Comienza la reunión del Consejo de Ministros para activar el artículo 155
El Gobierno justifica el 155 para restaurar la legalidad, mantener el bienestar social y asegurar las libertades
La reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para aprobar las medidas que contendrá la activación del artículo 155 para "restaurar la legalidad" en Cataluña ha comenzado este sábado a las 10.00 horas.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ofrecerá una rueda de prensa para explicar las medidas pactadas con PSOE y Cs, que elevará al Senado durante la semana próxima, en un pleno que está previsto que se celebre el viernes.
La activación del mecanismo constitucional tiene lugar tras el envío de un doble requerimiento al presidente de la Generalitat de Catalunya en el que se le pedía que aclarase si se había declarado o no la independencia en la comunidad autónoma. Tras recibir sendas respuestas por parte del presidente catalán, Carles Puigdemont, que el Ejecutivo consideró que no se ajustaban a la pregunta planteada, el Gobierno anunció la puesta en marcha del artículo 155 desde este sábado.
El Gobierno justifica el 155 para restaurar la legalidad
El Gobierno ha preparado un documento de once fólios, a los que ha tenido acceso Europa Press, en los que justifica la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña por la necesidad de restaurar la legalidad, asegurar la neutralidad institucional, mantener el bienestar social y el crecimiento económico y asegurar los derechos y las libertades de todos los catalanes.
Esos son los cuatro "grandes objetivos" que amparan, según el Ejecutivo, la aplicación de este procedimiento que se plantea "de forma garantista", persiguiendo en todo caso "asegurar derechos y no restringir libertades".
En este documento, el Gobierno también acude a la doctrina del Tribunal Constitucional, que en una sentencia del año 2014 dice que el artículo 155 "opera como medida de último recurso del Estado ante una situación de incumplimiento, manifiesto y contumaz, deliberado o negligente de una determinada comunidad autónoma, que no ha adoptado, primero por propia iniciativa y luego a instancias del Estado, las medidas oportunas para corregir la desviación en la que ha incurrido".
En otra sentencia de 1981, que cita este texto, el alto tribunal califica el artículo 155 como uno de los preceptos constitucionales "consecuencia del principio de unidad y de supremacía del interés de la nación".
En otra parte del documento del Ejecutivo se explica "que las pretensiones secesionistas están motivando ya un serio deterioro del bienestar social y económico en Cataluña", habiéndose provocado "una progresiva fractura y se han puesto en riesgo las condiciones para el crecimiento económico".
En este sentido, cita el traslado de domicilios sociales de importantes empresas catalanas, el daño a la actividad turística y, en el ámbito industrial, una disminución en el número de pedidos de automóviles, mientras que en el comercio interior se observa una bajada de las ventas en grandes superficies.
