Cano Bueso cree que la convivencia mejora con medidas "más profundas, solidarias y sociales que la pura represión"

El presidente del Consejo Consultivo, Juan Cano Bueso, ha considerado hoy que los problemas a los que intenta dar respuesta el Ayuntamiento de Granada con la ordenanza de la convivencia requieren de la adopción de medidas "más profundas, solidarias y sociales que la pura represión".

 

Cano Bueso, que ha inaugurado unas jornadas prácticas sobre el Consejo Consultivo dirigidas a los abogados, ha advertido de la dificultad de aplicar este tipo de ordenanzas por el hecho de estar relacionada con "problemas sociales que hunden sus raíces en la desigualdad, la discriminación, la pobreza y la marginalidad".

El presidente del consultivo ha dicho a los periodistas que aunque la intención del Ayuntamiento con esta ordenanza es la de "pacificar y buscar en las calle una mayor convivencia", los problemas a los que trata de dar respuesta "son complejos y requieren de medidas mucho más profundas, solidarias y sociales que la pura represión".

Esas medidas sociales deberían pasar a su juicio por la implantación, como garantiza el Estatuto de Autonomía, de una renta vital mínima para que nadie viva por debajo de los "niveles de dignidad" y de los derechos inherentes recogidos en la Constitución.

Ha reiterado que los problemas de la marginalidad en general, como la inmigración o la pobreza, hay que solventarlos con medidas sociales de carácter "estrictamente prestacional y no represivo".

La ordenanza de la convivencia de Granada, que entró en vigor el martes pasado, sanciona el ejercicio de la prostitución en la vía pública con hasta 3.000 euros, incluye más de 250 prohibiciones, deberes y obligaciones y regula cuestiones como los grafiti, la pegada de pancartas, el consumo de alcohol, la actividad de artistas callejeros o el comercio ambulante no autorizado.

Cano Bueso ha hecho estas declaraciones antes de inaugurar las jornadas "El Consejo Consultivo de Andalucía. Una visión práctica", fruto del convenio de colaboración suscrito ente este órgano y el Consejo Andaluz del Colegio de Abogados para dar a conocer a los juristas la doctrina del consultivo en materia legislativa, administrativa, judicial y jurisdiccional.