El Ayuntamiento agotará la vía administrativa y no descarta la judicial contra la Zona de Afluencia Turística

El Ayuntamiento de Granada ha anunciado que "agotará la vía administrativa", con la presentación de un recurso de reposición como siguiente paso, contra la declaración por parte de la Junta de la Zona de Gran Afluencia Turística, a efectos de ampliación de horarios comerciales, en todo el término municipal de Granada durante los meses de abril, mayo, agosto, septiembre y octubre, aunque el consistorio no descarta otras medidas, incluyendo acudir a la vía judicial.

Así lo ha señalado a Europa Press el concejal de Turismo y Comercio, Eduardo Castillo, después de que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicara hace unos días la resolución que formaliza esta declaración tras rechazar las alegaciones del Ayuntamiento, que solicitó que esta Zona de Gran Afluencia Turística -que supone que los establecimientos ubicados en esa área tengan libertad para determinar días y horas de apertura al público los periodos establecidos- se limitara exclusivamente a los entornos declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; esto es, el ámbito de la Alhambra, el Generalife y el Albaicín.

El concejal de Comercio recalca que esta ampliación de la zona de gran afluencia "perjudicará seriamente" al comercio local y de proximidad, que no puede competir con las grandes superficies, y ha generado el rechazo de los agentes sociales, la Federación de Comercio, los sindicatos, asociaciones de consumidores y otras instituciones como la Diputación de Granada.

"Vamos a seguir en la misma posición e iremos agotando todas las vías", ha agregado Castillo, bajo el convencimiento de que esta medida "va a suponer un mazazo para el pequeño comercio, un perjuicio para los consumidores y un ataque al descanso y la conciliación laboral y familiar de los trabajadores teniendo en cuenta además que son las mujeres las que ocupan mayoritariamente este sector".

Desde la Junta vienen defendiendo que esta declaración es consecuencia de la aplicación de una norma estatal y que los ayuntamiento "pueden determinar, aclarar y acotar la zona, tanto del punto de vista territorial como temporal, y si no lo hacen, es la Junta la que tiene esa obligación".

En el caso de Granada, la resolución recogía que "no está suficientemente justificada con criterios y datos objetivos la restricción territorial solicitada" por el Ayuntamiento, esto es, limitarlo al entorno Patrimonio de la Humanidad, y que no se han justificado los motivos por los cuales se excluye el resto del municipio, "en el que se ubican más del 80% de las plazas de alojamientos turísticos y más del 60% de los BIC existentes".