Audiencia ordena cerrar la causa contra ediles del PP que bajaron el sueldo al alcalde de Santa Fe

La Audiencia Provincial de Granada ha dictaminado que la querella presentada por el entonces alcalde socialista de Santa Fe (Granada), José María Aponte, dos ediles del PSOE y uno de IU contra concejales del PP, después de que estos aprobasen en pleno una bajada de sueldo del anterior regidor y la eliminación de las retribuciones de concejales liberados y personal eventual, no tendría que haberse "admitido a trámite", y ha ordenado cerrar la causa contra ellos al Juzgado de Instrucción 2 del municipio granadino.

En concreto, el auto judicial, dictado el 30 de octubre de 2017 por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que resuelve el recurso de apelación interpuesto por los concejales del PP santaferino en abril de 2015, acuerda "la estimación del recurso, ordenando sin más demora, la conclusión del procedimiento en el estado en el que se encuentra con los mismos efectos que si la querella interpuesta el 7 de noviembre de 2014, no se hubiera admitido a trámite".

Sin embargo, a juicio del portavoz local del PP de Santa Fe, Juan Cobo, este dictamen no ha evitado el "calvario y pesadilla judicial" que han soportado los ocho ediles, "los únicos en la historia democrática que hemos acordado eliminar o rebajar el sueldo de un equipo de gobierno y hemos sido imputados por ello e incluso acusados de prevaricación".

"El PSOE de Santa Fe ha utilizado de forma torticera y partidista a la justicia, ya que hemos sido los únicos concejales en toda España imputados durante tres años por bajarle el sueldo a un alcalde que dos meses después anunció un expediente de regulación de empleo para despedir a más de 30 trabajadores municipales, debido a la quiebra económica a la que tenía sometido al Ayuntamiento santaferino", ha criticado Cobo.

Los hechos se remontan al año 2011 cuando los ocho concejales del PP y una concejal no adscrita acuerdan en pleno una bajada del sueldo del alcalde socialista en aquel momento, Sergio Bueno, y la eliminación del sueldo de los concejales liberados y el personal eventual, "lo que suponía un ahorro en las arcas municipales de 131.185 euros anuales y de 524.740 euros en los cuatro años de mandato".

No fue hasta tres años después, en 2014, cuando el alcalde en aquel momento, dos ediles del PSOE y uno de IU presentan una querella contra los ocho concejales del PP por un supuesto delito de prevaricación, querella que fue admitida a trámite y que, a su vez, fue recurrida por los 'populares' por no exigirles el juez a los querellantes fianza alguna y porque los hechos denunciados "no eran constitutivos de delito alguno". Sin embargo, el Ministerio Fiscal se opuso al sobreseimiento al considerar que los hechos había que investigarlos.

"Resulta curioso que la querella no se presentase hasta 2014, con el claro objetivo por parte del PSOE de Santa Fe de que concurriéramos a las elecciones municipales de 2015 en calidad de imputados, dado que fuimos llamados a declarar cinco días antes de los comicios locales del 24 de mayo, obstruyendo nuestra oportunidad de concurrir en igualdad de condiciones con respecto al resto de partidos políticos", ha explicado Juan Cobo, quien ha cuestionado que fueran llamados a declarar "a pesar de no haberse resuelto nuestro recurso de apelación respecto a la no admisión a trámite de la querella".

Por ello, han considerado que el PSOE de Santa Fe "ha estado usando nuestra situación procesal de imputados durante tres años para hacer política, manchando nuestra imagen y buen nombre, y el del partido al que representamos".

"Han mancillado nuestro derecho al honor y por tal motivo vamos a ejercer las acciones judiciales oportunas para que se restablezca nuestro honor, buen nombre y dignidad", ha apostillado Cobo

Los ocho concejales del PP, ahora fuera de investigación judicial, han defendido que el único delito por el que se les puede acusar "es el de haber defendido el interés general de los vecinos de Santa Fe, El Jau y Pedro Ruiz, procurando un ahorro económico de más de medio millón de euros para nuestro Ayuntamiento".

Por último, Juan Cobo ha recordado que uno de los querellantes fue el actual alcalde de Santa Fe, el socialista Manuel Gil, a quien ha exigido que pida perdón por su "fallida estrategia judicial", y ha criticado que haya sido "cómplice y cooperador necesario del PSOE para atentar contra nuestro honor y dignidad, dedicando el tiempo a presentar querellas sin fundamento en lugar de poner orden y gobernar con eficiencia y eficacia la pésima gestión a la que tiene sometido a nuestro municipio".

Además, ha señalado que la querella tendrá unas "consecuencias económicas" para el Ayuntamiento de Santa Fe, que tendrá que pagar los gastos de letrado y procurador de los ocho concejales del PP y la concejal no adscrita. "Exigimos que este gasto no lo asuman los vecinos de Santa Fe, sino que lo paguen de su bolsillo José María Aponte, Manuel Gil y los otros dos ediles que presentaron la querella", ha concluido el dirigente 'popular'.