AVRA niega una vivienda segura a una mujer maltratada y a su hijo discapacitado

José Invernón, Miriam Jurado y Natalia García Caballos, miembros de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, apoyan la denuncia presentada contra la Oficina de Rehabilitación Cartuja-La Paz-Almanjayar de la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) por la violación de derechos fundamentales, tras su decisión de negarse a proporcionar una vivienda digna y segura a una mujer víctima de violencia de género y a su hijo discapacitado, que en estos momentos se encuentra bajo amenazas por ser homosexual, y por ello prefieren permanecer en el anonimato por temor a su integridad física

La organización considera "detestable" que AVRA desoiga de manera reiterada las reclamaciones de esta familia, y no le facilite una permuta de vivienda en un entorno seguro, estando en conocimiento de las condiciones de especial vulnerabilidad en la que se encuentran estas personas y del riego para la integridad física del joven, que ya ha sido agredido en una ocasión y que sufre una discapacidad del 54% reconocida por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Dicha discapacidad subió del 34% al 54% debido a las pésimas condiciones del entorno y al acoso verbal permanente que sufre.

Según la denuncia presentada, la Administración reconoce la existencia de peligro real para la familia, hasta el punto de que la autorizó de forma excepcional a cambiar su vivienda actual, también propiedad de AVRA, indicando verbalmente que sería de manera provisional hasta la concesión de una nueva vivienda que cumpliera las condiciones de seguridad de la familia. No obstante, este domicilio se encuentra en la misma calle y a tan solo 100 metros del anterior, por lo que las amenazas continúan. "Nos van a matar", declara la mujer denunciante.

Se da la circunstancia, además, de que se trata de una vivienda "en precario", que no reúne en el momento de la entrega las condiciones mínimas de habitabilidad: no tiene seguridad eléctrica, cuenta con humedades en cocina, baño y pasillo, con agujeros en el techo con cables colgando, ausencia de interruptores y enchufes en el salón, puertas rotas y se encuentra sin sumidero en el plato de ducha, entre otras cuestiones desastrosas.

La familia continuó solicitando a AVRA y a diferentes asociaciones, un cambio de vivienda. Hasta tal punto que, se le escribió una carta-denuncia al defensor del pueblo andaluz, en la que dice lo siguiente: "La situación que estoy viviendo solo puedo describirla con una palabra, infierno. Me siento aún más torturada que cuando fui maltratada por mi expareja. Sufro también por mi hijo, al que estoy condenando por el lugar en el que reside, al no poder salir del agujero en el que está atrapado. Tememos por nuestra vida".

La delegación en Granada de APDHA apoya la denuncia de esta familia y exige que las administraciones cumplan con su obligación de verlas por la seguridad, la vida e integridad física y moral de la ciudadanía, en especial de aquellas personas más necesitadas de protección. También considera especialmente preocupante que AVRA, estando en conocimiento de las condiciones de especial vulnerabilidad de estas personas y tras sus denuncias reiteradas, no les haya facilitado una permuta de vivienda a un entorno seguro.

APDHA, siendo consciente de que pueden existir muchos casos de personas que viven en situaciones limites como las descritas anteriormente, se reitera en la petición de unas políticas públicas y un parque de vivienda público en nuestro territorio, que pueda garantizar que se cumpla el derecho a la vivienda. Sin embargo, considera "profundamente rechazable la gestión que está llevando la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio a través de AVRA en los barrios de nuestra ciudad con problemas de exclusión".

La delegación granadina de la APDHA pide asimismo dotar de una mayor claridad, transparencia y publicidad a los criterios y requisitos de acceso a las viviendas sociales de titularidad de la Junta de Andalucía.

Por último, consideran vital la existencia de una mayor coordinación entre la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, AVRA y los Servicios Sociales Comunitarios a la hora de detectar y atender de una forma adecuada a aquellas familias en riesgo o situación de exclusión con necesidades perentorias de vivienda, apuntan, al tiempo que exigen que se impulse la construcción/recuperación de nuevas viviendas sociales diseminadas por Granada, de manera que se evite la creación de guetos.