Aplazado el juicio contra el exalcalde de Castril tras la aportación de nueva documentación
El juicio se ha señalado para el 4 y 5 de noviembre en la Sección Primera de la Audiencia Provincial tras la petición fiscal
Europa Press
La Audiencia de Granada ha suspendido a petición de la Fiscalía el juicio previsto para este jueves contra el exalcalde de Castril, José Juan López Ródenas (PSOE), por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por el supuesto gasto indebido de 47.246 euros en desplazamientos en taxi en su etapa de gestión, a raíz de la reciente aportación de nueva documentación a la causa que las partes no han tenido tiempo de examinar en profundidad.
El juicio se ha señalado para el 4 y 5 de noviembre en la Sección Primera de la Audiencia Provincial tras la petición fiscal, a la que se han adherido el resto de las partes, incluyendo la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento de Castril, al tratarse de una extensa documentación que supera el millar de folios, según han detallado a Europa Press fuentes del caso.
López Ródenas, que se enfrenta a una petición fiscal de cuatro años y medio de prisión y ocho de inhabilitación absoluta, se ha mostrado convencido de que esta nueva prueba documental "dará un giro al caso", una vez sea analizada por la Fiscalía al garantizar que en ella se acredita la legalidad de los desplazamientos en taxi que se le atribuyen "ajenos a su función pública".
En declaraciones a Europa Press, López Ródenas ha incidido en que esos 47.246 euros no se corresponden con viajes privados suyos sino que es el montante al que asciende la partida designada por el Ayuntamiento para cuatro años en concepto de desplazamientos en taxi que incluyen, por ejemplo, los viajes de las asociaciones de mujeres del municipio a otras localidades, desplazamientos solicitados desde el área de Servicios Sociales o para que la banda municipal de música tocara en otros lugares. El exregidor garantiza que están justificados "del primero al último de estos viajes" y la mayoría no los ha hecho él.
La acusación particular ejercida por el Ayuntamiento de Castril y representada por el letrado Carlos Jiménez, de Revelles Abogados, solicita nueve años y tres meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
El periodo investigado abarca desde 2008 a 2011, cuando a juicio del fiscal el entones alcalde "abusando de su condición de autoridad", "consciente de la ilegalidad de su actuación" y del "perjuicio que causaba al interés general", supuestamente ordenó y autorizó el pago de numerosas facturas emitidas por un determinado taxista.
Lo hizo con cargo a los desplazamientos realizados en el taxi puesto a su disposición en calidad de alcalde para el desarrollo de sus funciones. Sin embargo, el fiscal mantiene que "la mayoría de los viajes realizados eran de carácter privado y no guardaban relación alguna con el ejercicio de las funcionas propias de su cargo".
