CCOO denuncia que faltan 100 efectivos de prisiones en la cárcel de Albolote

A pesar de que ha descendido la población reclusa a nivel nacional en un 30%, la distribución de las cargas de trabajo penitenciario es muy desigual entre los centros penitenciarios del Ministerio del Interior. En concreto, la prisión de Albolote es la segunda más masificada de Andalucía, con 1.276 personas privadas de libertad, más 267 personas condenadas que están en el Centro de Inserción Social Matilde Cantos de Granada. A lo que hay que sumar una media de 370 expedientes al trimestre de penas y medidas alternativas a la prisión.

Toda esta carga de trabajo se asume con una plantilla cada vez más reducida. En la prisión de Albolote están sin cubrir 68 puestos de personal funcionario y diez de personal laboral, y en el CIS hay 16 plazas vacantes. En total, la falta de casi 100 efectivos de prisiones en la provincia de Granada repercute en la prestación del servicio público, y en la seguridad regimental. Por ello, es necesario acometer una redistribución de las cargas de trabajo, que se asemeje a las ratios de otros centros similares características, reduciendo el número actual de internos en la prisión de Albolote, además de cubrir todas las vacantes que existen.

Igualmente, el personal laboral de prisiones padece los incumplimientos del IV Convenio Único, en materia retributiva, de jubilación parcial, lo que ha llevado a Comisiones Obreras (CCOO) a realizar movilizaciones en solitario ante Función Pública en Madrid.

Un colectivo especialmente perjudicado por la política penitenciaria del Ministerio del Interior, es el de la sanidad penitenciaria, donde se están tomando medidas para precarizar sus condiciones laborales, y abrir paso a su privatización. La consecuencia de esta situación ocasiona que el derecho la salud no sea igual dentro de la cárcel que del resto de la población, a pesar del compromiso del personal para aminorar esta falta de medios.

La falta de recursos y de política preventiva se manifiesta en las agresiones que sufre el personal, que están a la cabeza europea en siniestralidad y violencia en el trabajo, sin que las medidas para recortar los derechos preventivos al personal de vigilancia hayan traído otra consecuencia que no sea el incremento de las agresiones.

La consecuencia más grave del desmantelamiento de la sanidad penitenciaria, es el incremento de las patologías mentales en prisión, de suicidios y la ausencia de políticas públicas de salud mental, donde en torno al 35% de la población reclusa granadina tiene algún tipo de patología mental y no dispone de ningún recurso psiquiátrico para recibir la asistencia que precisan.

CCOO, al igual que los Jueces de Vigilancia Penitenciara, exige la urgente creación de unidades psiquiátrica en prisiones. Desde CCOO defienden la necesidad de que el Centro Penitenciario de Albolote cuente con una unidad de psiquiatría, dotada con los medios necesarios y personal especializado.

CCOO rechaza la política contraria a los criterios científicos del tratamiento de la enfermedad mental que promueve el Ministerio, con la creación de un macro psiquiátrico en Valencia gastando 150 millones en empeorar la salud mental de la población reclusa, y que dejará sin recursos de salud mental y sin unidad psiquiátrica a Granada.

Los ladrillos no garantizan este servicio público ni el mandato constitucional de reinserción social, que solo es posible con el personal penitenciario suficiente, reconocido profesional y retributivamente. Desde el sindicato manifiestan que el gasto del macro psiquiátrico debe destinarse a pagar a las comunidades autónomas la transferencia de la Sanidad Penitenciaria, y que el gobierno ha cuantificado en 131.339.227,17 euros.

Mientras que el Ministerio del Interior ahonda en los problemas señalados de prisiones en Granada, y además, degrada profesionalmente al colectivo penitenciario, incumpliendo todos los compromisos adquirido en el Congreso de los Diputados para modernizar y dignificar las prisiones y su personal, CCOO exige una negociación con Instituciones Penitenciaras para abordar los problemas reales de las prisiones que están llevando a su degradación.

No se puede seguir engañando a la plantilla de la prisión de Albolote y del CIS de Granada. Es necesario gestores comprometidos con la verdad y los cambios necesarios para garantizar un servicio público esencial.