Comienza el juicio del crimen de la bebé hallada en un vertedero de Alhendín con selección de jurado
Este lunes se elegirá en la Audiencia de Granada a puerta cerrada y el martes empezará el interrogatorio a los dos acusados, la madre y el abuelo materno de la recién nacida
Europa Press
El juicio contra la madre y el abuelo materno de la recién nacida hallada muerta el 16 de enero de 2018 en el vertedero de Alhendín (Granada) dentro de una bolsa de basura, después de que supuestamente la golpearan hasta acabar con su vida y la arrojaran a un contenedor, comienza este lunes con la constitución del jurado popular que enjuiciará el caso.
La selección del jurado se realizará en la Audiencia de Granada a puerta cerrada y no será hasta el martes cuando se produzca el interrogatorio a los dos acusados, para los que la Fiscalía pide prisión permanente revisable por un delito de asesinato con alevosía con la agravante de parentesco. De producirse, sería la primera condena de estas características en la provincia de Granada.
La sesión del martes con el interrogatorio de los acusados se trasladará a la Sala Antonio Angulo del edificio judicial de La Caleta, que es mucho más grande que la sala de vistas de la Sección Primera de la Audiencia de Granada donde debería de celebrarse el juicio. Con ello se facilitará la aplicación de las medidas de distanciamiento social y prevención necesarias frente al coronavirus.
El resto de declaraciones y periciales, así como los informes finales, se realizarán en La Caleta, mientras que la entrega del objeto de veredicto y el comienzo de las deliberaciones del jurado popular serán en la Audiencia de Granada. El juicio está señalado hasta el 10 de julio.
EL CASO
El fiscal sostiene en su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, que la madre, Fátima A.O.de 25 años, y el abuelo materno, Miguel A. F., decidieron desde un principio, "en ejecución de un plan preconcebido", deshacerse del bebé que venía en camino e intentaron "ocultar por todos los medios el embarazo", no acudiendo a control médico alguno.
La bebé, fruto de una relación "tormentosa" con un joven con el que la madre tiene otra hija, nació entre el 14 y el 16 de enero de 2018 en una vivienda situada en Talará, en la localidad de Lecrín (Granada), donde residían los dos acusados junto a la abuela materna, de unos 83 años, y la otra hija de la acusada, de 18 meses en aquel momento.
Una vez que se produjo el alumbramiento, cortaron el cordón umbilical con un objeto afilado y golpearon a la bebé "fuertemente con ánimo de acabar con su vida hasta ocasionarle la fractura del hueso occipital, así como una hemorragia en tiroides y riñones, lo que inevitablemente, y en situación de total indefensión, produjo su muerte".
A continuación, según el relato del fiscal, se deshicieron del cuerpo introduciéndolo en una bolsa de basura anudada y arrojada a un contenedor. Fue localizada el 16 de enero en la citada planta de reciclaje por un operario dentro de una bolsa de basura.
Posteriormente limpiaron los vestigios que había en la habitación donde se produjo el parto y trasladaron al cuarto del abuelo materno la cama de matrimonio donde había nacido la pequeña.
Para "evitar sospechas del crimen atroz", la acusada envió esa misma mañana por Facebook un mensaje a su pareja y padre biológico de la bebé diciéndole que el día anterior se había caído en la ducha y en consecuencia la había perdido. Posteriormente, llegó a darle hasta tres versiones distintas de lo ocurrido, por lo que el padre de la pequeña llegó al convencimiento de que la había asesinado.
Según la autopsia, la niña nació viva y sana; causa fundamental de la muerte fue un traumatismo cráneo-encefálico y la causa inmediata un shock postraumático.
El bebé presentaba diversas lesiones y fracturas, unas ocasionadas en vida que le produjeron su muerte y otras después de fallecer, como consecuencia del paso por distintos lugares hasta que fue encontrada en el vertedero.
La Audiencia Provincial decretó hace ahora un año la puesta en libertad provisional del abuelo materno tras solicitarlo su defensa, alegando que su cliente no ha participado ni directa ni indirectamente en los hechos y que no existe "ninguna prueba" que le vincule con su muerte, al margen de la declaración de su hija.
