Arranca la causa contra una treintena de acusados de defraudar prestaciones con contratos falsos

La Sección Segunda de la Audiencia de Granada juzga desde este martes a una treintena de acusados de cometer fraude de prestaciones al sistema de la Seguridad Social a través de contratos de trabajo ficticios a trabajadores en el seno de ocho empresas que nunca tuvieron actividad, con lo que llegaron a defraudar más de 115.000 euros.

La Fiscalía de Granada ha pedido penas de entre cuatro años y 22 meses de cárcel para los procesados en esta causa, cuyo juicio se celebrará en el edificio judicial de la Caleta dado el gran número de acusados, según han informado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La Subdirección de Empleo y Seguridad Social investigó a las ocho empresas implicadas entre junio y diciembre de 2013 y pudo constatar que "no existían indicios de actividad empresarial" en ninguna de ellas, según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.

Así, tras girar visita a los domicilios y centros de trabajo de estas empresas los funcionarios constataron "que en todos los casos no existían, carecían de actividad o pudieron ser localizadas bien por tratarse de domicilios particulares bien por encontrarse en lugares que no tenían relación con ellas".

Las empresas investigadas presentaban deudas por casi la totalidad de las cuotas del régimen general de la Seguridad Social desde el inicio de su existencia y todas tenían varios nexos de unión. Por una parte, contaban con el mismo autorizado RED, que era uno de los acusados en la causa. La autorización al Sistema RED se concede a aquellas empresas, profesionales y demás sujetos que en el ejercicio de su actividad cumplimenten y presenten documentos de cotización en representación de los sujetos responsables de la obligación de cotizar.

Otro punto en común era el trasvase de trabajadores y administradores, con movimientos de afiliados comunes de unas empresas a otras; de modo que quienes eran administradores de unas pasaban a ser dados de alta en otras como afiliados.

Pese a carecer de actividad empresarial y por tanto no tener necesidad de contratar trabajadores, dieron de alta a numerosos empleados, previa elaboración de contratos ficticios presentados ante el Servicio Público de Empleo estatal. Los mantuvieron de alta el tiempo suficiente para poder acceder a las prestaciones del sistema de la Seguridad Social y en su caso a subsidios y prestaciones por desempleo o por incapacidad temporal, entre otros.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de delitos continuados de estafa en concurso con delitos de falsedad en documento oficial o alternativamente de fraude de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social.