Un colegio de Granada aísla a un niño de seis años con asma episódico por no llevar mascarilla

Desesperación, tristeza e incongruencia. Así definen Ruth y Francisco José la situación que viven desde que el pasado 20 de octubre, cuando la dirección del CEIP Abencerrajes tuvo que tomar la medidas de aislar del resto de sus compañeros a su hijo Leo, de seis años, por orden de la Comisión Provincial para el seguimiento del Covid. ¿El motivo? La imposibilidad del pequeño de llevar mascarilla por sufrir un tipo de asma episódico frecuente con inflamación pulmonar por cambio de temperatura y otras condiciones. Una situación que les ha obligado a tomar la decisión de no llevarlo al colegio para evitar que un ataque pudiera terminar en tragedia. Los padres ya han puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores por si pudieran ser constitutivos de un delito de maltrato psíquico por parte de la 'Comisión Provincial para el seguimiento de las Medidas de Prevención, Protección, Vigilancia y Promoción de la Salud frente al Covid en los centros educativos docentes, no universitarios' [de ahora en adelante, la Comisión]. Se trata de un organismo mixto en el que están representadas las consejerías de Educación y Salud de la Junta de Andalucía.

Los hechos se remontan al pasado 13 de septiembre. Fue entonces cuando el centro comunicó a Ruth y Francisco José que la Inspección de Educación había solicitado, además de los pertinentes informes anuales, otro dosier médico más que certificara la imposibilidad de Leo de llevar la mascarilla. El motivo por el que el menor está exento de dicho elemento de protección se debe a que la patología que sufre requiere de una vigilancia permanente por parte de un adulto, pues a su edad un ataque de asma solo se manifiesta por el hecho de que el pequeño que lo sufre mantiene la boca abierta durante el mismo. Algo imposible de detectar con la mascarilla. A todo lo anterior cabe añadir que Leo padece multitud de alergias. Entre otras, a epitelios, olivo, gramíneas, ciprés, hierba o a algunos frutos secos y animales. Por todo lo anterior, y por la posibilidad de que se le desencadene una crisis motivada por la falta de circulación del aire con la mascarilla, tiene terminantemente prohibido por prescripción médica su uso.

Hasta el curso pasado, cuando estaba escolarizado en Educación Infantil, no había tenido problema, tal y como establece el protocolo Covid del centro, que únicamente contempla el uso de la mascarilla como obligatorio a partir de Primaria. Tampoco con el comienzo del actual 2021/2022. Pero el 13 de septiembre todo cambió. Así, tras el nuevo requerimiento antes referido, sus padres agregaron un justificante de Salud Pública al informe de su pediatra privado. En el escrito que han dirigido a la Fiscalía de Menores consta que "cuando entregamos el certificado en el centro el mismo día a las 14:00 horas, el director nos comunica que la Comisión ha decidido, a pesar de la exención justificada, que tiene que ir al día siguiente con una 'pantalla', que deberá comer el almuerzo del recreo separado de sus compañeros, aunque ellos también se quitan la mascarilla para comer, y que su sitio en clase tendrá que estar situado debajo de una ventana". Algo a lo que los padres no pusieron impedimento hasta que la pediatra les advirtió del riesgo que conllevaba.

El problema de las pantallas

Y es que las referidas pantallas –similares a los de los EPI que usan los sanitarios– pueden quemarle la cara ante una exposición al sol, le dificultan la visión y no solo podría ocasionarle heridas en caso de caerse, sino que ya ha provocado "que se choque contra elementos físicos de los espacios comunes del centro" dada la edad e inexperiencia del chico, tal y como confirma su madre en conversación con GranadaDigital. Y por si lo anterior fuera poco, hay que agregar el estigma que acompaña a un niño tan pequeño en este tipo de situaciones, donde se ve diferente al resto de sus compañeros. Por eso, el 28 de septiembre, Ruth y Francisco José decidieron dar traslado por escrito de esta situación a la Inspección de Educación, organismo encargado de hacer llegar las resoluciones de la Comisión a la dirección del CEIP Abencerrajes, y ésta, a su vez, a la familia. En todos los casos, siempre "de manera verbal", remarca Ruth.

La réplica fue admitida con algunos matices: se controlaría la distancia de Leo respecto a sus compañeros, se le apartaría de los mismos a la hora de comer y se sentaría bajo una ventana. Tal y como detalla el escrito presentado ante la Fiscalía de Menores, "nuestro hijo ha estado acudiendo sin ningún problema a sus clases, hasta que sorpresivamente el día 20 del presente mes [octubre] y, nuevamente, verbalmente se nos comunica por el director del centro escolar, que a su vez verbalmente se lo ha comunicado el Inspector de Educación, según un acuerdo de aquella Comisión, de que el pequeño iba a ser expulsado, aislado y segregado durante las cinco horas lectivas a una habitación (pues todos sabemos que no hay aulas libres en el centro escolar) y con una persona (que se sabe no hay disponible, pues Delegación de Educación no han mandado efectivos para cubrir esta medida y ni menos con las herramientas suficiente para impartir clases a un menor de esa edad y sin ayuda psicológica para que el pequeño pueda entender semejante medida y llevarla a cabo con ayuda profesional)". Algo que los padres consideran "degradante" amén de mermar la necesaria vigilancia de Leo por ser hiperalérgico. Una circunstancia por la que sus padres facilitaron ya en su momento adrenalina al colegio y que la propia médica del centro aprobó.

"Al principio nos quedamos en shock, no nos lo creíamos. Teníamos la sensación de vivir en una pesadilla. Es desproporcionado, incongruente y una barbaridad. Nos ha costado salir del agujero y poder activarnos", explica la madre del menor, quien junto a su marido decidió no volver a llevar al pequeño al colegio porque "en caso de que le pase algo a nuestro hijo somos los responsables penales". Esto es así porque existen hasta dos documentos sellados por los servicios públicos de salud en las ramas de Alergología, Pediatría –y un tercero psicológico– que refrendan los perjuicios y potenciales peligros que para éste podrían entrañar la obligación de adoptarse algunas de las medidas impuestas por la Comisión Provincial de Medidas frente al Covid. A ellos cabe añadir el que en su momento redactó su pediatra privado.

"Mi hijo no está recibiendo su derecho a una educación digna. No es una situación digna. El informe psicológico lo explica muy bien. Está aislado y deprimido en casa", denuncia Ruth, quien considera que "lo que están haciendo es ilegal". "No se puede ordenar esto a ninguna familia y menos sin estar por escrito. Con Leo se están vulnerando varios derechos fundamentales como el derecho a una educación, a la igualdad, a la no discriminación y a la protección de su salud psicológica", apostilla. Sus progenitores dejan claro que en ningún caso están en contra del uso de la mascarilla como sí ha sucedido en otros casos recientes: "Nosotros tenemos otra hija escolarizada que sí que va con mascarilla a clase. Tiene 12 años. El año y medio que lleva dando clase desde que se reanudó el curso escolar estuvo con mascarilla y nos parece bien".

Apoyo del resto de padres

Ruth explica que en esta situación solo hay dos familias más, aparte de la suya, en toda la provincia de Granada. "Los demás han desistido porque no tienen medios. Yo, por ejemplo, no trabajo, lo que me permite cuidar de mi hijo en casa, pero no todos los padres tienen esta posibilidad", lamenta. Son precisamente esos dos casos los que, en su opinión, están generando la falta de flexibilidad que denuncia por parte de la Comisión Provincial. A su juicio, este organismo se sintió "un poco presionado" tras saltar los casos de marras a la prensa, "pero sobre todo porque no contaban con el apoyo que nosotros sí tenemos del resto de padres en las aulas de sus respectivos colegios". Y es que el 25 de octubre, los otros 24 tutores legales de la clase de Leo dieron por escrito su consentimiento a que sus hijos pudieran convivir con normalidad junto a aquel en el aula "sin que sufra separación o aislamiento por no usar mascarilla". "Entendemos que, si en plena crisis sanitaria durante el curso 2020/2021, se le autorizó a no usarla, en este momento del nuevo curso, y con la situación de baja incidencia que vivimos en Granada, no supone ninguna amenaza para sus compañeros y que, por lo tanto, declaramos que no existe ningún conflicto de intereses entre los derechos de este alumno y los del resto".

"Estamos deprimidos. Nuestro hijo y nosotros mismos. El niño dice que quiere ir al cole y que se siente triste. Todos los días pregunta cuando se levanta si vamos a llevarlo al colegio. Estamos desesperados. No sé ni cómo explicarlo. No nos lo creemos y estamos bloqueados, aunque nos sentimos afortunados porque nos están apoyando las otras 24 familias", resumen los padres, quienes exigen una sola comunicación por escrito de cuantas denegaciones de escolarización, en las condiciones que exigen por la situación del pequeño, han recibido hasta el momento solo de forma verbal. "No existe ninguna resolución ni norma en la que se establezca ninguna medida que tiene que segregar a un alumno. Han dicho que mi hijo tiene que estar en un aula aparte, pero no hay aulas en el centro y no mandan una persona específica. El centro no sabe a quién poner", sentencian. "La Comisión aplica una medida que no es realista y tampoco le han explicado al crío nada", afean. Una vez reciban un primer documento oficial por escrito podrán sumar un argumento para dar el siguiente paso: "Vamos a interponer un Contencioso Especial Sumario Preferente de Tutela de Derechos Fundamentales". Se trata, afirman, de la vía más rápida para desencallar esta situación.

GranadaDigital se ha puesto en contacto tanto con la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía como con la propia dirección del CEIP Abencerrajes. En ambos casos, las partes han emplazado a este diario a ofrecer su versión en unos días.