El campo granadino secunda el paro agrario y exige soluciones frente a la escalada de los costes

Las organizaciones agrarias, ASAJA y COAG, junto a Cooperativas Agroalimentarias de Granada hacen un llamamiento a los agricultores y ganaderos granadinos para que secunden el paro general convocado el 25 de febrero, y se unan a la gran manifestación que tendrá lugar ese día, a partir de las 10:00 horas en Sevilla, con la finalidad de exigir un marco normativo, fiscal y ayudas a un sector esencial y estratégico como es el agroalimentario. Bajo el lema '¡Por un campo vivo!', la movilización iniciará su recorrido en la explanada del Estadio Benito Villamarín hasta finalizar en la Delegación de Gobierno de Andalucía, situada en la Plaza de España.

En estos últimos meses, lo más preocupante es la escalada de costes de producción que soportan agricultores y ganaderos como consecuencia del encarecimiento desproporcionado de los insumos (semillas, abonos…).

Los agricultores y ganaderos demostraron durante la pandemia que el sector agrario proporciona un servicio esencial para el abastecimiento de alimentos a los hogares y quieren decirle de nuevo a la sociedad "que no lo olvide, que no se les puede marginar tal y como se está haciendo, desde todos los frentes, con recortes de las ayudas de la PAC, con una reforma laboral hecha de espaldas al campo, con subidas salariales inasumibles y con inundación de productos de terceros países que no cumplen con los estándares de producción exigidos en la UE".

El sector agrario pide a todos los agricultores y ganaderos de la provincia que se unan para sumar fuerzas con el fin de conseguir las medidas necesarias para paliar la grave situación que atraviesa el sector y se reconozca su actividad como se merece. "Las demandas son comunes y las hacemos al unísono: corrección del Plan Estratégico de la PAC, un plan de choque que ponga coto al incremento de los costes o al menos contribuya a paliarlos, una revisión de los acuerdos comerciales para exigir la reciprocidad en las producciones de terceros países y el incremento de las medidas de control en frontera; adecuar la legislación y los costes laborales a la realidad del campo puesta en marcha de la cadena alimentaria para que se garanticen unos precios justos, una política hídrica real y consensuada, acompañada de ayudas e inversiones que permitan paliar los efectos de la sequía y, por último, respeto al mundo rural", señala en un comunicado.