Armilla se niega a pagar el sobrecoste del soterramiento del Metro en Granada

La alcaldesa reclama a la Junta el pago de los 5 millones de euros pendientes con Armilla antes de exigir nuevas aportaciones

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Según el Ayuntamiento, la reclamación "no se ajusta a derecho" | Foto: Archivo GD
Gabinete
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El Ayuntamiento de Armilla ha iniciado los trámites para interponer un recurso contencioso-administrativo contra la Orden de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, por la que se aprueba la liquidación de una supuesta deuda municipal derivada del Convenio de Colaboración para la construcción y explotación del Metro de Granada. Dicha orden, notificada el pasado 30 de diciembre de 2024, exige al consistorio el pago de 1.411.040,87 euros, correspondientes a aportaciones en concepto de inversión y explotación entre 2017 y 2023.

La alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, ha subrayado que el Ayuntamiento lleva "años reclamando a la Consejería de Fomento el pago de las cantidades pendientes derivadas de la ejecución de la Línea 1 del Metro de Granada", sin que hasta el momento haya obtenido respuesta. "En cada comisión de seguimiento exigimos la devolución de los 1,8 millones de euros con intereses por la parcela expropiada para la subestación eléctrica, los 3 millones de euros en obras compensatorias que sí se ejecutaron en otros municipios pero no en Armilla, y los 200.000 euros adelantados en inversiones de movilidad que aún no hemos recuperado. En total, la Junta de Andalucía mantiene con nuestra ciudad una deuda de unos 5 millones de euros, y lo primero que debería hacer es saldarla antes de exigir nada. Hasta que no se abone esta cantidad, no podemos empezar a hablar de sus exigencias”, ha afirmado la alcaldesa.

El equipo de gobierno ha argumentado que "la reclamación no se ajusta a derecho, ya que se basa en un convenio de 2006 que, según la normativa vigente, se encuentra extinguido desde 2020. La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que los convenios interadministrativos deben adaptarse a la nueva legislación en un plazo máximo de tres años o, en su defecto, se prorrogarán automáticamente por cuatro años. En el caso de Armilla, el Convenio no se adaptó y quedó prorrogado automáticamente estos cuatro años hasta 2020, fecha en que se considera extinguido en virtud de la Ley".

Además, la alcaldesa de la ciudad, Loli Cañavate, ha reiterado en diversas ocasiones que "el Ayuntamiento de Armilla nunca ha reconocido la deuda que ahora pretende liquidar la Junta de Andalucía. En la última reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento, celebrada el 22 de febrero de 2024, la alcaldesa dejó constancia de su oposición a los importes calculados por la Consejería, ya que el consistorio nunca tuvo acceso previo a la documentación justificativa de las cifras reclamadas".

El Ayuntamiento de Armilla también argumenta que la Junta de Andalucía ha modificado unilateralmente las condiciones económicas del convenio, lo que ha generado un desequilibrio financiero que perjudica a los municipios implicados. El coste total de inversión del Metro de Granada ha aumentado un 75% respecto al presupuesto inicial, pasando de 276 millones de euros a más de 484 millones de euros, una cifra que no fue consensuada con los ayuntamientos afectados.

Buena parte de este sobrecoste responde a las modificaciones en el trazado del Metro en la ciudad de Granada, "que introdujeron tramos soterrados sin contar con el acuerdo de municipios como Armilla, Maracena o Albolote. Este cambio en el modelo de explotación supone un perjuicio económico que no debe ser asumido por los ayuntamientos que sí han cumplido con sus compromisos iniciales", tal y como ha defendido el Ayuntamiento de Armilla en reiteradas ocasiones.

La interposición de este recurso se enmarca en una estrategia jurídica común que están adoptando otros municipios andaluces, entre ellos Granada, Sevilla y Málaga, cuyos ayuntamientos también han decidido recurrir las liquidaciones emitidas por la Junta de Andalucía en relación con el Metro.

El Ayuntamiento de Armilla ha reiterado su "compromiso con la defensa de los intereses municipales" y exigirá a la Junta de Andalucía que "revise su postura y busque una solución que no perjudique a los municipios afectados".







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