El caso de amaño en la Policía Local de Granada ya tuvo lugar en Sevilla
Tras años de investigaciones y apelaciones, el TSJA ratificó el pasado 19 de febrero la repetición de las pruebas y el cese de los aprobados
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El posible caso de amaño en las oposiciones de la Policía Local de Granada sigue coleando en la actualidad de la ciudad. Aunque en los últimos días han sido pocas las actualizaciones en relación a las investigaciones, en el Ayuntamiento de Granada continúan los movimientos y tomas de decisiones al respecto. El pasado sábado, el Consistorio anunció que solicitará el aplazamiento de la promoción interna a intendente de la Policía Local a raíz de este posible caso de amaño. Mientras tanto, el PSOE solicitó un pleno extraordinario para abordar este asunto, una reunión que tendrá lugar el próximo 12 de marzo.
El caso que empaña a la Policía Local granadina saltó el pasado 18 de febrero cuando la UDEF registró las dependencias de la Policía ubicadas en la la Huerta del Rasillo. Las investigaciones se centran en las oposiciones de 2019 y 2022 y, por el momento, esta investigación ya cuenta con seis agentes en el punto de mira y se ha cobrado el cargo del ya exjefe de la Policía Local de Granada, José Manuel Jiménez Avilés. Además, las investigaciones no solo quedan en la capital, sino que también se extienden a otros municipios como Pulianas o Albolote.
Por el momento todo queda en manos de la justicia, pero este no es el primer caso de amaño en unas oposiciones a Policía Local que ocurre en Andalucía. Hay que remontarse hasta el año 2012 para encontrar una investigación similar, en esta ocasión, en Sevilla. En aquel año se convocaron en la capital andaluza dos procesos de oposiciones con la oferta de 47 y 56 plazas de Policía. A raíz de la denuncia de varios opositores que suspendieron aquellas pruebas arrancó una investigación y proceso judicial que aún perdura hasta este 2025.
El amaño de estas oposiciones ha llevado al banquillo de los acusados a 45 personas, entre ellas 37 policías. En esta trama, varios miembros del tribunal que contaban con lazos de amistad o familiar con algunos de los candidatos facilitaron a los opositores las diferentes pruebas a superar en el examen. En la primera de las oposiciones el caso práctico, que debe realizar en el mismo día de la prueba para evitar filtraciones, se pasó a un total de 19 aspirantes. En la segunda convocatoria, un total de 16 opositores obtuvieron las respuestas de 80 de las 100 preguntas que conformaban la prueba tipo test.
Entre los acusados se encuentran, por ejemplo, el cuñado y el sobrino del superintendente Juan José García, que ejercía como presidente del tribunal en estas oposiciones. Ambos citados obtuvieron plaza. Así mismo, se encuentra el hijo del presidente del sindicato Sppme o el hijo del responsable de la empresa que suministra ropa a la Policía Local de Sevilla.
Durante la investigación se descubrió que la plantilla de corrección filtrada a los aspirantes contenía varias erratas, unos fallos que hicieron que aquellos que tenían las respuestas cometiesen exactamente los mismos fallos y los mismos errores en sus exámenes. Todos los “beneficiados” cometieron las mismas erratas, así como “otras peculiaridades que contenía esta plantilla en sus respuestas al supuestos práctico”, señaló la Fiscalía.
El caso aun perdura ya que, después de los años convenientes de investigación, aplazamientos por problemas en algunas pruebas y apelaciones, la última sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ratificó el pasado 19 de febrero su decisión de repetir las oposiciones de 2012. Tanto el Ayuntamiento de Sevilla como los agentes de la Policía Local pusieron un recurso de apelación en el que solicitaban declarar la “imposibilidad” de ejecutar la sentencia previa. Sin embargo, la justicia les niega esta solicitud obligando así no solo ha repetir las pruebas sino también ratificando el cese de los 44 policías locales que lograron una plaza en dichas oposiciones.
Este ha sido un proceso que se ha alargado más de una década, pero que podría servir como ejemplo de lo que puede llegar a ocurrir en la Policía Local de Granada si finalmente la justicia confirma el amaño en sus pruebas de acceso.
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