Cargos del PP declaran que no se exigió estar al corriente de las cuotas para votar en el congreso

Varios cargos del PP de Granada han reconocido este lunes ante el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Granada que no se revisó que los afiliados estuvieran al corriente de pago de las cuotas para votar en el último congreso provincial de la formación, en el que Sebastián Pérez salió reelegido como presidente y que ha sido objeto de una demanda ante los tribunales por supuestas irregularidades.

La demanda ha sido presentada por el concejal del PP en el Ayuntamiento de Granada Juan García Montero, que fue uno de los aspirantes en este XIV proceso congresual, y que mantiene que al no haberse tenido en cuenta este "requisito fundamental" recogido en el estatuto nacional del partido, en el reglamento regional y en el del congreso "se alteró el universo de votantes".

A su juicio esto "derivó el proceso en favor de Sebastián Pérez", por lo que ha pedido en su demanda que se retrotraigan las actuaciones y que se vuelva a convocar el congreso, que se celebró el 20 de mayo del año pasado y contó en un principio con cuatro aspirantes a liderar el partido.

Durante su declaración como testigo, el gerente del PP, Francisco Almohalla, ha señalado que hubo más de 5.000 inscritos y que el partido no cuenta con un sistema de cuotas establecido y unificado para toda la provincia, de modo que en la capital "cada uno paga lo que quiere con un mínimo de tres euros" y en los pueblos no hay cuota fijada, de modo que "no sabría decir quién estaba al corriente pago".

Para ello ha dicho que hubiera sido necesario "entrar uno por uno" en los 5.000 inscritos para ver si habían devuelto algún recibo y tampoco había personal suficiente para hacerlo. Ha agregado que el listado de inscritos se elabora desde Madrid y que "no se depura" en relación al pago de las cuotas.

También han declarado como testigos el secretario general del PP granadino, Pablo García, y el que fuera secretario del Comité Organizador del Congreso, José Antonio Robles, que han ratificado que el partido no contaba con "ningún instrumento" para determinar si los afiliados estaban al corriente de pago y que desde las distintas candidaturas se había pedido que no se exigiera "para no limitar la participación". García Montero afirma que este requisito tampoco se incluyó en la carta que se envió a los simpatizantes informando del congreso.

DISTRIBUCIÓN DE COMPROMISARIOS "DETERMINADA POR MADRID"

Junto a ello han defendido que la distribución de compromisarios "viene determinada por Madrid" y que los interventores de García Montero pudieron estar en las mesas realizando su labor, lo cual se hizo constar en las actas, extremos sobre los que también versa la demanda que ha presentado el edil.

Han precisado que no se le permitió el acceso al censo cuando era precandidato "por la ley de Protección de Datos" y que cuando fue declarado candidato pudo consultarlo, al igual que el resto de aspirantes, a través de los ordenadores que se habilitaron en la sede para ello, sin que quedaran registradas incidencias.

Junto a ello han garantizado que el trato era "absolutamente igual" para todos los aspirantes, que "no consta ninguna reclamación" del congreso por la vía interna y que era previsible que "hicieran lo que hicieran" García Montero lo tratara de impugnar.

El abogado defensor del partido ha mantenido en su exposición final que esta demanda debe ser desestimada, incluso sin entrar en el fondo del asunto, porque no se ha agotado la vía interna del partido que recogen los estatutos para poder recurrir ya a la vía civil, según establece la normativa vigente, además de que a su entender no se han producido las irregularidades a las que se señala el demandante.