Avalada la suspensión de las colaboraciones de la UGR con instituciones israelíes

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Granada ha desestimado el recurso presentado por la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) contra la Universidad de Granada (UGR) por suspender su colaboración académica y científica con instituciones israelíes. El acuerdo impugnado se adoptó en mayo de 2024, tras numerosas movilizaciones impulsadas por el estudiantado de la universidad y la Red Universitaria por Palestina de Granada, que reclamaban una postura institucional frente al genocidio en Gaza.

La sentencia recoge que la medida de la UGR se fundamentó en pronunciamientos internacionales, entre ellos, las declaraciones de la relatora de la ONU, Francesca Albanese, quien en abril de 2024 afirmó que "el mundo está siendo testigo del primer genocidio mostrado en tiempo real por sus víctimas". Además, se alude a las exigencias de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA) que en mayo de 2024 reclamaron "el cese inmediato y definitivo de las operaciones militares del ejército israelí".

El fallo judicial sostiene que la UGR actuó dentro de su autonomía universitaria, avalada por la legislación vigente y sus estatutos, que priorizan "la cultura para la paz, la no violencia y la cooperación entre pueblos". La sentencia subraya que la suspensión no constituye discriminación, sino una medida proporcional para alinearse con el derecho internacional humanitario.

En este sentido, la sentencia señala que comparte las valoraciones de la Universidad y de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), codemandada, en referencia a la guerra y a la pertinencia de la medidas adoptadas, dado el "limitadísimo efecto de las decisiones adoptadas, su carácter provisional, su motivación en los fines expuestos en relación con la situación de conflicto asimétrico que se ha apreciado por organismos internacionales y la necesidad de tomar algún género de medida para, siquiera sea, intentar tales propósitos, aunque evidentemente con ello no vaya a finalizar la guerra".

En el proceso participó como codemandada la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que defendió la legalidad del acuerdo, respaldando la postura de la UGR. La resolución cierra la vía contenciosa en primera instancia, aunque permite recurso de apelación ante el TSJA.