Arrancan las declaraciones sobre las facturas de TG7

El Juzgado de Instrucción número 6 de Granada ha citado a declarar como investigado este lunes al concejal del PP en el Ayuntamiento de Granada Juan Antonio Fuentes en la causa sobre supuestas irregularidades en la contratación de servicios extraordinarios en la televisión municipal de Granada (TG7) durante la etapa de gobierno de este partido.

Fuentes declarará ante el juez a partir de las 10,00 horas y posteriormente le tocará el turno, también en calidad de investigada, a la empleada pública que ejerció funciones de directora de la televisión en aquel momento.

Esta misma semana, el jueves, declararán también cuatro testigos por este caso, según consta en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press. Se trata del coordinador general de Economía del Ayuntamiento; el director gerente de Emasagra; el director gerente de Inagra y el director gerente de la Fundación Granada Educa.

La Fiscalía acordó en febrero denunciar los hechos al Juzgado a raíz de la denuncia que presentó Vamos Granada por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Lo hizo al entender que el concejal Juan Antonio Fuentes (PP) supuestamente contrató en 2015 servicios complementarios al contrato de grabación que había en TG7 "sin seguir el procedimiento establecido en la Ley de Contratos del Sector Público", sin respaldo presupuestario y eludiendo los controles y la Intervención municipal.

Todo ello podría haber generado un perjuicio económico a las arcas municipales de 864.121 euros, según se desprende de los documentos aportados a las actuaciones.

En un decreto fechado a finales de enero, la Fiscalía expone que la productora CBM ingresó entre 2013 y 2015 "directamente dinero por publicidad que no quedó registrado en la contabilidad municipal y "en consecuencia no pasó por los órganos de fiscalización y control municipales". En este periodo facturó un total de 381.569 euros a varias empresas públicas y a una fundación, entre otros.

A ello suma el fiscal que "con pleno conocimiento de la imposibilidad de reconocer una deuda previa contraída" con la productora desde enero de 2013 por "conceptos no concretados", el edil suscribió un documento que, si bien denominó convenio es "en realidad un contrato administrativo" que no establece obligaciones para el futuro sino que "se basa en el reconocimiento" de estas facturas impagadas.

Agrega que el edil carecía de competencia para otorgar este contrato, lo que correspondía a la Junta de Gobierno Local, y recuerda que en el informe posterior que elaboró al respecto el coordinador general de Economía, se indicaba que no era posible determinar a la vista del expediente "quién autorizaba esos servicios extraordinarios" que no cubría el contrato o qué circunstancias lo motivaron al no haber reflejo documental. El informe del interventor expuso que los servicios complementarios facturados "carecen de crédito y soporte jurídico" y son "nulos de pleno derecho".

Las cuantías de las facturas son de 548.778,21 euros pendientes de pago que la productora CBM ha ganado por contencioso y 315.345,86 euros que la empresa considera cobrados a través de las empresas públicas (Inagra, Emasagra), lo que hace un total de 864.124,07 euros.