Archivan el caso de la casa Ágreda por el que fue investigado Torres Hurtado

La Audiencia de Granada admite que el "método utilizado" por el Ayuntamiento "podría no ser el más idóneo, pero en ningún caso ilegal"

torres-hurtado-juzgados-casa-agreda
Imagen de archivo de José Torres Hurtado atendiendo a los medios antes de declarar por este caso | Foto: Archivo
Europa Press
0

La Audiencia de Granada ha confirmado la resolución del Juzgado de Instrucción 9 de Granada que ya el pasado febrero archivó el caso de la Casa Ágreda, en el que se investigó si hubo irregularidades en la adjudicación del derecho de superficie con opción a compra de este inmueble del siglo XVI a la Federación de Agencias Internacionales para el Desarrollo (AIDE).

En un auto, contra el que no cabe recurso ordinario y al que ha tenido acceso Europa Press, la Audiencia Provincial desestima el recurso interpuesto por la acusación popular contra el archivo de las actuaciones que ya decretó el Juzgado por "no estar debidamente justificada la perpetración de los delitos" que dieron lugar a la incoación de la causa.

La resolución que ahora confirma la Audiencia de Granada señala que el "método utilizado" por el Ayuntamiento para "determinar el valor de enajenación del inmueble en cuestión, podría no ser el más idóneo, pero en ningún caso ilegal y acordado a sabiendas de su ilegalidad".

Señala igualmente que el procedimiento escogido para la adjudicación de la Casa Ágreda fue "acorde con la normativa vigente" y concluye indicando que en la instrucción no se ha encontrado "debidamente justificada la perpetración de infracción penal alguna" en la operación, que tuvo lugar en la anterior etapa de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Granada.

Por este caso declararon en 2016 en calidad de investigados el exalcalde de Granada José Torres Hurtado (PP) y la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto, además del que fuera director técnico de obras municipales, Manuel Lorente, y otro funcionario de Urbanismo. Todos ellos negaron irregularidades en el expediente por el que se adjudicó este inmueble enclavado en el Albaicín a la citada ONG, que siempre negó un posible tráfico de influencias y enmarcó la causa en un "enfrentamiento entre partidos".