Candel denuncia a altos cargos de la Junta por presunta prevaricación continuada y nombramientos ilegales

El presidente de la asociación Justicia por la Sanidad, el doctor Jesús Candel, Spiriman, ha presentado este martes 10 de octubre en los Juzgados de Caleta en Granada la denuncia contra Marina Álvarez Rubio, actual consejera de Salud, y a sus antecesores en el cargo: Aquilino Alonso y María Jesús Montero, por presuntas irregularidades en la asignación de puestos de gran responsabilidad en Sanidad.

Jesús Candel y todo su equipo han cumplido su promesa. El presidente de la asociación Justicia por la Sanidad, ha presentado en los Jugados de Caleta más de 120 folios y un CD con toda la documentación para argumentar al juez que corresponda toda la trama corrupta de presunta prevaricación e irregularidades de las que acusa a altos puestos de la Consejería de Salud.

“La denuncia pone en blanco sobre negro todo lo ocurrido desde el año 2007 hasta nuestros días, y muestra un periodo de presuntas prevaricaciones y nombramientos ilegales, que se merecen un contundente reproche penal, porque no se puede poner en riesgo la vida de las personas”, declara Candel en la puerta de los juzgados.

Los denunciados expresamente, que ocupan o han ocupado altos cargos de la Consejería de Salud, son los siguientes: María Jesús Montero Cuadrado, actual Consejera de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía y antigua Consejera de Salud; María José Sánchez Rubio, actual Consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta y anterior Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales; Aquilino Alonso Miranda, anterior Consejero de Salud de la Junta y actual Director Gerente de la Agencia Andaluza de Energía; Marina Álvarez Benito, actual Consejera de Salud de la Junta; Juan Carlos Castro Álvarez, anterior Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud, con domicilio actual no conocido por la denunciante; José Luis Gutiérrez Pérez, antiguo Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud; José Manuel Aranda Lara, anterior Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud; Rafael Burgos Rodríguez, antiguo Director General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud y actual Director de la “línea de actividad IAVANTE” de la Fundación Progreso y Salud, y Celia Gómez González, Directora General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud.

Al margen de estos altos cargos, se ha denunciado igualmente a cuantos hayan podido participar en estos presuntos delitos. Justicia por la Sanidad acusa a los denunciados de aprovechar su posición de supremacía o privilegio que les brinda el poder” para aprobar normas, creando un sistema opaco que les ha permitido manipular los nombramientos de directivos y cargos intermedios en la Sanidad durante años. Todo ello “marginando los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y seguridad jurídica”, subraya Candel.

Por otro lado, denuncia la creación y mantenimiento de las Unidades de Gestión Clínica (UGC) en Atención Especializada, a pesar de que jamás han tenido amparo legal como lo avalan decenas de sentencias de Juzgados y Salas del Tribunal Superior de Justicia, y sin embargo, han mantenido esta conducta contumaz durante años a sabiendas de la ilegalidad manifiesta.

Desde la asociación, consideran que la trama corrupta se encuentra en la creación de una bolsa sin publicidad ni transparencia dedicada a nombrar jefes de unidad de gestión, los antiguos servicios sanitarios, gracias a un “perverso” sistema de nombramientos.

En la puerta de los juzgados, Candel ha alertado a la ciudadanía sobre la importancia de toda esta trama e intriga corrupta: “Hablamos de vidas humanas, de niños y mayores enfermos, hablamos de todos nosotros que dependemos del funcionamiento de la sanidad andaluza”. A juicio del doctor y de la asociación Justicia por la Sanidad no se cuenta con los mejores profesionales en este ámbito “por culpa de unos crueles y salvajes que se han dedicado a nombrar en cargos importantes de la sanidad andaluza a inmorales y mediocres”.

Con un grupo de ciudadanos que le han arropado en la entrada de Caleta, Jesús Candel y su equipo han cumplido así una promesa: "denunciar en los juzgados a quienes sean responsables de corruptelas. Algo que aún no se han atrevido a hacer los partidos políticos con presencia en el Parlamento y que aún no han expresado su rechazo a la Ley de Garantías y Sostenibilidad que busca amparar las ilegalidades denunciadas".