El Ayuntamiento de Granada vuelve a ordenar el derribo de la casa de la Vega con un secadero protegido

La concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada ha autorizado "reanudar las obras de urbanización" del plan parcial de una zona que se prevé para uso industrial y donde se ubica la Casa de Villaviciosa, que tiene la particularidad de que alberga en su finca un secadero protegido por su valor patrimonial. Esa "reanudación", según se recoge en un documento recibido este 4 de octubre por la familia que vive en la casa, implica "la demolición de la nave secadero y cobertizo existentes".

En el escrito se detalla que la junta de compensación del plan parcial queda emplazada a personarse el próximo 15 de octubre, a las diez de la mañana, en los terrenos que ocupan desde el año 1985 José García Zarzo y su familia, para que levanten acta "de la reanudación de las obras de urbanización" o, en su caso, que "se refleje de nuevo la oposición del señor Zarzo a que se acceda a su parcela, con expreso apercibimiento de ejecución forzosa". Eso último implicaría que, en caso de oposición, el ayuntamiento tendrá que solicitar de nuevo una autorización judicial para entrar.

Este último punto es importante, puesto que la autorización judicial no es la primera vez que se pide. De hecho, la última vez que se solicitó fue el 9 de septiembre de 2019, con intención de acometer la "demolición de nave secadero y cobertizos de chapa", pero el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Granada la denegó.

Sin embargo, el ayuntamiento vuelve a la carga a incide en que el propio auto del Contencioso "menciona que distinto a la ejecución de la sentencia es la ejecución del proyecto de urbanización, que compete a la junta de compensación" y que "es manifiesta" la voluntad de esa junta de ejecutar las obras de urbanización. "Obras cuya ejecución no es voluntaria, sino que constituye obligación y deber impuesto tanto por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) como por los instrumentos de planeamiento y gestión que la desarrollan en este ámbito y cuyo incumplimiento es constitutivo de una infracción urbanística grave".

Asimismo, incide en que la junta de compensación "es un ente corporativo de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obras, que asume frente al municipio la directa responsabilidad de la ejecución de las obras de urbanización y, en su caso, de edificación" y que actúa "con pleno poder dispositivo sobre las fincas originarias o iniciales de los propietarios miembros, sin más limitaciones que las establecidas en los estatutos".

La familia se opone de forma rotunda

José García Arias, hijo del propietario de la finca, ha asegurado a GranadaDigital que "por supuesto" no permitirán que el 15 de octubre entre nadie a su propiedad con la intención de derribarla. Ha resaltado que ningún juez ha autorizado hasta ahora que ninguna máquina entre en la finca, "cosa que ya ha ocurrido tres veces", y ha vuelto a esgrimir, como hizo en la información que GranadaDigital publicó el jueves 3 de octubre, que el secadero goza de protección especial.

Ésta viene avalada, entre otras cosas, por el informe emitido el 23 de junio de 2017 por Ana María Sánchez Martínez, secretaria de la comisión provincial de Patrimonio Histórico, que dice lo siguiente: “El conjunto de construcciones formado por la Casa de Villaviciosa y el antiguo secadero de tabaco reúne valores patrimoniales (histórico, artístico, etnológico, industrial y social), para su inscripción en el Catálogo de Patrimonio Histórico de Andalucía como bien de catalogación general, al tratarse del único ejemplo de construcción agroganadera, de las características que se recogen en el informe anterior, que se conserva en el ámbito de la Vega del término municipal de Granada».

Además, el hijo del dueño recuerda que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1985 catalogaba ese secadero como bien protegido. En concreto, con un nivel 3, que significa «singular protección estructural», y declara “expresamente prohibida la demolición total o parcial de los elementos”. El de 2001, en cambio, eliminó esa protección por algo que a los propietarios les parece por lo menos extraño: un informe de un arqueólogo, persona que a los dueños de la parcela no les parece el especialista más adecuado, determinó que si la tenía en el plan anterior fue "por un error".