Cambiar el SAE

Uno de los desastres peor gestionados desde hace ya décadas, por parte de nuestros gobernantes, ha sido el desempleo estructural.

Aunque no se equivoquen, aquí no hablo de ese concepto que tiene relación con el IPC, esas denominaciones interesadas creadas por los economistas que privatizan el mundo de las relaciones sociales; me refiero a la situación de aquellas personas que tienen grandes dificultades para encontrar empleo de calidad, llevan más de un año seguido sin trabajar o solo consiguen firmar contratos precarios.

La privatización de funciones formativas y de intermediación laboral a partir del 2012 restó importancia y operatividad a estas agencias públicas. Se quedaron como simples contadores de personas sin trabajo (siempre y cuando el usuario se inscribiera en las listas de desempleo). Debido a esta circunstancia, el SAE, por poner un ejemplo, empezó a tener la función del conjunto vacío.
No importaba realmente su labor.

Las personas no se inscribían en los registros públicos porque creían, y aún creen, que si quieres encontrar un empleo (ya fuere de calidad o precario) era mejor hacerlo utilizando sus redes o influencias personales. El trabajo no se conseguía si tienes buena formación, si tienes la predisposición y la voluntad de ser productivo; sino si conoces a alguien o eres conocido.

De esta forma ya no importaba, y más en crisis, la formación académica o el currículo, sino el ser "enchufado" por y para alguien. Gracias a esta circunstancia, inscrita en el ADN de la picaresca patria, se puede responder cómo miles de jóvenes, y no tan jóvenes, emigraron a otros países durante la crisis financiera, y cómo creció sin límite el llamado desempleo de larga duración.

Tampoco ayudaba la política que se aprobó hace una década para mejorar las contrataciones, que por cierto aprobó el gobierno de Rajoy, donde se daba demasiada importancia a las llamadas exenciones fiscales a la contratación según la edad que tuvieras. Esta circunstancia segmentó a la ciudadanía en determinados ratios sociales, perjudicando a los varones entre 30 y 45 años (que teóricamente tenían más facilidad de encontrar un empleo por ser históricamente más activos en el mundo laboral).

Además, ante determinados currículums, los orientadores laborales públicos, auspiciados por esa visión particular de la economía emprendedora, se arrodillaban frente al mercado negro del empleo precario. Se dio cabida a anuncios de empleo donde se mezclaban denominaciones técnicas, y por lo tanto se justificaba el intrusismo profesional.

¿Se acuerdan cuando todos los anuncios eran de auxiliares o asesores administrativos (aunque en verdad sus funciones no tenían nada que ver con su nomenclatura profesional)?
Y no hablo de los falsos autónomos, esos comerciales a puerta fría que vivían de estafas piramidales...

Y quienes estábamos en paro debíamos de rendirnos ante estas típicas palabras, que te trasladaban los propios empleados públicos del SAE: -"Esto es lo que hay", "no encontrarás nada más", etcétera-.

Pasaron los años con demasiada lentitud y desesperanza. Los trabajadores del Servicio Andaluz de Empleo no sabían, ni saben hoy, qué hacer con los desempleados que tienen alta formación. Estábamos sobrecualificados.

Debías de autoconvencerte, aconsejado por estos supuestos profesionales, que lo más recomendable era incluso renunciar a tu formación para siempre solo para encontrar un trabajo precario y de baja calidad. Pregunten cómo en sectores profesionales como la hostelería, una parte importante de los empresarios, y más en Granada, además de afianzarse en la explotación laboral, el pagar mal y tarde, les importa poco todo lo que tenga relación con la conciliación familiar y personal.

Estos emprendedores, creadores de riqueza, líderes económicos, ofrecían, para abaratar costes laborales, empleos no solo precarios, sino amparados en ciertas condiciones ilegales: Te obligaban a firmar un contrato a media jornada, pero trabajabas el doble o triple. Se legalizó e institucionalizó moralmente el esclavismo. Tenías que aceptar cualquier cosa para intentar tener "la vida buena".

Así pues, pese a los buenos datos actuales, dicen que hay más de 20 millones de trabajadores por cuenta ajena, no se habla del tipo de contratos, de su temporalidad, de su estacionalidad y sobre la racionalización de su jornada laboral (no es lo mismo un trabajador que tiene firmado 4 horas semanales que 37).

Mientras tanto no se hace nada para luchar contra el desempleo de larga duración.

¿Se acuerdan cuando se hablaba de la falta o la exigencia de experiencia, de la capacidad o del talento por parte de una generación a la que se niega tener las mismas oportunidades que aquella que tiene influencia o poder para emprender?

El compromiso público debe ser reforzar no solo presupuestariamente los servicios como el SAE, aumentar entre otras cuestiones su personal, sino dotarlos de competencias directas. No solo es una deuda moral, sino debe ser un compromiso ético de todo el futuro arco parlamentario andaluz.

Renovar los principios de intermediación laboral, crear acciones individualizadas contra la precariedad laboral, obligar a las empresas a canalizar su falta de mano de obra a través de los servicios públicos de empleo, son papeles que hay que empezar a tomarse en serio.

Y para lograr estos objetivos hay que pedir empatía a nuestros políticos, y no solo durante esta campaña electoral. No sé, con independencia a qué partido pertenezcan, si son conscientes de las reales repercusiones sociales, personales y económicas que produce la desigualdad social y pobreza.

En Andalucía, especialmente durante estos últimos cuatro años, donde ha estado gobernando la derecha, ningún partido que apoyaba o integraba el gobierno del actual presidente Juanma Moreno Bonilla ha tenido una amplia visión para solucionar este problema.

Aún recuerdo el fracaso de programas-limosna de integración laborad de perfiles con determinada capacitación técnica, gestionados de forma muy cuestionable por cierto, como el programa +30.
No es suficiente activar el piloto autonómico en esta materia.

Por esa aparente lejanía en la comprensión de los problemas sociales como el desempleo estructural, la política institucional tradicional tiene cada vez menos adeptos y se agarran demasiados votantes a opciones ultras o populistas.

Nuestros mayores políticos han perdido la capacidad de empatía social, de escucha y por lo tanto de actuar como verdaderos servidores públicos.

No es posible que la política, que es la búsqueda de soluciones compartidas de nuestros problemas cotidianos, se haya vuelto en un comercial eterno en redes, repleto de sonrisas enlatadas en una fotografía.
Por eso no solo se necesita un cambio de perspectiva, una política más cercana, sino una revolución de una generación política que hace tiempo que no sabe ver lo que hay más allá de sus atriles.

Abran ventanas...

David Acosta Arrés