Casi 1.500 familias andaluzas no han podido pagar su hipoteca en lo que va de año

Según los datos oficiales, durante el segundo trimestre del presente año se iniciaron, en Andalucía, 851 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de personas físicas, lo que supone el 18,51% del conjunto del Estado y un incremento de casi 3 puntos en dicho porcentaje. La cifra supone, además, un importante aumento, de más de un 33,80%, con respecto al dato registrado durante el primer trimestre de 2018 y un inapreciable descenso (-1,05%) sobre el valor que se obtuviera durante el mismo trimestre de 2017.

A lo largo del último año, han sido casi 1.500 (1.487), las familias trabajadoras andaluzas que han tenido que ver como se ha iniciado un expediente de ejecución hipotecaria sobre sus hogares, al no poder hacer frente al pago de sus cuotas hipotecarias.

La experiencia demuestra que los trabajadores andaluces solo dejan de pagar sus hipotecas cuando, realmente, no tienen forma material de hacerlo, o bien porque sus ingresos económicos no dan para ello o, en el peor de los casos, porque simplemente es que ya no tienen ningún tipo de ingreso.

Igualmente, si agregamos los últimos 4,5 años (el total de estadísticas ofrecidas por el INE) podemos observar cómo, en este periodo, la alarmante cifra de familias que están teniendo que hacer frente a la posibilidad de verse expulsados de sus hogares asciende ya a 22.902, es decir, casi 23.000 familias trabajadoras andaluzas.

Las que fueron las principales lacras sociales del periodo de crisis: paro y desahucios, no están siendo solventadas durante el actual proceso de recuperación económica. Simplemente estamos asistiendo a una alteración de los mismos: el paro está siendo sustituido por precariedad laboral y los desahucios por nuevas dificultades en materia de vivienda vinculadas al desproporcionado periodo alcista que se viene dando en el mercado de la vivienda en régimen de alquiler.

La defensa de los derechos e intereses de los trabajadores andaluces es nuestra única razón de ser y, para ello, vamos a continuar actuando en la defensa de los mismos dentro y fuera de su centro de trabajo. Nuestra activa participación en la política regional de vivienda sostenible es un claro ejemplo de nuestro compromiso con hacer, del Derecho a la Vivienda, un derecho real y efectivo para los trabajadores andaluces.