Bernardo Castro defiende que los técnicos avalaron los contratos del caso Mercamed

El exvicepresidente de la Diputación de Granada, Julio Bernardo Castro (IU), ha declarado ante el tribunal que todas las contrataciones que autorizó para la feria empresarial que se celebró en Tetuán en mayo de 2011 contaban con el respaldo de los técnicos, sin que éstos expusieran reparo alguno a los expedientes, al tiempo que ha descartado que la gestión de este evento provocara quebranto económico a la institución provincial sino todo lo contrario.

El que fuera vicepresidente de la Diputación de Granada en la etapa de gobierno de IU y PSOE ha sido el primero en declarar en la vista oral del llamado caso Mercamed, que desde este martes sienta en el banquillo de los acusados a un total de doce personas, entre asesores, técnicos de la institución provincial y representantes de empresas, por supuestas irregularidades en las contrataciones para la celebración de esta feria empresarial que contaba con financiación europea.

Julio Bernardo Castro, que se enfrenta a una petición fiscal de ocho años y cinco meses de prisión y 17 años de inhabilitación, ha narrando ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia que, si bien desconoce los pormenores técnicos de los distintos expedientes, nunca "firmó nada que no hubiera sido firmado antes por los técnicos", concretamente los jefes de Servicios y de Sección, que eran los que le pasaban la documentación que debía autorizar.

"Doy por hecho que los técnicos han hecho bien el trabajo (...) ni sé, ni preguntaba acerca de los expedientes de contratación, los firmaba y punto", ha agregado Julio Bernardo, que ha negado conocer o tener intereses respecto a las empresas que resultaron beneficiarias de las contrataciones.

Ha señalado que, debido a la "situación sobrevenida" de que, en vísperas de la feria, fuera retenido en el Puerto de Tánger el material necesario para el montaje de la misma, se tomó la decisión de que una empresa local, Juridicus Maroc, se hiciera cargo de la situación, a pesar de que, según el fiscal, ya se había contratado a entidades españoles para la prestación de esos servicios.

Ha defendido que, en ningún momento hubo reparo de los técnicos a ese cambio y que en todo caso la Diputación no firmó una nueva adjudicación de servicios sino un documento que garantizaba a la entidad marroquí que las empresas españolas le pagarían por su labor, como posteriormente ocurrió.

Julio Bernardo ha garantizado que se tomó esa decisión porque era "la única salida" para que se celebrara esta feria que contaba con financiación europea y que de no haberse llevado a cabo hubiera producido un quebranto económico a la institución provincial por la cantidades que habría que desembolsar.

En esta primera sesión del juicio también ha declarado un subordinado directo del exvicepresidente de Diputación, Jorge L.L., quien ha refrendado la versión de su superior y ha precisado que la empresa marroquí que desempeñó servicios para la feria fue propuesta por la propia Cámara de Comercio de Tetuán y las autoridades locales y que fue contratada por "causa de fuerza mayor".

Todo se hizo, según ha alegado, contando con el visto bueno de los servicios técnicos y sin que se produjera duplicidad de servicios, en el marco de un proyecto que se realizaba por primera vez en la historia de la institución y que acabó siendo "un éxito".

Detrás de él ha declarado ante el tribunal la técnico que firmó en territorio marroquí el documento con la empresa local que trabajó para el evento, la cual ha narrado que se encontraba en la zona "por casualidad" por otro trabajo y fue llamada por Julio Bernardo a raíz de los acontecimientos.

Fue este último quien le pidió, según ha declarado, que firmara el documento "de garantía de pago" y ha dicho que lo hizo, pese a que estaba en francés, con la confianza de que se lo había pedido su superior y de que éste le había trasladado el visto bueno de los técnicos.

El juicio continuará este miércoles en la Sección Primera de la Audiencia con el resto de las declaraciones de los acusados, que se enfrentan a penas de ocho años y cinco meses de prisión por supuestos delitos de prevaricación administrativa perpetrada por funcionario público, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsificación de documento mercantil.