Los 3.500 bares y restaurantes de Granada reclaman ayudas para "resistir" al cierre obligado

Los aproximadamente 3.500 bares y restaurantes de la provincia de Granada se preparan para el cierre obligado decretado por la Junta desde este martes y hasta el próximo 23 de noviembre en el marco de las nuevas restricciones aprobadas para frenar la expansión del coronavirus y han reclamado a las administraciones la puesta en marcha de "ayudas" que les ayuden a "resistir" esta situación.

El presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo, Gregorio García, ha censurado en declaraciones a Europa Press que la medida se haya anunciado con tan poco margen para que los negocios puedan sacar el género que aún guardan en sus cámaras frigoríficas, lo que se traducirá en pérdidas, y lamenta que caiga en estos establecimientos la responsabilidad de los contagios.

"No tenemos ninguna culpa del contagio, somos donde menos se contagia la gente y los que más medidas hemos tomado", ha defendido el presidente de los hosteleros, quien ha advertido de que, si no hay ayudas directas y supresión de impuestos y tasas "desde ya", el sector "no va a resistir", lo que incrementará el desempleo en el ya "de por sí tocado" ámbito hostelero y turístico, en el que de manera conjunta trabajan unas 15.000 personas de forma directa en la provincia.

"No nos pueden seguir cobrando tasa de basuras y aguas, seguros sociales, IBI y demás impuestos si nos obligan a cerrar", ha clamado García.

La patronal cree que buena parte del sector tratará de adaptarse a la comida a domicilio para intentar subsistir, aunque matiza que existen "muchas dudas y lagunas" a este respecto que la Administración debe resolver con rapidez, como la cuestión de si el cliente podrá entrar o no a un establecimiento a recoger la comida para llevar, ya que de lo contrario muchos negocios renunciarán a esta posibilidad.

Junto a ello, los empresarios reivindican que dar de comer es "un servicio esencial" y que el cierre completo podría haberse limitado a aquellos establecimientos que no tienen licencia de cocina, de forma que el golpe al sector hubiera sido mucho menor y la medida tendría "más credibilidad".