CEA y sindicatos cobraban comisiones del 20% por subcontratar cursos de formación

Teodoro Montes, antiguo jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía en Sevilla que denunció las "graves" irregularidades existentes en la concesión de cursos de formación, ha asegurado este martes que la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos cobraron comisiones de hasta el 20 por ciento por subcontratar cursos a terceros.

En este sentido, fuentes del caso han informado a los periodistas de que, durante su segunda jornada de declaración como testigo ante la juez de Sevilla Mercedes Alaya, Teodoro Montes ha dicho que los sindicatos y "sobre todo" la CEA habrían cobrado comisiones de hasta el 20 por ciento --en ocasiones era el 20 por ciento y en otras menos-- a las entidades a las que subcontrataban para que dieran los cursos, a las que pedían dicha comisión antes de saber incluso los gastos que iba a conllevar el mismo.

Según ha señalado Teodoro Montes durante su declaración ante la instructora del caso, que en esta segunda jornada se ha prolongado por espacio de casi cinco horas, fueron las propias empresas subcontratadas para dar los cursos de formación "las que le dijeron personalmente que les habían obligado a pagar comisiones para ser subcontratadas", han añadido las mismas fuentes consultadas.

Estas fuentes han precisado que, según lo relatado por el testigo, estas comisiones serían ilegales y no tendrían nada que ver con lo estipulado en el reglamento en relación a los cursos, según el cual las empresas que subcontratan pueden justificar gastos indirectos de hasta el 20 por ciento vinculados a dichas actividades formativas, aunque en este caso habría sido una comisión solicitada de manera previa a dicha subcontratación.

"MALTRATO" A LOS ALUMNOS DISCAPACITADOS DE UN CURSO EN SEVILLA

De otro lado, el testigo también ha dicho que una entidad vinculada a las personas discapacitadas habría dado un curso de formación en la provincia de Sevilla en el marco del cual los alumnos, todos ellos discapacitados, "habrían sido maltratados física y psicológicamente", de manera que dieron el curso a finales de julio, a las 16,00 horas y en un lugar cerrado y con cristaleras, donde la temperatura "podía alcanzar perfectamente los 55 y hasta los 60 grados centígrados".

"Las condiciones eran inhumanas y extremas", ha relatado Teodoro Montes, quien ha indicado que él mismo, en su labor de supervisión, acudió a comprobar el desarrollo de este curso de formación y se encontró a los alumnos discapacitados "dormidos", por lo que cree que, "para evitar que se alteraran o se sublevaran" ante las condiciones en las que se estaba dando el curso, "los monitores-responsables les habían suministrado productos para tranquilizarlos".

Finalmente, y en vista de lo anterior, anuló el curso, según ha dicho durante su declaración, que se reanudará este miércoles a partir de las 11,30 horas con las preguntas nuevamente de la juez, tras lo que le tocará el turno al fiscal delegado Anticorrupción, al abogado que ejerce la acusación en nombre de la Junta y a los letrados de los exconsejeros de la Junta Antonio Fernández y Ángel Ojeda, los dos únicos imputados en la causa hasta el momento.

"MANO DE OBRA GRATUITA"

El testigo también ha asegurado ante la juez Mercedes Alaya, que acumula ya diez horas de interrogatorio, que "muchas entidades" que daban cursos de formación habrían empleado a los alumnos "como mano de obra gratuita o barata", punto en el que ha puesto como ejemplo un curso de limpieza en el que pusieron a los alumnos a limpiar los cristales de distintas entidades.

Teodoro Montes, que en su segunda jornada de declaración ha insistido en el "mal funcionamiento" y en el "descontrol" por parte de la Administración en el ámbito de los cursos de formación, también ha destacado la "absoluta inutilidad" de los cursos y que los mismos "no sirven para nada".

En su comparecencia, el testigo ha indicado asimismo que en la provincia de Sevilla se llegaban a dar en un año entre 3.000 y 3.500 cursos a personas desempleadas, por lo que a nivel andaluz se podrían dar entre 20.000 y 25.000 cursos en total.

QUEJA DEL TESTIGO

Las fuentes consultadas han señalado que, durante su comparecencia, el testigo ha formulado una queja a la juez por haber aparecido en los medios de comunicación "pasajes literales" de lo que dijo en su primer día de declaración el pasado jueves, lo que "pudiera obedecer a que los letrados" presentes "hubieran grabado" dicha declaración.

No obstante, la juez Alaya ha negado la existencia de grabaciones y ha defendido la labor de los abogados personados, quienes "tienen libertad para explicar en los medios de comunicación lo que está sucediendo" en el Juzgado, algo que "es normal" y que también ocurre en el resto de causas de interés.

Teodoro Montes comenzó su declaración ante la juez el pasado jueves, cuando ratificó la declaración prestada ante la Guardia Civil en agosto de 2013 y afirmó que el "deterioro" de su departamento fue progresivo, hasta que llegó un momento en que incluso se le "prohibió" que llevara a cabo inspecciones de los cursos.

El testigo señaló, como ya se dijo, que en abril de 2013 se "desmanteló" su departamento y la Administración lo dejó hasta principios de 2014 como único integrante y por tanto responsable del mismo para controlar "miles" de cursos de formación, añadiendo que lo dejaron "sin ordenador y sin acceso a los expedientes" de los cursos.

SÓLO EN SU DEPARTAMENTO

Teodoro Montes, al hilo de ello, explicó a la juez que antes del año 2010 había destinadas en su departamento en Sevilla más de 30 personas encargadas de supervisar los cursos de formación, y aún así "eran muy pocas" para el volumen de cursos que se controlaban, mientras que desde principios de 2014 ya no está solo en su departamento al haberse destinado al mismo más funcionarios.

En su declaración ante la Guardia Civil, los agentes le preguntaron "quienes son los responsables de las irregularidades descritas", a lo que contestó que "todos sus superiores jerárquicos, sin excepción". La juez Alaya le preguntó por quiénes eran sus superiores y Montes indicó que su superior "inmediato" era un jefe de servicio identificado como 'Fito', además del exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y su sucesora en el cargo y actual responsable, Aurora Cosano.