Cáritas aumenta en un 62% las ayudas de alimentación en Granada durante el estado de alarma

El delegado Episcopal de Cáritas, Alfonso Marín, y la directora, Luisa Mª Maeso, han presentado la Memoria 2019 de Cáritas Diocesana de Granada. El informe justifica el destino de los 6 millones de euros que la entidad ha invertido en programas sociales que han permitido ayudar a alrededor de 7.000 personas.

Con una partida de más de 800.000 euros, el Programa de Acogida y atención primaria garantizó los derechos básicos de 5.160 personas, con un total de 41.600 respuestas en alimentación, vivienda, sanidad y educación. Esta cifra corresponde al número de veces que una persona acude a Cáritas en busca de ayuda. Un 4% más que en 2018 y un 80% más en los primeros meses del estado de alarma.

Cabe destacar que de cada euro invertido en ayudas de emergencia, 43 céntimos son para ayudas de alimentación y 34 céntimos para vivienda y consumos. Si bien durante el pasado año las ayudas de alimentación se incrementaron un 11%, en el periodo del estado de alarma esta cobertura se ha intensificado un 62%.

Más cerca de una posible emergencia habitacional

En el caso de las ayudas económicas a vivienda, las moratorias del pago de hipotecas o el acceso a préstamos para alquileres y suministros básicos han provocado un marcado descenso del número de ayudas en este periodo. Tal y como ha señalado Luisa Mª Maeso, “una vez finalizado el estado de alarma esta moratoria conllevará que las familias, deban hacer frente durante varios meses a más del doble de gastos”."Esta crisis nos sitúa aún más cerca de una posible emergencia habitacional, ya que más del 70% de las personas atendidas viven de alquiler”, añade. De hecho, los datos de 2019 reflejan un incremento en el número de personas que se han visto obligadas a optar por el régimen de realquiler como medida para reducir costes así como el aumento de alojamientos compartidos en detrimento de la vivienda individual.

Una organización adaptada a las necesidades

Este nuevo escenario llevará a Cáritas realizar cambios en la organización y en las formas de responder para poder seguir realizando esta intensa labor asistencial con eficacia, sin dejar de lado la promoción y capacitación de las personas como principal vía de inclusión social. Una atención mucho más integral y personalizada gestionada a través de centros, programas y servicios especializados a los que la entidad ha destinado el mayor volumen de recursos, por este orden, Mayores y Discapacitados (2.809.206 €), Empleo y Talleres prelaborales (733.292 €), Familia, infancia y juventud, Mujer e Inmigrantes (187.572 €).

En el ámbito de la dependencia merece especial atención el acompañamiento a personas mayores y enfermos. Un programa que en 2019 dio cobertura a más de 700 personas con una inversión de 58.000 euros. Éste ha sido uno de los programas estratégicos durante el periodo de confinamiento que ha permitido acompañar mediante llamadas telefónicas y videoconferencias a personas cuya situación de soledad y vulnerabilidad se ha visto acrecentada al no recibir las habituales visitas de voluntarios. Además, en los casos en los que de forma previa estas personas mayores no contaban con servicio de ayuda a domicilio o empleo doméstico, las redes de apoyo comunitario impulsadas por Cáritas y la sociedad civil han hecho posible su acceso a comida y medicamentos.

El impacto de la brecha social y digital

El apoyo educativo a menores también ha cobrado especial relevancia durante este periodo, en especial en aquellas familias que no disponían de dispositivos electrónicos y/o conexión a internet en sus casas. La atención de las Cáritas parroquiales se ha centrado también en mediar con los centros educativos para facilitar las tareas por otros medios y resolver posibles dudas académicas mediante vía telefónica. Tal y como ha referido Maeso en su intervención, "preocupa, por tanto, la atención que requiere la infancia más vulnerable, ante la evidente brecha social y digital, para seguir el curso escolar”. Cabe destacar que en seis de cada diez hogares atendidos por la institución hay menores y jóvenes.

Esta brecha digital ha alcanzado un impacto excepcional durante esta crisis, en la que el seguimiento escolar y los trámites con la Administración y otras instituciones -solicitud de ayudas, búsqueda de empleo, etc- han requerido la disponibilidad y la habilidad de la interacción digital.

Cuatro de cada diez personas atendidas no disponen de ingresos

Tal y como muestran las solicitudes de ayuda de estos últimos meses, los perfiles de los demandantes son familias con hijos menores, sin recursos económicos, cuyo sustentador principal dispone de un trabajo eventual, precarizado o marginal y que a causa del estado de alarma han dejado de percibir ingresos. Se trata de hogares con serias dificultades de acceso al mercado laboral. De hecho, los datos de 2019, muestran cómo el 60% de las personas que estaban en condiciones de trabajar se encontraban desempleadas y un 15% desempeñando un trabajo normalizado o de economía sumergida.

El impacto del COVID-19 ha provocado una notable pérdida de empleos, formales o informales, que ha puesto en serias dificultades económicas a un gran número de hogares. Incluso de aquellos que no formaban parte antes de esta crisis de ningún grupo de vulnerabilidad, y que se han visto abocados a solicitar ayudas, ante las pérdidas sobrevenidas.

Una de las situaciones más preocupantes es la de las familias sin ingresos, que ya en 2019 suponían el 43% de las personas atendidas por Cáritas. Hogares con un punto de partida que ya era extremo al no disponer de ingresos, habiendo consumido todos sus recursos y sin derecho a ningún tipo de ayuda, bien por su agotamiento o por estar fuera del sistema de protección social. Destaca el incremento de la población extracomunitaria atendida que alcanza el 49% del total. En su mayoría solicitantes de asilo y refugio; personas en situación administrativa irregular que no tienen acceso a las medidas socioeconómicas de urgencia que plantea el gobierno y cuya única alternativa es Cáritas.

En la presentación del informe Maeso ha subrayado que una vez más observan" cómo esta nueva crisis no está siendo igual para todos, siendo los más vulnerables quienes están sufriendo más intensamente sus consecuencias”.

El 69% de los recursos proceden de aportaciones privadas

Por su parte, el delegado Episcopal de Cáritas en la diócesis de Granada, Alfonso Marín, ha puesto de manifiesto “el reto que esta crisis ha planteado y plantea a las comunidades parroquiales para continuar su labor de acompañamiento a las familias más vulnerables”.

En su intervención ha puesto el acento en la gratuidad quienes directa o indirectamente participan diariamente en la labor de Cáritas, “apostando por la justicia y por una sociedad más humana y fraterna, aun cuando haya que hacerlo en condiciones difíciles y con un compromiso más firme”. En concreto, más de 1.865 voluntarios, 3.299 socios, donantes y 185 empresas colaboradoras que confían en Cáritas para desarrollar su responsabilidad social con los más desfavorecidos. Sus contribuciones han supuesto el 69% de los recursos económicos de la entidad.

Proceso de adaptación ante la disminución de recursos

El descenso de las aportaciones públicas en este último ejercicio ha supuesto a Cáritas un gran esfuerzo económico para mantener la actividad de los distintos centros y programas de acción social. Esta disminución de recursos, junto a la previsión de un nuevo escenario de empobrecimiento, exigirá a la entidad la búsqueda de nuevas fórmulas de financiación y la readaptación de actividad a los recursos disponibles, de manera que pueda hacerse presente allí donde las necesidades de las personas más frágiles sean mayores.

La Directora de Cáritas ha aprovechado la cita informativa para hacer un llamamiento a la sociedad, y en especial a socios y colaboradores, para que mantengan y refuercen su compromiso económico: "Son muchos los retos que tenemos por delante y todos los apoyos van a ser pocos. Salir de esta situación sin precedentes en las últimas décadas nos va a exigir dar lo mejor de cada una y cada uno de nosotros”.

También ha recordado que las comunidades parroquiales y sus espacios de acogida no pueden, ni deben, sustituir la labor de los servicios sociales: "En Cáritas partimos del principio de subsidiariedad, es decir, realizamos un apoyo complementario en aquellos aspectos donde la administración, como máximo responsable, no llegue”. Y ha subrayado lo siguiente: "Las administraciones son las garantes de los derechos fundamentales para todas las personas y han de velar por el bienestar de la sociedad”.