Aumentan las denuncias por violencia de género y las víctimas en Andalucía en el primer trimestre de 2023

Los principales indicadores de la violencia de género experimentaron en el primer trimestre de 2023 un nuevo incremento respecto del mismo trimestre de 2022. El número de mujeres víctimas de la violencia machista entre enero y marzo de 2023 fue de 9.308, un 4,9 % más que hace un año mientras que el número de denuncias ascendió hasta las 9.539, un 4,3 % más que en el mismo trimestre de 2022.

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha hecho públicos este miércoles los datos trimestrales, que muestran que los órganos judiciales andaluces acordaron 1.758 órdenes de protección, lo que supone un 3,4 % menos que el año anterior. El número total de sentencias dictadas por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Andalucía ascendió a 1.351, de las que el 89,2 por ciento, es decir, casi nueve de cada diez, fueron condenatorias.

El número de medidas civiles consistentes en la suspensión del régimen de visitas, que los juzgados de violencia sobre la mujer dictan para proteger a los hijos e hijas de las víctimas, mantuvieron la tendencia al alza mostrada desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Así, durante el primer trimestre de 2023, se adoptaron 184 medidas de este tipo, un 14,2 % más que hace un año.

Durante el primer trimestre de 2023, los juzgados españoles recibieron un total de 9.539 denuncias, un 4,3 % más que en el mismo periodo del año anterior, en el que se registraron 9.149. Las mujeres víctimas de la violencia machista fueron 9.308, un 4,9 % más que hace un año, cuando se contabilizaron 8.875. El 75 % de las víctimas tenía nacionalidad española. El número de víctimas menores ascendió a 24, ninguna de ellas de nacionalidad extranjera.

La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 18,4 en toda España, 1,7 puntos más alta que en el primer trimestre de 2022. Por encima de la media nacional se situaron Murcia, con una ratio de 26,4; Baleares, con 26; Comunidad Valenciana, con 25,6; Canarias, con 22,8; Navarra, con 21,1; Andalucía, con 21; Cantabria, con 19,2 y Madrid, con 18,4. Las tasas por debajo de la media nacional se contabilizaron en Galicia, con 12,4; País Vasco, con 13,1; Castilla y León, con 13,3; Cataluña, con 13,8; La Rioja, con 14,2; Castilla-La Mancha, con 14,3; Asturias, con 11; Aragón, con 16,4 y Extremadura, con 17,4.

En tres de cada cuatro casos (7.177, el 75,2 %), las denuncias fueron presentadas por la propia víctima bien en el juzgado bien en comisaría. Una cifra que nuevamente sigue siendo muy superior a la de las denuncias presentadas por el entorno de la víctima (67), que apenas alcanzaron el 1 % del total. Las denuncias derivadas directamente de atestados policiales representaron el 12,2 %; las originadas por partes de lesiones, el 7,68 % y las presentadas por terceras personas, el 4,16 por ciento.

El 5,9 % de las víctimas renunció a declarar contra su agresor

El porcentaje de mujeres víctimas que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar aumentó respecto al año anterior. En el trimestre analizado, renunciaron a declarar contra su agresor 548 mujeres víctimas, el 5,9 % del total. De ellas, 387 eran españolas y 161 tenían otras nacionalidades.

Entre enero y marzo de este año se solicitaron en los órganos judiciales un total de 2.250 órdenes de protección, un 2,3 % menos que hace un año. De ellas, 1.985 fueron incoadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y otras 265 por los juzgados en funciones de guardia.

Las órdenes de protección adoptadas sumaron en total 1.758, un 3,4 % menos que hace un año. Es decir, en el trimestre analizado se acordaron casi ocho de cada diez (78,1 %) órdenes de protección solicitadas. Los juzgados de violencia sobre la mujer acordaron 1.535, el 77,3 % de las solicitudes que recibieron, mientras que los juzgados de guardia acordaron 223, el 84,1 por ciento de las solicitudes registradas.

Medidas judiciales penales y civiles de protección

Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 3.571 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores). En el ámbito penal, las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (1.397), que representaron el 39,1 % del total de órdenes de protección y medidas cautelares acordadas, y la prohibición de comunicación (1.367), un 38,28 por ciento del total.

Asimismo, los órganos judiciales dictaron 1.092 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (359), que representaron el 32,87 % del total de medidas civiles adoptadas, y las relacionadas con la atribución de la vivienda (283), el 25,9 % del total.

Durante el primer trimestre de este año, también se acordaron 184 medidas civiles de suspensión del régimen de visitas. Este tipo de medidas, que representaron el 16,84 % del total de las medidas civiles adoptadas, aumentaron un 14,2 % respecto al mismo trimestre de 2022, cuando la reforma del artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -que establece la suspensión del régimen de visitas “cuando se dicte una orden de protección con medidas de contenido penal y existieran indicios fundados de que hijos e hijas menores de edad hubieran presenciado, sufrido o convivido” con la violencia de género- llevaba ya en vigor más de medio año.

Valoraciones de la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, observa cómo los datos del primer trimestre del año muestran una vez más un incremento, muy similar en términos porcentuales al registrado en el cierre del pasado año, tanto en el número de mujeres víctimas como en el de denuncias presentadas.

Ángeles Carmona señala la importancia de que el porcentaje de mujeres que denuncian a sus agresores ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o ante la Justicia se mantenga de forma sostenida en torno al 70% y plantea que uno de los retos a los que se enfrenta la lucha contra la violencia machista es el de seguir mereciendo la confianza de todas esas mujeres, unido al de ganarse la confianza del resto de víctimas. “Debemos ser capaces de conseguir que todas ellas sientan que dando ese difícil paso que es denunciar a su pareja o ex pareja, están abriendo la puerta a un futuro mejor para ellas y para sus hijas e hijos. Cuando cruzan la puerta del juzgado o de la comisaría, deben sentirse seguras”, afirma la presidenta del Observatorio.

El aumento del número de víctimas y de denuncias tiene, como ocurrió a finales de 2022, una doble lectura: de un lado es un dato positivo porque muestra que las víctimas no se callan, denuncian, pero, por otro, significa que la violencia de género en España sigue haciendo mucho daño a muchas mujeres. Por esta razón, la presidenta del Observatorio insiste en la enorme importancia de la denuncia, que es también la única forma de no dejar impune la comisión de estos delitos.

“La denuncia pone en marcha la maquinaria de la Justicia, que actúa con absoluto respeto de las garantías procesales de todas las partes y que es la única vía de castigar al agresor cuando, tras la celebración de un juicio justo, se demuestra la veracidad de los hechos denunciados”, asegura Carmona, quien añade que no denunciar equivale a impunidad y lanza un mensaje muy negativo, da la idea de que los agresores quedan exentos de responsabilidad.

Finalmente, la presidenta del Observatorio considera muy relevante el aumento de las órdenes de protección concedidas (6,6 % más), que es muy parejo al incremento de las solicitudes recibidas en los órganos judiciales (un 7 %). Los jueces y juezas adoptaron la medida de alejamiento en siete de cada diez solicitudes, lo que muestra sin duda no sólo la preparación de lis integrantes de la Carrera Judicial en esta materia, sino también su sensibilidad en relación con la situación que viven las mujeres víctimas.

La misma valoración positiva merece el aumento que, dos años después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, sigue experimentando la medida civil consistente en la suspensión del régimen de visitas. Lógicamente, no alcanza los porcentajes de los primeros trimestres que siguieron a la entrada en vigor de la ley, afirma Carmona, pero está próximo al veinte por ciento (18,72 %), dato que nos vuelve a mostrar la gran profesionalidad de nuestros jueces y juezas.