más de asuntos

La comunidad andaluza ha recuperado en 2021 los niveles de litigiosidad previos a la pandemia, con el ingreso de un 12% más de asuntos que en 2020 hasta llegar a los 1,2 millones, afectando el aumento de litigiosidad a casi todos los órdenes jurisdiccionales.

Andalucía vuelve a estar así en los niveles más altos de litigiosidad de España, con una tasa superior en un 8% a la media estatal, según ha expuesto este miércoles el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, durante la presentación de la memoria anual de 2021 en la Real Chancillería de Granada, sede del alto tribunal andaluz.

Durante 2021 subieron los asuntos ingresados en todas las jurisdicciones, excepto en la contenciosa administrativa. La jurisdicción penal ingresó un 13% más de asuntos que en 2020 y su cifra final supone un 23% del total de asuntos ingresados a nivel nacional, lo que sitúa a Andalucía en el segundo lugar de litigiosidad en esta jurisdicción.

La jurisdicción social ingresó un 10% más de asuntos que el año anterior y la jurisdicción contenciosa continuó con el descenso del año anterior, con un 3% menos, rompiendo la tendencia al alza tan inusual del año 2019, donde se produjo un desmesurado ingreso de asuntos en materia de extranjería.

Por su parte, la jurisdicción civil ingresó un 3% más, siguiendo la tendencia al alza desde el incremento de 2017, que obedecía, sin duda, a la litigiosidad derivada de las llamadas "cláusulas suelo". En este sentido, este territorio judicial asume más del 16% del registro a nivel nacional de este tipo de condiciones generales de contratación bancaria (Andalucía registró 18.573 asuntos y a nivel nacional 116.342 asuntos).

Se mantiene la delicada situación generada en esta materia, de forma que también la estadística ha subido en Andalucía con respecto al año pasado y se ha ingresado un 22% más de este tipo de asuntos; en concreto un total de 18.573 procedimientos durante 2021, con la siguiente distribución por provincias: Almería (1.809), Cádiz (3.858), Córdoba (1.561), Granada (1.725), Huelva (1.158), Jaén (1.649), Málaga (3.202) y Sevilla (3.611).

Lorenzo del Río ha destacado que, si bien el pasado año aumentaron los asuntos ingresados en los órganos judiciales andaluces, también lo hicieron de forma significativa los asuntos resueltos. Concretamente, durante 2021 los órganos judiciales resolvieron 1,2 millones de asuntos, un 20% más que el año anterior. El presidente del TSJA ha incidido en que se resolvieron, por tanto, "la totalidad de los asuntos ingresados" y se mantiene en general "un nivel alto de laboriosidad".

Demasiada Judicialización

No obstante, se ha referido a los problemas derivados de la gran judicialización de los conflictos entre la ciudadanía, que no acude a métodos de resolución alternativos, lo que genera una "sobrecarga innecesaria en los juzgados". Por ello, ha reivindicado la implantación de mecanismos de mediación para la solución de conflictos y ha apostado por una mejora sustancial de las herramientas procesales, simplificando los procesos y sus fases y, sobre todo, implantando soluciones que eviten un uso indebido del proceso, normalmente para dilatar en el tiempo una respuesta judicial definitiva.

Por este motivo, ha urgido a materializar el proyecto de ley de Eficiencia Procesal, que introduce los medios adecuados de solución de controversias (MASC) y reforma las leyes procesales en aras a reducir la litigiosidad, impulsando un servicio público de "Justicia sostenible", así como dotar de mayor agilidad la tramitación de los procedimientos judiciales.

De esta forma, se establece un requisito de procedibilidad en los procedimientos civiles y mercantiles, que exige haber intentado una solución consensuada con carácter previo a la interposición de la demanda.

Las cifras recogidas en la Memoria Anual de Actividades y Funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 2021 no reflejan, según expone Lorenzo del Río, "una realidad de la justicia en Andalucía diferente a la apreciada en los últimos años y evidencian, de nuevo, conclusiones similares sobre tasa de litigiosidad muy significativa, lo que lastra la reducción de la excesiva pendencia de asuntos existente en nuestros juzgados y tribunales, pese a que la tasa de resolución de asuntos consigue prácticamente absorber los de nuevo ingreso durante estos últimos años".

Gestión Política

Por este motivo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha apelado "a la responsabilidad de los encargados de la gestión política, que ostentan la competencia y tienen la capacidad para invertir esta situación". La falta de modernización del poder judicial, las deficiencias llamativas denunciadas año tras año, así como la necesidad de replantear la organización de la oficina judicial y sus recursos personales son reivindicaciones planteadas hace más de una década.

En este sentido, el presidente del TSJA señala que los diversos indicadores que elabora la Comisión Europea, alertan sobre "nuestro defectuoso sistema organizativo y de distribución de la carga de trabajo, anclado en formas del siglo XIX". Así, "todos los análisis detectan problemas de institucionalidad y gobernanza, siendo necesario modificar radicalmente su organización para adaptarla a las nuevas realidades y conflictos, al tiempo que perfeccionar la gestión de los medios personales y materiales, mejorando los mecanismos e instrumentos de evaluación y rendición de cuentas ante la sociedad".

Por ello, apuesta por el llamado Plan Justicia 2030 que quiere modernizar y transformar la Administración de Justicia en España en torno a tres ejes de actuación: organizativo, procesal y tecnológico. Y por el proyecto de ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, que supondría contar con medidas de agilización, tecnológicas y de medios alternativos de solución de conflictos.

"El problema es acuciante y el tiempo pasa a una velocidad de vértigo", apostilla, por lo que "las fuerzas políticas deben ser conscientes de su necesidad e importancia en nuestro ámbito de justicia".