CCOO denuncia que Educación "está obviando" las necesidades de los escolares granadinos tras la pandemia

El sindicato CCOO ha denunciado este miércoles que la Consejería de Educación "está obviando" las necesidades de los alumnos de los centros públicos de la provincia de Granada, tras la "irresponsable" gestión que han realizado de la pandemia del Covid-19.

Según ha indicado la secretaria general del sindicato provincial de Enseñanza CCOO en Granada, Mercedes González Liñán, "a las actuaciones en educación llevadas a cabo inicialmente ante una pandemia inesperada, se vienen sucediendo decisiones nada consensuadas, irresponsables y mal planificadas denotándose con ello que los responsables educativos tienen sus propios objetivos irrenunciables y que nada han aprendido de un virus que aún sigue entre nosotros”.

En este sentido, CCOO lamenta la "nula planificación" que Educación está realizando para el próximo curso escolar pues “en vez de avanzar en recursos para superar esta crisis sanitaria, se viene actuando como si nada sucediera, manifestándose una nefasta gestión en materia educativa a pesar de la pandemia y de los rebrotes que estamos padeciendo”.

González Liñán critica que no se estén desarrollando propuestas para erradicar la brecha digital entre los escolares -más de 900 en nuestra provincia- detectada durante la formación online "forzosa", que no se tomen medidas para garantizar la distancia física entre estudiantes, al no haber reducido la ratio o, "lo que es peor, suprimiendo numerosas unidades escolares públicas en nuestra provincia, datos que no publicita la administración en una falta absoluta de transparencia y en un ataque claro a la educación pública andaluza, incluso en centros con solicitudes que no se van a atender”.

En este sentido, consideran que la supresión de unidades con el fin de tener las aulas con la ratio máxima es "generalizada" en nuestra provincia, como muestra el sondeo realizado por el sindicato, que pone a modo de ejemplo el CEIP Cervantes de Lobres, que va a perder una unidad de 3º de Primaria; el CEIP Segalvina de Salobreña, en el que se suprime una unidad de Infantil de 3 años; el CEIP Tierno Galván de Granada, que se queda sin una unidad de Infantil de 3 años, o el CEIP Elena Martín Vivaldi de Loja, con una unidad de Educación Infantil y una de tercero de Primaria menos, entre otra decena más de centros tanto de Infantil como de Secundaria.

La Consejería de Educación, según CCOO, pretende "cubrir expediente" ante esta nefasta gestión incrementando con 4.000 docentes el número de profesorado en los centros públicos andaluces para el próximo curso, más 152 de Personal Técnico en Integración Social y 1.500 de personal de limpieza, “destinando presupuesto a un plan estival que sólo ha sido solicitado por 379 centros en toda Andalucía, de los cuales, por el recorte en los fondos, solo ha sido concedido a 172 y, de ellos, 27 tienen autorizada solo una quincena, una propuesta que una vez más denota el fracaso de las políticas educativas que lleva a cabo el Gobierno andaluz”.

El sindicato calcula que a los centros públicos de la provincia de Granada le corresponderían en total unos 180 maestros de la especialidad de primaria y unos 220 profesores repartidos entre las especialidades de los ámbitos sociolingüístico y científico-tecnológico, una cifra "irrisoria" que supone menos del 4% de la plantilla, frente al 30% necesario para garantizar la distancia física mínima (ratio 20) y cuyo presupuesto seguiría siendo inferior a los recortes sufridos por la educación en los últimos años. El sindicato estima el aumento de plantilla docente en la concertada en alrededor de un centenar entre maestros y profesores.

Respecto a las 1.652 plazas de personal técnico en integración social y personal de limpieza, CCOO denuncia que la Consejería de Educación tiene intención de recurrir a la contratación con empresas privadas, “un paso más en la privatización de la Educación andaluza, que afecta tanto a personal de atención al alumnado en las aulas, como al personal de servicios", por lo que exige que la contratación sea mediante un plan de choque, "figura regulada en la Ley de Presupuestos y que ha sido utilizada recientemente en la contratación de los auxiliares de playa, publicitados a bombo y platillo por el propio Gobierno andaluz", para lo cual existen bolsas de trabajo que permitirían una contratación para el primer día de curso. "No tiene una explicación lógica la diferencia en la opción por el modelo de contratación público-privado”.

La falta de inversión, según CCOO, se ha manifestado igualmente en los recortes sufridos en las sustituciones del profesorado de baja durante el ingente teletrabajo que ha debido desarrollar haciendo uso de sus propios recursos, desde el teléfono hasta el ordenador o su wifi, cuestiones que no está en mente de Educación resolver para el próximo curso. “Más allá de apoyar al profesorado, se está haciendo recaer en éste y en los equipos directivos la gestión de una pandemia que corresponde atender a la Administración Pública y a las autoridades sanitarias, un profesorado que no dispone de la formación y de los recursos necesarios, queriéndose cubrir este despropósito con un docente coordinador Covid en los centros educativos, una medida que resulta incluso grotesca”, denuncia González Liñán.

En opinión sindical, esta gestión también afecta al personal privatizado cuyo trabajo resulta fundamental para la educación de nuestros escolares con necesidades específicas de apoyo educativo, para quienes no aporta soluciones reales a pesar de que la Cámara de Cuentas y la Intervención General llamaron la atención sobre el uso inadecuado de estas contrataciones. Lejos de aportar una alternativa CCOO denuncia la intención de modificar la Ley de Educación de Andalucía mediante un Decreto (anunciado en la web de transparencia), una barbaridad jurídica, porque ningún Decreto del Gobierno puede modificar una Ley del Parlamente, pretende Educación que la atención al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo sea considerada un servicio complementario, hurtándole su carácter intrínseco a la propia actividad educativa en sí. Para CCOO esta pretensión supone normalizar y apuntalar la privatización de actividades en el aula (atención al alumnado con NEAE e interpretación de lengua de signos), en una vuelta de tuerca más de precarización del empleo privatizado que padecen estas trabajadoras/es.

Por otra parte, el consejero de Educación se ha olvidado de su promesa lanzada en el propio Parlamento, “por justicia social”, decía, las 631 monitoras escolares a tiempo parcial tendrían al menos contratos de 20 horas semanales a lo largo del curso para cubrir las necesidades de los colegios público. "Nada de eso ha ocurrido".

Desde CCOO se denuncia además los 135 millones de euros que la Junta de Andalucía pretende recortar a las universidades públicas andaluzas. Mercedes González Liñán señala que, en el caso de la Universidad de Granada (UGR), esta cantidad ascenderá a 21,1 millones de euros, lo que se traducirá en una pérdida en el PIB de la capital y provincia de 150 millones de euros, y recuerda que “el Covid-19 también tiene efectos nocivos en nuestra Universidad y que ello requiere inversión adicional y no recortes”.

“El colmo de la irresponsabilidad es la imposibilidad de que el personal vulnerable a este virus, profesorado y personal de administración y servicios, pueda solicitar la exención de la actividad presencial como CCOO había acordado el 8 de mayo con la Junta de Andalucía y que un nuevo acuerdo alcanzado por CSIF y UGT rompe, atentándose de modo irresponsable contra la vida de las personas”, señala Mercedes González, quien asegura que "la funesta gestión que está llevando a cabo la Consejería de Educación y que se evidenciará drásticamente en septiembre, provocará que los centros educativos en la provincia de Granada hagan de puente en la difusión comunitaria de un virus que los responsables políticos quieren obviar pero que sigue entre nosotros”, ante lo que anuncia movilizaciones por unas “actuaciones inconcebibles por un gobierno cuyo principal objetivo debe ser el de velar por la salud y por el bienestar de las personas”.